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Andalucía reclama la reunión urgente del Consejo Territorial de Servicios Sociales para incrementar la financiación del Estado al sistema de dependencia

La consejera de Igualdad y Políticas Sociales detalla en una carta los recortes llevados a cabo por el Ejecutivo central en las últimas leyes de presupuestos y en la nueva regulación aprobada en diferentes reales decretos, 27/09/2016

La consejera de Igualdad y Políticas Sociales, María José Sánchez Rubio, ha reclamado por carta a la nueva ministra en funciones de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Fátima Báñez, una reunión urgente del Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, al objeto de tratar, como único punto del orden del día, "el debate y la toma de decisiones" sobre el actual sistema de financiación a las comunidades autónomas para prestar los servicios de dependencia.

El propio Observatorio Estatal de la Dependencia denunció hace sólo unos días que el Gobierno central sólo aporta el 18% de la financiación del Sistema de Atención de la Dependencia -frente al 50% que fija la ley-, mientras que los ejecutivos autonómicos están asumiendo el 82% del gasto público certificado en el último año. Según explica la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales, a la que pertenece este observatorio, esta conclusión se extrae de los certificados de gasto en autonomía personal y dependencia del ejercicio 2015 remitidos por las comunidades autónomas.

En la misiva, Sánchez Rubio detalla los "recortes unilaterales" llevados a cabo por el Gobierno central en las sucesivas leyes de presupuestos y por la nueva regulación dada por Real Decreto 1050/2013, por el que se normaliza el nivel mínimo de protección establecido en la Ley de Dependencia, que ha sufrido diversas modificaciones que se concretan en una reducción importante de la financiación recibida por este concepto.

En la carta remitida, la consejera también hace referencia a la suspensión para el ejercicio 2012 del nivel de protección acordado (régimen de cooperación y financiación entre la Administración del Estado y las comunidades autónomas para el desarrollo y aplicación de las prestaciones y servicios de la Ley de Dependencia), suspensión que fue prorrogada en los años 2013, 2014, 2015 y 2016.

Por tanto, la suspensión del nivel acordado unida a la reducción del nivel mínimo de financiación por parte del Estado, se concreta en más de 500 millones de euros lo que ha dejado de percibir Andalucía para el desarrollo de la Ley de Dependencia. A esta cantidad, habría que sumar los cerca de 10 millones de euros de la parte correspondiente a la financiación de la atención a la dependencia moderada, que no ha sido reconocida en el Servicio de Teleasistencia avanzada.


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