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Sánchez Rubio destaca que el Pacto propuesto por la Junta garantizará que la Dependencia no siga sufriendo recortes del Gobierno central

La consejera de Igualdad y Políticas Sociales participa en la Asamblea anual de Valoradores y Valoradoras celebrada hoy en el municipio de Estepa, 21/11/2015

La consejera de Igualdad y Políticas Sociales, María José Sánchez Rubio, ha destacado que el Pacto de Estado en defensa de la Dependencia que ha propuesto la Junta de Andalucía “permitirá que el Sistema no siga sufriendo recortes por parte del Gobierno central y se mantenga tal como aprobó en el año 2006; es decir, universal, garante de derechos subjetivos y con los estándares de calidad adecuados”.

Durante la Asamblea Anual de Valoradores y Valoradoras de Andalucía, celebrada hoy en Estepa (Sevilla), Sánchez Rubio ha señalado que la propuesta planteada por la Junta de Andalucía, que recoge ocho ejes para promover y desarrollar medidas de consenso en esta materia, también se dirige a las diferentes fuerzas políticas, colectivos y agentes sociales, organizaciones sindicales y empresariales, colegios profesionales y otras entidades representativas de los intereses de las personas en situación de dependencia.

Un pacto que debe contemplar, según ha señalado Sánchez Rubio, “la financiación que marca la ley, pero que también debe contemplar necesariamente el impulso de servicios de calidad profesionalizados, servicios que suponen además un plus especialmente importante en la actualidad por su capacidad de generar empleo. Desde el convencimiento de que el impulso a los servicios profesionalizados no ha de ir en detrimento del derecho de las personas a mantenerse en su propio entorno familiar, como se está haciendo en Andalucía”.

La responsable de las políticas sociales en Andalucía ha destacado que “la Junta ha demostrado su compromiso con la Dependencia en sus ocho años de existencia, y lo seguiremos haciendo. Por ello, se destinará un 2,5% más en su presupuesto para el año 2016, alcanzando un total de 1.160 millones de euros”.

Además, ha recordado que Andalucía ha incorporado al sistema de atención a la dependencia en el mes de octubre a 16.326 personas. Por tanto, mientras que Andalucía cuenta con un crecimiento con respecto a septiembre del 10%, el resto de crecimientos de las comunidades está en una media del 2%.

Según los datos publicados por el Imserso, organismo dependiente del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, en Andalucía existen 179.413 personas beneficiarias que cuentan con 234.029 prestaciones, por lo que el 23% de las prestaciones concedidas y personas atendidas en toda España se dan en Andalucía.

Con el anuncio de estos datos, la consejera ha evidenciado que el Gobierno andaluz va a seguir garantizando la sostenibilidad del Sistema de Atención a la Dependencia en Andalucía pese a que los recortes del Gobierno de España han supuesto que la comunidad andaluza haya dejado de percibir un total de 508 millones de euros.

Reconocimiento al personal valorador

En su intervención durante la Asamblea Anual de Valoradores y Valoradoras, Sánchez Rubio ha anunciado que el personal valorador de dependencia “será una pieza fundamental en la nueva Ley de Servicios Sociales en la que está trabajando la Junta de Andalucía, una norma que crea y define un verdadero sistema público de servicios sociales, basado en los principios básicos de universalidad e igualdad de acceso a todas las personas, que aglutina todos los recursos de las Administraciones públicas, y orientado a la calidad y a situar a la persona en el centro de la política social”.

La consejera ha destacado que en la nueva Ley de Servicios Sociales “se configura el derecho a las prestaciones esenciales del sistema como un derecho subjetivo de la ciudadanía y exigible ante las Administraciones Públicas que ostentan las competencias en la gestión y provisión de los mismos, con el fin de proporcionar una cobertura adecuada e integral de las necesidades personales y sociales básicas de la ciudadanía”.

La titular de Igualdad y Políticas Sociales ha señalado que el trabajo y dedicación que desarrollan estas personas “es imprescindible también en la aplicación y desarrollo del Sistema para la Autonomía Personal y Atención a la Dependencia, para garantizar este importante derecho social, que ha cambiado la vida de las personas en situación de dependencia y la de sus familias”.

La consejera ha defendido que “en Andalucía se ha apostado desde el inicio por la idoneidad y preparación de trabajadores y trabajadoras sociales para hacer frente a una valoración tan decisiva en la atención a la dependencia de las personas, ya que marca la intensidad de atención y los recursos a los que puede dar derecho el propio reconocimiento”. De hecho, Andalucía es la única Comunidad Autónoma que cuenta con trabajadores sociales como personal valorador.

El trabajo que cada una de estas personas desempeña, unas 225 en toda Andalucía, se circunscribe a una Zona de Trabajo Social concreta, como ámbito más cercano y próximo a la ciudadanía y teniendo en cuenta que los Servicios Sociales Comunitarios son la puerta de entrada del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia.

En este sentido, el personal valorador acude diariamente a cada domicilio de las personas solicitantes para aplicar el Baremo de Valoración de la Dependencia así como, en su caso, la Escala de Valoración Específica, para los menores de 3 años. Durante este año, estos profesionales del ámbito de la dependencia en Andalucía han realizado unas 54.000 valoraciones iniciales y revisiones.

Por otro lado, se trata de un personal habilitado para la realización de tareas en el marco del Plan de Inspección de Servicios Sociales, realizando actuaciones dirigidas a velar por la calidad de la atención prestada en el servicio de ayuda a domicilio y para garantizar que la prestación económica para cuidados en el entorno familiar se destina a la finalidad a la que está prevista.

Sánchez Rubio ha anunciado también como novedad que recientemente se ha previsto que sea el personal valorador de la dependencia el que realice la valoración a personas solicitantes del reconocimiento de la necesidad de asistencia de tercera persona, por la especialización en la materia, la formación y destreza que han ido adquiriendo desde la puesta en marcha del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia.


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