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Uno de cada cuatro españoles con alguna prestación por la Ley de la Dependencia es andaluz

Montero advierte en el Parlamento sobre la "derogación velada" del Gobierno central a la Ley y la invasión estatal de competencias autonómicas

En Andalucía existen más de 190.000 personas beneficiarias de la Ley de Promoción de la Autonomía y Atención a las Personas en situación de Dependencia, lo que supone que uno de cada cuatro españoles con alguna prestación de las recogidas en esta Ley es andaluz. Uno de estos servicios es la Teleasistencia, que en Andalucía reciben actualmente 66.528 personas, es decir, el 51% del total nacional.

Estos han sido alguno de los datos ofrecidos en la Comisión de Salud y Bienestar Social del Parlamento andaluz por la consejera de Salud y Bienestar Social, María Jesús Montero, que ha hecho un repaso por la aplicación de la Ley en la comunidad andaluza, donde –según ha explicado– "se está trabajando más que nunca" para que la crisis económica y las medidas adoptadas desde el Ejecutivo central "tengan el menor impacto posible en la atención que recibe este colectivo".

Montero ha denunciado que las decisiones que ha tomado el Gobierno central en relación a la Ley suponen en la práctica una "derogación velada" de la propia norma, al tiempo que ha considerado que la administración estatal "se está extralimitando en sus competencias e invadiendo las de las comunidades autónomas" en relación al nuevo procedimiento para el reconocimiento del derecho a las prestaciones previstas en esta normativa.

La titular de Salud y Bienestar Social ha hecho hincapié en la imposición de "nuevas trabas" por parte del Gobierno central para la aplicación de la Ley debido a una "burocratización del proceso" a través de la obligatoriedad que a partir de ahora tienen los usuarios de presentar documentos como el informe de salud, el compromiso de la persona cuidadora y la documentación acreditativa de la capacidad económica, que hasta ahora no se exigían.

En esta línea, la responsable autonómica ha hablado incluso de que el Gobierno de España llega a "quebrar el principio de confianza y buena fe entre administraciones" al exigir nuevas certificaciones a las comunidades autónomas que –ha advertido—"pierden margen de maniobra para prestar el servicio eficazmente".

"Pese a la compleja situación económica y a las medidas adversas desde el Gobierno de España, el sistema en Andalucía funciona y sigue siendo una prioridad", ha defendido Montero, para quien "las políticas impulsadas en poco más de un año por el Gobierno del PP, con la crisis como coartada, están poniendo en peligro el modelo".

La consejera ha reconocido que las medidas adoptadas por el Ejecutivo central "están provocando la minoración del ritmo en el desarrollo de la aplicación de la Ley, no sólo por los recortes en financiación, sino también por los continuos cambios normativos impulsados por la Administración estatal, que obligan a adaptaciones normativas a nivel autonómico que ralentizan el sistema", ha explicado.

Además, ha precisado que el ritmo que se impuso en Andalucía en los primeros años de desarrollo de la Ley fue "vertiginoso" por el gran número de personas que hasta entonces no tenían reconocido este derecho y lo solicitaron. No obstante, ha añadido que después de varios años de desarrollo de la Ley, actualmente las cifras se están estabilizando, si bien ha subrayado que "a pesar de ello, no hay ninguna comunidad autónoma que, ni de lejos, llegue a equipararse con el nivel de desarrollo de la Ley en Andalucía".

Paulatina retirada de la Administración estatal

La consejera ha detallado que la supresión del Nivel Acordado en los Presupuestos Generales del Estado para 2012 supuso 70,7 millones de euros menos para la aplicación de la ley en Andalucía. Además, los Presupuestos Generales del Estado para ese ejercicio retrasaban a 2015 la entrada en el sistema de las personas en situación de dependencia moderada. Igualmente, en julio de 2012 el Real Decreto ley 20/2012 estableció otra batería de modificaciones en la Ley, entre las que la titular de Salud y Bienestar Social ha destacado la reducción de la aportación estatal al Nivel Mínimo de la Dependencia, lo que supuso 18,5 millones de euros de recorte. Todo ello supone, según ha manifestado Montero, una reducción de 89 millones de euros en los recursos que destinaba el Gobierno central a Andalucía el año pasado.

Asimismo, Montero se ha referido a la bajada de un 15% acordada por el Ejecutivo central en la prestación económica para cuidados en el entorno familiar, el aumento del copago en dependencia, la reducción de la intensidad de algunas prestaciones, como la ayuda a domicilio o el modelo que pretende implantar el PP y que favorece la institucionalización de las personas en situación de dependencia, a través de "concesiones a los lobbies en detrimento de los usuarios y usuarias y dejando de lado aspectos como la ruralidad, que es especialmente importante en Andalucía".

Igualmente, el dato de recortes extrapolado a 2013 se cifra, según la consejera, en 125 millones de euros, con lo que en dos años Andalucía dejará de percibir 214 millones de euros para dependencia.

Ante esta situación, la titular andaluza de Bienestar Social ve en la política desarrollada por el Partido Popular "una estrategia cuidadosamente trazada cuya consecuencia directa es el desmantelamiento progresivo del cuarto pilar del Estado del Bienestar, que después de mucho trabajo se había conseguido consolidar". Además, Montero ha subrayado que Andalucía ha sido la comunidad más perjudicada por estos recortes, debido al avanzado desarrollo que presenta en la aplicación de la Ley.

Esfuerzo conjunto necesario

Montero ha expresado la "profunda preocupación" del Gobierno andaluz por el posible deterioro del sistema de la dependencia como consecuencia de las medidas del Gobierno central, si bien ha asegurado que el Ejecutivo andaluz "está haciendo todo lo posible para sostener el Estado del Bienestar". Se trata de un sistema –ha explicado—que desde su origen estuvo diseñado sobre la base de la colaboración entre todas las administraciones, por lo que "sólo con el esfuerzo conjunto de todas ellas tendremos la garantía de poder alcanzar los objetivos inicialmente marcados", ha apuntado.

Esfuerzo para incorporar la dependencia moderada

En el marco de la ralentización derivada de las medidas del Gobierno central, la consejera ha apuntado que en Andalucía existen unos 50.000 ciudadanos y ciudadanas a la espera de que se les realice el Programa Individual de Atención (PIA), de los que casi un 75% (37.617) corresponden a personas en situación de dependencia moderada cuya incorporación al sistema ha sido retrasada por el Ejecutivo central hasta 2015. No obstante, Montero ha indicado que desde Andalucía se hará un esfuerzo para intentar que esa incorporación se haga antes.

En este sentido, y pese a "la falta absoluta de compromiso del Ejecutivo central" derivada –en opinión de María Jesús Montero—de decisiones ideológicas, el Gobierno andaluz "seguirá trabajando en solitario para garantizar el bienestar de las personas en situación de dependencia", ha subrayado la consejera, que ha defendido igualmente el modelo de descentralización con el que se ha dado un papel protagonista a las corporaciones locales andaluzas en la aplicación de la Ley.

La Ley de Dependencia en Andalucía

La Consejera de Salud y Bienestar Social ha recordado en el Parlamento de Andalucía que la comunidad ha invertido más de 4.500 millones de euros en la aplicación de la Ley de Dependencia desde su entrada en vigor y ha multiplicado por siete la cantidad destinada a la Dependencia por parte de la Junta desde 2007. Actualmente, Andalucía cuenta con 190.100 beneficiarios, lo que supone el 25% del total con derecho a prestación en España. En cuanto al número de prestaciones, en Andalucía se han concedido 261.000, lo que representa el 27,2% del total.

Asimismo, 177.000 habitantes en la región perciben el servicio de teleasistencia, de las que en torno a 66.500 están en situación de dependencia, lo que significa más de la mitad de las personas que reciben este servicio en toda España. Igualmente, en cuanto a ayuda a domicilio, en Andalucía hay más de 49.800 usuarios, el 40% del total nacional. Además, la cifra de beneficiarios de prestaciones económicas para cuidados en el entorno familiar asciende a 107.800.

Montero ha subrayado igualmente que Andalucía suma actualmente casi las mismas prestaciones que Castilla León, Valencia, Madrid y Galicia juntas, al tiempo que ha destacado que la ratio de beneficiarios en Andalucía, según los datos del Imserso, es de 2.257 personas por cada 100.000 habitantes, frente a comunidades como Murcia (1.781), Madrid (1.252), Galicia (1.397) o la Comunidad Valenciana (con una ratio de 837 por cada 100.000 habitantes).

Además, ha aludido al Dictamen del Observatorio de la Dependencia conocido recientemente, que ha dado un notable a Andalucía en relación a los últimos seis meses de aplicación de la Ley, frente a los suspensos de Valencia, Canarias, Baleares o Aragón.


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