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Andalucía denuncia que el Gobierno central está asfixiando la Ley de Dependencia

Sánchez Rubio informa en el Parlamento que el Consejo Territorial de Servicios Sociales ya reconoce oficialmente que el Ejecutivo central no cubre ni el 20% de la financiación de la dependencia, 08/11/2017

La consejera de Igualdad y Políticas Sociales, María José Sánchez Rubio, ha comparecido hoy en Comisión parlamentaria para informar sobre el desarrollo de la Ley de Dependencia en Andalucía, donde ha denunciado que el Gobierno central está asfixiando la Dependencia, con sus “innumerables recortes en el sistema de financiación”.

Según ha señalado Sánchez Rubio, el Informe de la Comisión para el Análisis de la situación del Sistema de la Dependencia, de su sostenibilidad y de los actuales mecanismos de financiación, presentado recientemente en el Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, pone de manifiesto que las Comunidades Autónomas están soportando ya más del 80% de la financiación, aún cuando la Ley de Dependencia establecía que la aportación de ambas administraciones, Estado y Comunidades Autónomas, sería del 50% cada una.

En el informe se cuantifica el impacto económico que han producido los recortes del Gobierno central en el sistema, desde 2012 hasta 31 de diciembre de 2016, a partir de la supresión del nivel acordado (283 millones de euros menos cada año) y la reducción de la cuantía de financiación del nivel mínimo (un 13% menos cada año) produciendo un quebranto económico a las Comunidades Autónomas.

“Una financiación equitativa acorde con la Ley hubiese obligado a la Administración General del Estado a aportar en presupuestos 1.700 millones de euros más cada año. Andalucía ha dejado de percibir más de 625 millones de euros, con esto podríamos haber atendido a 105.000 personas más en situación de dependencia”, ha informado.

Modificación del sistema de financiación

Sánchez Rubio ha explicado que la financiación tiene un carácter finalista y por tanto está condicionada al mantenimiento del sistema. “En el informe se reconoce, por primera vez, que la única vía de financiación afectada al sistema de atención a la dependencia en la actualidad por parte del Estado (tras la supresión del nivel acordado) es el nivel mínimo de protección que corresponde al Estado y que representa no más del 20% del coste”, ha destacado.

En este sentido, la consejera de Igualdad y Políticas Sociales ha reclamado una vez más que “es necesario, en el corto plazo, modificar el sistema de financiación, en el que se mantenga el carácter finalista, que tenga en cuenta el coste de los servicios y las prestaciones para su financiación y que priorice los servicios sobre las prestaciones económicas, respetando siempre la voluntad de las personas y que sea garantista de un esfuerzo equitativo entre Estado y Comunidades Autónomas”, ha exigido la consejera.

Andalucía, líder en atención a la dependencia

A fecha de 30 de septiembre, Andalucía cuenta con 189.700 personas en situación de dependencia (el 20,5% del total nacional), que se benefician de 243.600 prestaciones (el 21% del total). Por ejemplo, el Servicio de Teleasistencia en Andalucía lo están recibiendo unas 209.000, de las que mas de 77.200 son personas en situación de dependencia, lo que representa el 43% del total nacional, mientras que el Servicio de Ayuda a Domicilio de la atención a la dependencia lo reciben 53.600 personas, un tercio del total nacional.

Sánchez Rubio ha destacado que “desde la Junta de Andalucía, a pesar de los recortes del Gobierno de España, hemos reactivado la atención a la dependencia. Desde 2015 y hasta el 30 de septiembre, Andalucía ha incorporado más de 92.400 personas beneficiarias con cerca de 127.000 prestaciones nuevas.

La responsable de las políticas sociales en Andalucía ha explicado que “debido a este mayor desarrollo de la Ley de Dependencia, es también la Comunidad Autónoma que más está sufriendo los recortes que el Gobierno central impuso desde el año 2012 a la atención a las personas en situación de Dependencia”. A pesar de estos recortes, durante este año 2017 se han dado de alta a más de 24.000 nuevas personas en situación de dependencia en Andalucía.

Por otra parte, la Junta de Andalucía ha contratado un equipo de refuerzo para la gestión del procedimiento de reconocimiento de la situación de dependencia y del derecho a las prestaciones. Se trata de un equipo formado por 74 personas entre las que se encuentran 44 trabajadoras y trabajadores sociales y 30 personas que realizarán funciones administrativas, con el fin de reforzar al equipo que ya trabaja de manera directa en cada una de las provincias para la gestión de la dependencia.

Este personal contratado, que se encuentra repartido por toda Andalucía, tiene encomendadas funciones destinadas a reforzar y agilizar la gestión del procedimiento de la dependencia. Esta contratación de personal está en consonancia con las medidas puestas en marcha en Andalucía con el único propósito de agilizar la entrada al sistema de las personas que se encuentran en situación de dependencia. Los sucesivos recortes del Gobierno Central han ralentizado la entrada de personas al sistema y este tipo de medidas es una forma de dar respuesta desde Andalucía y reconocer el derecho subjetivo que tienen estas personas. El objetivo de la Junta de Andalucía es acortar los tiempos en la tramitación del procedimiento de la dependencia, de forma que los plazos se reduzcan al máximo.

Desde la puesta en marcha de la Ley de Dependencia se han generado más de 45.500 empleos en Andalucía. Se trata de puestos de trabajo estables y no deslocalizables, en un sector ocupado principalmente por mujeres. “Hay que destacar que de estas nuevas contrataciones, el 89% son mujeres, una muestra más de las políticas de apoyo al empleo femenino que ha sido especialmente castigado desde el inicio de la crisis”, ha recordado Sánchez Rubio.

La consejera ha subrayado que “para proteger el sistema de la dependencia es imprescindible mantener el sector, que además tiene un impacto positivo en la economía andaluza, con una mayor generación de empleo y mayor retorno social y económico de la inversión productiva realizada”. Además, la Junta de Andalucía garantiza una gestión pública y directa tanto en las valoraciones como en el seguimiento e inspección de los servicios y las prestaciones.


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