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Andalucía reclama que el nuevo modelo de financiación autonómica para la Dependencia incluya que el Gobierno central abone el 50% que le corresponde por Ley

María José Sánchez Rubio acude en Madrid a la reunión constitutiva de la comisión para el análisis de la situación del sistema, 23/02/2017

La consejera, durante la reunión constitutiva de la Comisión para el Análisis de la Situación del Sistema de la Dependencia, celebrada en Madrid.

Andalucía ha reclamado en Madrid, durante la reunión constitutiva de la Comisión para el Análisis de la Situación del Sistema de la Dependencia, integrada por representantes del Gobierno central y de comunidades autónomas, que el nuevo modelo de financiación autonómica para la Dependencia incluya que el Gobierno central abone el 50% que le corresponde por Ley.

La consejera de Igualdad y Políticas Sociales, María José Sánchez Rubio, quien ha representado a la Junta de Andalucía en el órgano, ha destacado que dicha financiación debe tener un carácter finalista, "ya que es la única forma de asegurar la aplicación real de los fondos destinados a la atención a la dependencia".

Andalucía fue la comunidad autónoma que tomó la iniciativa para impulsar el debate en la Conferencia de Presidentes para que la atención a la dependencia se incluya en el modelo de financiación autonómica con el fin de evitar situaciones arbitrarias entre las distintas regiones. Además, el Gobierno andaluz ha reclamado un acuerdo nacional que garantice la sostenibilidad, el desarrollo y la financiación por parte de las administraciones públicas del Sistema de Autonomía y Atención a la Dependencia. La Junta de Andalucía está exigiendo que el Gobierno central cubra el 50% de esta atención, frente a la situación actual, que vulnera la ley y en la que Andalucía afronta el 80% de la prestación y el Ejecutivo central lo hace con el 20% restante.

Por ello, la exigencia de Andalucía al Gobierno de España es que en los Presupuestos Generales del Estado de 2017 se consigne el nivel acordado vigente en 2011 para LA comunidad autónoma andaluza, y que se derogue el Decreto ley 20/2012, de 13 de julio y, por tanto, se reponga el 13% el nivel mínimo por persona beneficiaria", ha resaltado la consejera.

La titular de Igualdad y Políticas Sociales ha detallado que a partir de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2012, "el nivel acordado fue suspendido en su aplicación sin que se haya restablecido". La cuantía del último ejercicio en que se aplicó este nivel, según ha continuado, ascendió a 283 millones de euros en las comunidades autónomas, mientras que en cuanto al nivel mínimo, las medidas de recorte implantadas a partir del decreto ley supusieron una reducción directa de su importe en un 13%.

"Ello ha supuesto que la financiación estatal en relación con el gasto incurrido en materia de Autonomía y Dependencia se sitúe ya en 2016 en un 17%, lo que nos ha llevado a una pérdida acumulada en esta legislatura de más de 3.500 millones de euros en España, más de 508 en Andalucía", ha indicado.

Sánchez Rubio ha recordado que "si el Gobierno de la Nación aportase la financiación que le corresponde por Ley, Andalucía podría atender a 105.000 personas más, según afirma el Observatorio de la Dependencia".

"Mitigar los brutales recortes del Gobierno"

La responsable de las políticas sociales en Andalucía ha avanzado que "para mitigar los efectos de estos brutales recortes del Gobierno central en materia de dependencia, la Junta de Andalucía aprobará en breve un plan que tiene como objetivo avanzar en la atención de las personas en situación de dependencia sin prestación reconocida y en la reducción de los tiempos de respuesta en este ámbito". Este plan permitirá atender en Andalucía a 230.000 personas en situación de dependencia a finales del presente año.

En los dos últimos ejercicios, Andalucía ha incorporado a unas 70.000 personas beneficiarias (con un crecimiento neto de más de 20.600 personas) con 93.000 prestaciones nuevas, y se han llevado a cabo más de 134.000 nuevas valoraciones y revisiones.

En los presupuestos de 2017 se consigna un total de 1.181 millones de euros, un 2,5% más que en 2016, para el desarrollo de la Ley de Dependencia, cantidad similar a la que el Gobierno central destina para toda España (1.250 millones). El compromiso de la Junta de Andalucía es que este incremento continúe hasta alcanzar el 10% acumulado a lo largo de la legislatura.

Desde la puesta en marcha de la Ley de Dependencia hace diez años, el Gobierno andaluz ha invertido más de 10.000 millones de euros en la atención a más de 371.600 personas, que se han beneficiado de 488.300 prestaciones.


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