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Más de medio millón de personas y casi 43.000 familias se han beneficiado de las políticas de inclusión entre 2013 y 2015

Sánchez Rubio informa en comisión parlamentaria el I Plan andaluz de Promoción de la Autonomía Personal y Prevención de la dependencia 01/06/2016

Más de 553.000 personas y casi 43.000 familias se han beneficiado de las políticas de inclusión ejecutadas por la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales desde 2013, fecha de la puesta en marcha de "un ambicioso Plan de lucha contra la exclusión social como actuación de emergencia para atender las necesidades vitales de las familias en situación o en riego de exclusión social", ha informado en comisión parlamentaria la máxima responsable de estas políticas en Andalucía, María José Sánchez Rubio.

En su comparecencia, ha subrayado "el considerable esfuerzo" del Ejecutivo autonómico para evitar la exclusión social, lo que le ha llevado a redoblar las actuaciones y programas específicos a raíz de la crisis financiera internacional. Esta situación ha provocado y sigue provocando graves problemas a muchas familias andaluzas, ha señalado.

Sánchez Rubio ha repasado las principales actuaciones realizadas en esta materia y ha recordado que desde 2013 su departamento ha destinado al Ingreso Mínimo de Solidaridad y a medidas extraordinarias y urgentes para la inclusión social en Andalucía casi 621 millones de euros, que han permitido una media de atención anual de 355.885 personas.

Centrándose en el desglose de las medidas, en primer lugar se ha referido al Ingreso Mínimo de Solidaridad, que ha pasado de casi 39 millones de euros en 2009 a cerca de 91 millones de euros en 2016. También el número de solicitantes se ha incrementado a raíz de la crisis aunque se ha apreciado un descenso desde 2015, año en el que se han presentado un 30,05% menos de solicitudes que en 2014. Esta línea descendente parece consolidarse, toda vez que en los primeros cuatro meses de 2015 se presentaron 21.523 solicitudes y en el mismo periodo de este año 15.467, según ha informado.

Respecto a los programas, sobresale el de Inclusión social que en 2003 tenía una dotación de casi 26,7 millones de euros que han ido incrementándose hasta los más de 163,5 millones de este año. A través de este programa se financian la Red de Solidaridad y Garantía Alimentaria, los programas extraordinarios para suministros mínimos vitales y prestaciones de urgencia social y de ayuda a la contratación, y el Programa de solidaridad para la erradicación de la marginación y la desigualdad. En paralelo a estas medidas, se han ido fortaleciendo otros programas como el de comedores escolares bonificados en los centros docentes públicos, el servicio de comedor a través de los centros de participación activa para personas mayores y las ayudas económicas familiares, principalmente.

Sánchez Rubio ha subrayado la "amplísima aceptación" del citado Plan de Acción Social al que se han adherido casi todos los municipios (99,6%), que reciben ayudas de la Junta para contratar a personas desempleadas de larga duración y con importantes cargas familiares. En 2015, 770 municipios se han acogido a esta medida dotada con 40 millones de euros, que ha permitido la realización de más de 26.000 contratos (10.538 a hombres y 15.913 a mujeres), con una duración determinada entre 15 días y 3 meses. En total, en el periodo 2013-2015 se han realizado 82.683 contratos de los que se han beneficiado más de 231.000 personas.

Solidaridad y Garantía Alimentaria

Por su parte, del Plan Extraordinario de Solidaridad y Garantía Alimentaria se han beneficiado durante 2015 un total de 30.000 menores en situación de riesgo, a través del refuerzo del programa de comedores escolares en centros docentes públicos y de las escuelas de verano. En total desde que se inició el programa en 2013 más de 80.510 menores se han beneficiado del refuerzo de los comedores escolares fuera del curso lectivo. Actualmente hay 473 entidades adheridas a la Red de Solidaridad y Garantía Alimentaria, entre corporaciones locales y entidades privadas sin ánimo de lucro. Por provincias, su distribución es Almería (53), Cádiz (56), Córdoba (55), Granada (71), Huelva y Jaén (42 cada una), Málaga (66) y Sevilla (79), además de otras ocho entidades privadas adheridas a la red que tienen carácter supraprovincial.

Asimismo, al programa de suministros mínimos vitales se han acogido 731 municipios andaluces para atenciones de urgencia. De este modo, con una dotación de casi 6,6 millones en 2015, los ayuntamientos han concedido 29.000 ayudas (casi 58.000 entre 2014-2015) que han beneficiado a casi 81.000 personas que requerían una actuación inmediata (más de 161.000 personas entre 2014-2015). A través de este programa se atienden necesidades como los suministros mínimos vitales (agua y luz) y otras relacionadas con la vivienda.

También, en el periodo 2013-2015, se han destinado algo más 17,5 millones de euros a ayudas que han permitido atender a 42.906 familias y 80.460 menores. Para este año el presupuesto supera los 9,7 millones de euros.

Por último, Sánchez Rubio ha recalcado la apuesta por las personas que están en una "situación difícil y complicada" a las que los poderes públicos "estamos obligados a dar una respuesta inmediata" para impedir su exclusión social. Unas intervenciones que se mantienen con la prórroga de estas medidas y que van a "recibir un fuerte empujón" con la futura Ley de Servicios Sociales de Andalucía, ha asegurado.

Dependencia

Por otra parte, la consejera ha informado también sobre el I Plan andaluz de Promoción de la Autonomía Personal y Prevención de la Dependencia que, con una inversión de 1.765 millones en el periodo 2016-2020, reforzará las medidas orientadas a disminuir el impacto de esta situación y evitará su agravamiento en las personas ya afectadas. El plan se dirige a la población en general aunque con especial atención a personas mayores y con discapacidad, cuidadoras, dependientes y colectivos con factores de riesgo como sedentarismo, tabaquismo, alcoholismo, drogas, juego o trastornos alimenticios.

Para su elaboración el plan ha contado con las aportaciones de más de 130 profesionales y personas expertas de más de 40 organizaciones. En líneas generales, el plan reforzará los servicios de prevención y promoción de la autonomía que actualmente desarrolla la Junta, especialmente en lo relativo al diseño de los itinerarios personalizados de intervención y a la asignación de profesionales para evitar el agravamiento de situaciones de dependencia moderadas, ha informado. Se pretende así que las personas incluidas en esta categoría (actualmente 99.572), desarrollen y mantengan sus capacidades mediante intervenciones de terapia ocupacional, de atención temprana, estimulación cognitiva, rehabilitación y otros apoyos.

Andalucía es actualmente la comunidad que atiende a más personas en situación de dependencia, con 178.900 beneficiarias (23,4% del total nacional) que cuentan con 232.400 prestaciones (24% del total) a 31 de marzo. El Gobierno de España financia el 22% del sistema en la comunidad, por debajo del 50% que establece la propia legislación estatal. Ello ha provocado una pérdida de financiación de más de 500 millones de euros entre 2012 y 2016. Desde la entrada en vigor de la ley en 2007 la Junta ha invertido más de 8.000 millones en estas políticas.

En la comisión parlamentaria, Sánchez Rubio ha informado también sobre el servicio de ayuda a domicilio, vinculado a la Ley de Dependencia, y ha destacado que el Gobierno andaluz es el único autonómico que financia el cien por cien tanto del servicio como del refuerzo de profesionales en las corporaciones locales para el desarrollo de la Ley. La gestión compete a las entidades locales pero la financiación corre a cargo de la Junta", ha matizado.

Sólo durante el año 2015 se han abonado a las entidades locales en torno a 250 millones de euros, destacando la consejera que "en nuestro objetivo de cumplir con los plazos comprometidos de pagos, estamos trabajando en un nuevo calendario de pagos ligados a la modificación de la Orden de Ayuda a Domicilio. En Andalucía reciben este Servicio 49.082 personas, el 32,5 % del total nacional, y permite ofrecer más de 25 millones de horas de servicio de Ayuda a Domicilio. Por tanto, uno de cada tres personas que recibe este servicio es andaluza y genera en Andalucía cerca de 18.000 empleos directos.

Violencia de género

Por último, la consejera ha informado sobre el Punto de Coordinación de la Junta de Andalucía, único canal telemático de notificación de las resoluciones judiciales a los centros responsables de la protección de las víctimas, que ha registrado desde su puesta en marcha en 2009 y hasta 2015 un total de 36.495 procedimientos judiciales, de los que 16.504 eran órdenes de protección (un 45,2%), mientras que en el 54,8% restante se adoptaron medidas cautelares de alejamiento. Sánchez Rubio ha destacado que el punto de coordinación ha permitido atender en los centros del Instituto Andaluz de la Mujer (IAM) y en los Servicios de Asistencia a Víctimas a un total de 10.510 víctimas del maltrato machista.

Según ha explicado la consejera, el Punto de Coordinación es un sistema imprescindible "de protección y acompañamiento a la víctima" ya que permite la máxima coordinación institucional ante las órdenes de protección. En este sentido, ha reiterado la "importancia" de una constante coordinación entre las administraciones para hacer frente a la violencia de género y al machismo que la sustenta. Por ello, ha instado al Gobierno central a impulsar la propuesta andaluza de Pacto de Estado para la Erradicación de la Violencia de Género.


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