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Montero defiende el compromiso de la Junta para seguir avanzando en la consolidación de los derechos sociales de la ciudadanía

La consejera de Salud recuerda que medidas como la cirugía mayor ambulatoria, la central logística de compras o las nuevas tecnologías contribuyen a la eficiencia del sistema

La consejera de Salud y Bienestar Social, María Jesús Montero, ha defendido el compromiso de la Junta de Andalucía para seguir avanzando en la consolidación de los derechos sociales de la ciudadanía. Así lo ha manifiestado en comisión parlamentaria, donde ha asegurado que el Gobierno andaluz "no ha dado ni un solo paso atrás en la consolidación y el respeto a los derechos, servicios y prestaciones que la ciudadanía ha conquistado". "En todo momento nos hemos dejado la piel para garantizar la salud, el bienestar y la calidad de vida de los andaluces", ha enfatizado.

Montero ha negado que el Gobierno andaluz haya anunciado ni aplicado ningún tipo de recorte en materia de salud y bienestar social, ha subrayado la defensa de las políticas sociales como seña de identidad de la Junta y ha apuntado que trabaja en soluciones eficientes para garantizarlo y para "blindar el sistema público de las amenazas y embates que se ciernen sobre él".

En esta línea, ha defendido que, frente a una situación económica que se torna cada vez más complicada, "es el momento de la responsabilidad", y ha anunciado que su departamento continuará reforzando las infraestructuras necesarias con criterios de eficiencia y equidad, reprogramando calendarios, priorizando y reordenando recursos asistenciales.

Igualmente, ha señalado que "se explorarán nuevas formas organizativas, de forma que supongan una oportunidad de mejora de la eficiencia del sistema".

La titular de Salud y Bienestar Social se ha referido a lo que considera "el falso mito de la insostenibilidad" del sistema sanitario público difundido, a su juicio, por el Gobierno central para justificar "una modificación sustancial del modelo sanitario que pasa de un sistema universal donde los ciudadanos tenían un derecho reconocido a uno donde, si no eres beneficiario, se te excluye".

Asimismo, ha apuntado que dicho cambio en el sistema, que conlleva -en sus palabras- recortes en la cartera de servicios y en la prestación farmacéutica que perjudican a los colectivos más desfavorecidos, como las personas mayores, los enfermos crónicos o los inmigrantes, se ha hecho "de espaldas a las comunidades autónomas", sin debate previo y vulnerando varios artículos de la Constitución y del Estatuto de Autonomía para Andalucía. A su juicio, "se trata de un desmantelamiento programado y medido del sistema sanitario", que lo que busca en el fondo es "el debilitamiento y el descrédito" del servicio público.

Montero ha manifestado que, si bien la situación financiera afecta a todo el mundo, "la diferencia está en las soluciones que adoptamos para hacer frente a las dificultades".

Medidas en Salud

En este sentido, se ha referido a la cirugía mayor ambulatoria, la central logística de compras o la apuesta por las nuevas tecnologías, que permiten ahorrar tiempo y desplazamientos. Igualmente, en el ámbito farmacéutico ha aludido a la prescripción por principio activo, que en los últimos diez años ha permitido un ahorro de más de 1.000 millones de euros.

Respecto al copago implantado por el Gobierno central, Montero ha criticado al Ministerio de Sanidad por "festejar injustificadamente" la supuesta caída del gasto farmacéutico nacional a raíz de esta medida, ya que -según ha explicado- se trata de unos datos que se analizan de forma aislada y que no tienen en cuenta variables como el aumento del gasto en el mes de junio o el hecho de que el Estado tenga que reintegrar el gasto que hayan adelantado los pensionistas en la mayoría de las comunidades autónomas. En suma, la consejera ha negado una disminución del gasto farmacéutico y ha indicado que parte del gasto que antes sufragaba el Estado recae ahora sobre el bolsillo de la ciudadanía.

Atención a la dependencia

En materia de Bienestar Social, Montero ha recordado que Andalucía es la comunidad autónoma líder en atención a la dependencia, con más de 370.000 prestaciones concedidas, lo que supone más de un 25% del total de prestaciones en toda España y tantas como Castilla-La Mancha, Castilla León, Valencia y Madrid juntas.

Asimismo, ha asegurado que la Junta de Andalucía "ha amortiguado" los perjuicios del Real Decreto Ley 20/2012, que reduce en un 15% la prestación económica de las personas cuidadoras, activando el mínimo regulado en una norma autonómica que, según la consejera, "nos ha permitido aminorar hasta el 13,2% de media esta reducción de la prestación". En cifras absolutas, dicha medida supone en torno a 217.000 euros mensuales (2,6 millones de euros anuales) que aporta la Junta y que habrían dejado de recibir los beneficiarios de esta prestación, ha explicado.

Igualmente, Montero ha mencionado los servicios sociales comunitarios, la atención a las personas inmigrantes, a la comunidad gitana o a las personas con drogodependencias como otras líneas de trabajo en la que la Administración autonómica seguirá ahondando. "Vamos a seguir trabajando con un compromiso claro de continuar avanzando en la ampliación y consolidación de los derechos sociales de la ciudadanía andaluza", ha resaltado.


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