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Sánchez Rubio destaca que todos los centros residenciales de personas mayores han sido inspeccionados para mejorar la calidad de sus servicios

La consejera de Igualdad y Políticas Sociales informa en el Parlamento de las actuaciones realizadas en estas instalaciones, 03/03/2016

La consejera de Igualdad y Políticas Sociales, María José Sánchez Rubio, ha informado en el Pleno del Parlamento de que todos los centros residenciales de personas mayores, ya sean de carácter privado, concertado o de titularidad pública de Andalucía, han sido objeto de actuaciones inspectoras por parte de la Junta durante el año 2015.

Sánchez Rubio ha destacado que "el número de actuaciones inspectoras llevadas a cabo en centros residenciales de personas mayores durante el período de vigencia del Plan General de Inspección ha sido de 863 en 2014 y 857 en 2015, es decir, un total de 1.720".

La consejera ha destacado que dicho Plan "vela por los derechos, la seguridad y el bienestar de las personas usuarias, la adecuación de los centros y servicios a la normativa vigente y por la mejora continua del nivel de calidad de la prestación de los servicios sociales en Andalucía. Estos objetivos dan sentido a las distintas líneas básicas de actuación y a los programas específicos, vinculándose la función inspectora a los derechos de las personas usuarias y a la calidad de los servicios".

La responsable de las políticas sociales en Andalucía ha señalado que, entre 2014 y 2015, se han realizado únicamente 49 propuestas de incoación de expedientes sancionadores (2,5%), principalmente por incumplimientos de las condiciones materiales y funcionales de los centros, por incumplir la ratio de personal o la cualificación profesional del personal que presta sus servicios y la no existencia o inobservancia de medidas de vigilancia y control que garanticen la seguridad de las personas.

Para Sánchez Rubio, "la inspección cumple una labor fundamental, si tenemos en cuenta la vulnerabilidad de las personas atendidas, que pueden encontrar serias dificultades físicas, culturales y sociales para defender sus derechos y denunciar los casos de abusos y lesión sobre su persona o sobre sus bienes".

Por todo ello, y conscientes de la importancia de la función inspectora como garante del cumplimiento de la legislación de servicios sociales, la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales publicó la Orden de 21 de diciembre de 2015, por la que se aprueba el Plan General de Inspección de Servicios Sociales para el periodo 2016-2019.


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