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Susana Díaz reafirma en Salteras su compromiso con el único centro para personas con sordoceguera de España

Este equipamiento, compuesto por una residencia y una unidad de estancia diurna, dispone de 28 plazas financiadas por la Consejería de Igualdad, 23/11/15

Un momento de la visita de Susana Díaz al centro para personas con sordoceguera.

La presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, ha visitado en Salteras (Sevilla) el centro para personas con sordoceguera 'Santa Ángela de la Cruz', único recurso de estas características que existe en España y que se ha convertido ya en un referente "más allá de nuestras fronteras".

La presidenta ha reafirmado durante su visita el "compromiso firme y claro" del Gobierno andaluz con este equipamiento, que responde a las necesidades de un colectivo con un nivel de dependencia "grave", ya que los sordociegos tienen un "nivel de dificultad sensorial tan elevado que precisa una ratio de profesionales superior a la media".

Susana Díaz ha puesto este recurso como ejemplo de que "la atención a la dependencia da dignidad a las personas" y, por ello, "no se puede escatimar", aunque haya de mantenerse "a pulmón" como ha hecho Andalucía en los últimos años.

La Consejería de Igualdad y Políticas Sociales financia 28 plazas en este centro de Salteras, que está compuesto por una residencia y una unidad de estancia diurna.

La entidad titular del centro es la Asociación Española de Familias de Personas con sordoceguera, Apascide, una asociación de ámbito estatal, sin ánimo de lucro y constituida en 1991, que desde el año 2002 viene desarrollando en Andalucía el Programa de apoyo a familias cuidadoras con hijos e hijas con sordoceguera.

El edificio cuenta con gimnasio, talleres, piscina cubierta, huerto ecológico, sala de estimulación sensorial, biblioteca de árboles al aire libre. Los talleres que desarrollan se centran en cerámica y barro, mimbre, informática y lectoescritura, así como un aula de habilidades de la vida diaria.

La sordoceguera es una discapacidad que resulta de la combinación de dos deficiencias sensoriales (visual y auditiva), que genera en las personas que la padecen problemas de comunicación únicos y necesidades especiales, derivadas de la dificultad para percibir de manera global y desenvolverse en su entorno. Es una discapacidad que requiere de unos servicios especializados, personal específicamente formado para su atención y métodos especiales para la comunicación y para la realización de las actividades de la vida diaria.

La situación de las personas sordociegas, cerca de 700 en toda Andalucía con un grado de discapacidad superior al 75%, es tan específica que ha requerido que el Parlamento Europeo haya aprobado una Resolución reconociendo la sordoceguera como discapacidad con entidad propia, y que requiere unos recursos específicos.

Por ello, ha instado a los estados miembros a que aprueben este reconocimiento y adopten las medidas necesarias para su atención adecuada. Este reconocimiento ha sido fruto de un trabajo constante de la organización europea de sordoceguera EDbN, y dentro de ella la Asociación Apascide ha sido una de las principales impulsoras.

Pacto de Estado por la Dependencia

La atención a las personas en situación de dependencia forma parte central de la hoja de ruta del Gobierno andaluz. De ahí que, en el último Consejo de Gobierno, se haya acordado proponer al Gobierno de España un Pacto de Estado en defensa del Sistema de Autonomía y Atención a la Dependencia. La propuesta de adhesión, que recoge ocho ejes para promover y desarrollar medidas de consenso en esta materia, también se dirige a las diferentes fuerzas políticas, colectivos y agentes sociales, organizaciones sindicales y empresariales, colegios profesionales y otras entidades representativas de los intereses de las personas en situación de dependencia.

Mientras se materializa este Pacto de Estado y se ponen en marcha sus contenidos, la Junta plantea al Gobierno adoptar medidas urgentes para evitar el deterioro del sistema. Entre ellas, que la Administración central vuelva a financiar el 50% del coste total del sistema, tal y como marca la ley estatal en vigor, frente a la actual aportación, que se ha reducido al 22%. Asimismo, se propone reponer la inclusión en la Seguridad Social de las personas cuidadoras familiares y no profesionales (en un 94% mujeres), suprimida por un real decreto de 2012.

Según los datos publicados por el Imserso, correspondientes a 31 de octubre, Andalucía atiende a 179.413 personas en situación de dependencia, que se benefician de 234.049 prestaciones. Respecto al mes anterior, el incremento es del 10%, frente al 2% del resto de las comunidades.

Andalucía ha sostenido el sistema prácticamente en solitario, pese a que los recortes del Gobierno de España han provocado una pérdida de financiación de 508 millones de euros a lo largo de la legislatura. Según las propias certificaciones emitidas por el Imserso, el Ejecutivo andaluz viene aportando el 78% de los recursos frente al 22% del Estado, cuando la ley plantea un reparto al 50%. El presupuesto de la Junta para dependencia supera este año los 1.131 millones de euros, cantidad similar a la que anualmente destina el Estado para todo el país (1.200 millones).

Esta partida aumentará en un 2,5% en los presupuestos de 2016, cumpliendo así el compromiso de la presidenta de la Junta de alcanzar un incremento del 10% a lo largo de la presente legislatura. El importe total en materia de dependencia alcanzará cerca de 1.160 millones de euros.


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