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Sánchez Rubio asegura que la nueva Ley de Servicios Sociales situará a Andalucía a la cabeza en el reconocimiento de derechos

La norma continúa su trámite parlamentario una vez superado el debate de totalidad tras recibir más de 2.000 aportaciones de profesionales, colectivos y agentes, 27/04/2016

Sánchez Rubio, durante el pleno

La consejera de Igualdad y Políticas Sociales, María José Sánchez Rubio, ha subrayado una vez más el compromiso con las personas y "muy especialmente con las que peor lo están pasando", un compromiso que se plasma en "buena medida" en el proyecto de Ley de Servicios Sociales, que ha iniciado su tramitación parlamentaria y que "situará a Andalucía a la cabeza de nuestro país en el reconocimiento de derechos sociales". Los servicios sociales, con casi 78.000 profesionales, atienden en Andalucía cada año a más dos millones de personas.

Antes de desgranar su contenido, la máxima responsable de las políticas sociales en Andalucía ha expresado su deseo de que "entre todos saquemos adelante esta ley necesaria que blinda y garantiza derechos subjetivos; es decir, asegura un sistema de servicios sociales público e indelegable para todos los ciudadanos". El proyecto de ley se estructura en 136 artículos agrupados en 6 títulos, 7 disposiciones adicionales, 3 transitorias, una derogatoria y 3 finales. En la fase de elaboración del anteproyecto, profesionales, colectivos y agentes sociales, han realizado un total de 2.119 aportaciones.

Según la consejera, la futura ley, que sustituye a la actual de 1988, supone un "considerable avance" cuantitativo y cualitativo. "Han sido 28 años que han supuesto una importante transformación en nuestra comunidad autónoma pero que, tras la aparición de nuevos riesgos y desigualdades, precisamos de una nueva norma que nos permita afrontarlos con las máximas garantías para todos los andaluces".

Por ello, una vez superado el debate de totalidad de la ley en el Parlamento de Andalucía, la consejera andaluza ha hecho un llamamiento a los grupos políticos del arco parlamentario para que entre todos "hagamos aportaciones que enriquezcan el texto, pero contribuyamos a que la ley sea una realidad, porque de este modo se consolida el principio de universalidad e igualdad en el acceso de todas las personas a los servicios sociales y garantizamos la relación de derechos más amplia de todas las leyes autonómicas".

En su intervención, Sánchez Rubio ha enmarcado la ley en un contexto de "una larga crisis que ha llevado a muchas familias a una situación que jamás podrían haber imaginado y que requiere que los poderes públicos estemos a su lado y atendamos sus necesidades, que en muchos casos son urgentes y no pueden esperar", ha recalcado.

Además, a la situación económica se suman "los cuatro años de recortes presupuestarios del Gobierno central, lo que ha supuesto una importante merma de derechos". Frente a ello, según Sánchez Rubio, "el Ejecutivo autonómico evidencia con este proyecto de ley su compromiso con las personas y, en especial, con las que más lo necesitan.

En este orden de cosas, ha recalcado que debe entenderse este proyecto como "un ejercicio de voluntad política y de compromiso con la ciudadanía". Así, ha señalado que estamos en la dirección adecuada con esta nueva ley de segunda generación, que reconoce un "amplio panel de nuevos derechos" y consolida el sistema de servicios sociales como cuarto pilar del Estado de bienestar, garantizando prestaciones básicas de acceso universal.

Asimismo, ha indicado que el proyecto de Ley de Servicios Sociales incorpora las prestaciones y servicios de la Ley de Autonomía Personal y Atención a la Dependencia, que ha sido "ampliamente desarrollada e implantada" en Andalucía con respecto a otras comunidades autónomas. Así, en la comunidad andaluza hay más de 178.700 personas atendidas y 232.000 prestaciones concedidas, lo que supone el 24 % de las personas beneficiarias y de las prestaciones concedidas en el conjunto del Estado español.

La consejera ha querido destacar también "el importante papel de las corporaciones locales, diputaciones y ayuntamientos que permiten, desde la cercanía, el desarrollo de los servicios sociales en nuestra comunidad autónoma".

Novedades

Sánchez Rubio ha expuesto en el Pleno los aspectos más novedosos de la próxima norma legal como la elaboración de un catálogo de prestaciones garantizadas y condicionadas, en el plazo de un año desde su aprobación parlamentaria. Entre las garantizadas, están los servicios de información, valoración, orientación y asesoramiento; los proyectos de intervención, la atención en situaciones de urgencia social y los servicios específicos de protección de menores en situaciones de riesgo o desamparo, así como todas las prestaciones y servicios de la Ley de Dependencia.

Igualmente, se consolida un verdadero sistema público de servicios sociales de Andalucía integrado por los servicios comunitarios y los especializados, ha puntualizado la consejera. De este modo, y con el fin de planificar las prestaciones, servicios, programas y actuaciones del sistema, la ley prevé la elaboración de un plan estratégico de servicios sociales que incorporará el modelo de calidad en su regulación.

Otro aspecto destacable es la incorporación de la voluntad anticipada, que permitirá a la persona usuaria dejar constancia sobre qué tratamientos y recursos sociales quiere recibir en previsión de una incapacidad futura, así como la Tarjeta Social, que dará acceso al sistema en los términos definidos en el proyecto de ley. "Esta es la muestra más evidente de que nos encontramos ante una Ley que concede todo el protagonismo a la ciudadanía, a través de la participación directa en las decisiones que les afectan, convirtiéndose en indiscutible protagonista", ha añadido.

Igualmente novedosa es la figura de la persona profesional de referencia a la que tendrán derecho los usuarios, garantizándose de este modo la continuidad e integralidad en la atención prestada, que podrá llevarse a cabo incluso en su propio domicilio, si fuera necesario, así como el refuerzo de los equipos interprofesionales. Sánchez Rubio ha hecho hincapié en este profesional que ayudará a la ciudadanía en la toma de sus propias decisiones, además de valorar, planificar, coordinar y prestar una atención de calidad, entre otras funciones.

La participación de entidades sociales y de personas a través de herramientas como las redes sociales, encuestas y las tecnologías de la información, entre otros soportes, es otra de las medidas que se fomenta. "Estos elementos que he enumerado hacen que nos encontremos ante una ley pionera y acorde con la realidad social actual, que renueva los instrumentos de participación, como el Consejo de Servicios Sociales de Andalucía, así como los consejos sectoriales o los locales".

Instrumentos de intervención

Para los procedimientos de intervención en los servicios sociales se establecen la tarjeta social y la historia social digital única. La primera "representa la universalidad del sistema" y la segunda es una herramienta electrónica, que integrará en un único documento datos de las personas, de manera que los profesionales y las personas interesadas cuenten con la información más precisa posible para una mejor atención integral.

La elaboración de un mapa de servicios sociales de Andalucía en el que se tendrá en cuenta, entre otros, criterios demográficos, geográficos y organizativos, es otro de los instrumentos que prevé la ley. Igualmente, se introduce por primera vez la perspectiva deontológica, para lo cual se creará el primer Comité de Ética de los servicios sociales de Andalucía, y se impulsará la investigación a través de la creación de la Red Andaluza de Políticas Sociales como instrumento de análisis y sistematización para transformar las políticas en materia de servicios sociales.

La titular de Igualdad y Políticas Sociales ha finalizado su intervención apelando al consenso de todos los grupos políticos para que el proyecto de Ley de Servicios sociales, que convierte a Andalucía en referente de sensibilidad con las demandas de los ciudadanos, lo sintamos como una ley de todas las personas, de los diferentes grupos políticos y de la sociedad en su conjunto.


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