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Autorizadas 12.520 plazas de atención a la dependencia mediante concierto social

El Consejo aprueba un gasto de 365 millones para un proceso de adjudicación que reforzará garantías de calidad en las prestaciones, 16/10/2018

Concierto social

El Consejo de Gobierno ha autorizado un gasto de 365,02 millones de euros para adjudicar, mediante concierto social, la gestión de 12.520 plazas residenciales y de centros de día para personas con discapacidad en situación de dependencia. Se inicia así la implantación de esta nueva figura administrativa especial, de mayor flexibilidad y garantía de calidad, que irá sustituyendo progresivamente durante los próximos dos años a los convenios de colaboración y contratos convencionales en vigor, primero en el sector de la dependencia y después en el de la atención a personas mayores.

Del total de plazas, 4.912 serán de atención residencial y 7.608 de centros de día. De acuerdo con el decreto regulador del concierto social, aprobado por el Ejecutivo autonómico el pasado mes de febrero, el proceso de licitación primará a las entidades de iniciativa social y, en su defecto, a las sociedades cooperativas calificadas sin ánimo de lucro, el resto de cooperativas y sociedades de economía social y las pequeñas y medianas empresas.

Las contrataciones a través de esta modalidad valorarán de modo especial circunstancias como la vinculación preexistente de las entidades con las personas, la atención continuada, la proximidad a la población destinataria y la asistencia especializada y de calidad. El objetivo es mantener al máximo una prestación en el entorno y con los mismos referentes personales y profesionales, capaz de garantizar la seguridad emocional que necesitan las personas que viven en residencias o asisten a centros de día.

Junto con estas condiciones, también se incluyen cláusulas relativas a la dignidad de las condiciones laborales, la inclusión social, la igualdad de género y el respeto al medio ambiente. Cuando las entidades licitadoras tengan una plantilla igual o superior a cincuenta personas, al menos un 2% deberán ser con discapacidad. Por su parte, las de más de 250 trabajadores deberán disponer de un plan de igualdad entre hombres y mujeres, mientras que las restantes garantizarán medidas e iniciativas de incorporación de la perspectiva de género.

Los conciertos, gestionados por la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía, tendrán una duración máxima de ocho años, incluidas las prórrogas, que estará supeditada a la garantía de continuidad de la prestación o del servicio.

La implantación del concierto social desarrolla una de las principales previsiones de la Ley de Servicios Sociales de Andalucía, en vigor desde 2017. Asimismo, se enmarca en las medidas de impulso a la atención a la dependencia puestas en marcha este año por la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales, por valor de 22,7 millones de euros.

De esta cantidad, adicional a los 1.214 consignados en los presupuestos autonómicos de 2018, una partida de 15 millones permitirá incorporar 17.400 personas al sistema y los 7,6 millones restantes se destinan a las 265 plazas residenciales de nueva creación para personas con discapacidad aprobadas hoy mediante concierto social.


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