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Informe Ejecutivo 2017 de la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía
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Salud elaborará una Ley de Sostenibilidad del sistema sanitario para blindarlo contra "afanes de privatización"

Montero anuncia en el Parlamento que la Junta mejorará la atención a la población más frágil para reducir duplicidades y elevar el rendimiento de los servicios

Andalucía promoverá una Ley de Garantías y Sostenibilidad del Sistema Sanitario Público, con el objetivo de blindarlo contra "afanes de privatización o de inclusión de barreras para el acceso a los servicios". La consejera de Salud y Bienestar Social, María Jesús Montero, ha señalado que esta norma estará dirigida a proteger el sistema público, un logro de la ciudadanía "seriamente amenazado", durante su comparecencia en comisión parlamentaria, donde ha expuesto los objetivos marcados para la IX legislatura (2012-2016).

La consejera ha indicado que los principales ejes para los próximos cuatro años pasan por avanzar en la eficiencia y la sostenibilidad de los servicios públicos de salud y protección social; garantizar los derechos, prestaciones, recursos y servicios de salud y bienestar social; impulsar el desarrollo profesional; potenciar la transparencia y el acceso a la información e impulsar la investigación.

En palabras de Montero, "se trata de seguir avanzando en la consolidación de derechos de nueva generación, en la calidad y excelencia de los servicios públicos pero sin dejarnos arrebatar ni un palmo de lo conseguido hasta el momento", y ha añadido que para ello habrá que establecer "las defensas para proteger al sistema público de los embates neoliberales que se ciernen sobre él, ahora más que nunca".

A la Ley de Garantías y Sostenibilidad del Sistema Sanitario Público se suman la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Sanitaria, la Ley de Renta Básica, una norma para regular la Objeción de Conciencia, la actualización de la Ley de Atención a las personas con discapacidad de Andalucía, la Ley de Derechos y Atención al Menor y la Ley de Servicios sociales de Andalucía, una batería normativa que tiene como objetivo avanzar en el desarrollo de derechos para la ciudadanía.

Marco normativo y población prioritaria

Junto a ello, la legislatura se sustentará sobre dos líneas dirigidas a consolidar los sistemas públicos de salud y servicios sociales y a la protección de cinco grandes grupos de población (infancia, mayores, personas en situación de dependencia, personas con discapacidad y personas en riesgo de exclusión social).

En la línea de la protección de lo público, Montero ha señalado que se actualizará la Ley de Servicios Sociales de Andalucía (1988) para adaptarla a la redacción del Estatuto de Autonomía y garantizar el acceso, en condiciones de igualdad, a las prestaciones de servicios sociales. Para ello, se aprobará un plan y un mapa de servicios sociales comunitarios, que permitirá optimizar la coordinación entre las estructuras de atención sanitaria y las de servicios sociales.

En la misma línea, se elaborará la futura Ley de Renta Básica, para lo que se constituirá, de manera urgente, un grupo de trabajo a fin de analizar el alcance de una futura renta básica de ciudadanía, que dé respuesta a las situaciones más difíciles de falta de recursos con las que viven las familias más dañadas por la actual crisis económica.

Además, se aprobará el IV Plan Andaluz de Salud y se extenderá la Red de Acción Local en Salud, que llegará, al menos, a 170 municipios. De manera específica, se establecerán estrategias de trabajo intensivo para las zonas con necesidades de transformación social.

Este proyecto tendrá su base en el desarrollo de la recientemente aprobada Ley de Salud Pública de Andalucía, en el marco de la cual se realizará la evaluación del impacto en salud, el decreto por el que se define la cartera de servicios de salud pública, los nuevos derechos a la salud colectiva o el decreto para la regulación de la atención infantil temprana.

En referencia a los cinco grupos de población más vulnerables, Montero ha enumerado las estrategias a desarrollar en los próximos cuatro años a fin de reducir y evitar los riesgos de exclusión. Así, en materia de infancia, los nuevos retos pasan por actualizar la Ley de los Derechos y la Atención al Menor (1998) y reforzar el papel del Consejo Andaluz de Asuntos de Menores, promoviendo en su seno un Foro Permanente de Participación Infantil.

Las personas mayores tendrán durante la legislatura en general, y durante el año 2012 en particular, un protagonismo específico, al ser el Año Europeo del Envejecimiento Activo y la Solidaridad Intergeneracional. Así, se realizará un Plan Estratégico de Envejecimiento Activo y se continuarán reforzando los centros de participación activa de mayores y las aulas universitarias. También se propiciará un acuerdo con la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP) para impulsar la participación de las personas mayores en la vida política municipal a través de consejos específicos.

Vinculado a todo esto nacerá la iniciativa 'Andalucía, vida activa' para la promoción de la actividad física regular entre el colectivo de personas mayores de 65 años.

Por otra parte, la Consejería de Salud y Bienestar Social consolidará el Sistema de Atención a la Autonomía Personal y la Dependencia y mejorará la continuidad en la atención a la población más frágil y con mayores necesidades, a fin de reducir las duplicidades y mejorar el rendimiento de los servicios destinados a la capacitación de las personas y las familias cuidadoras. Andalucía ya cuenta para ello con el Plan de Atención Integrada a Personas con una Enfermedad Crónica y la Estrategia de Cuidados, que se actualizará a lo largo de la legislatura.

También se ha marcado como objetivo avanzar en las políticas dirigidas a lograr la equidad y la máxima autonomía para las personas con discapacidad. Para ello, se actualizará la ley de 1999, se avanzará en el desarrollo del Plan de Empleabilidad y se impulsará el Pacto Andaluz por la Accesibilidad suscrito en 2012.

La lucha contra la pobreza es otro de los objetivos de los próximos cuatro años para que "la igualdad de oportunidades continúe siendo una realidad en nuestro medio", ha defendido Montero. Así, se iniciará la elaboración del Plan Estratégico de Inclusión Social, que priorizará las oportunidades laborales y dispondrá de un itinerario de inserción y seguimiento individualizado, y verá la luz el futuro III Plan Andaluz sobre Drogas y Adicciones.

Elemento diferenciador

La consejera de Salud y Bienestar Social ha hecho una especial mención a la Estrategia de Salud Sexual y Reproductiva, incluyendo la mejora de la calidad y accesibilidad a los servicios públicos de atención a la interrupción voluntaria del embarazo, y al desarrollo de la investigación y la innovación como elementos diferenciadores. En esta línea ha dicho que, desde Andalucía, "se combatirá cualquier retroceso en el terreno" de la interrupción voluntaria del embarazo y que se regulará, mediante una norma específica, el ejercicio de la objeción de conciencia en el ámbito sanitario.

De hecho, la ONU, en su informe de 8 de mayo sobre la aplicación en España del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales constata, en su artículo 24, "su preocupación por las dificultades encontradas por las mujeres españolas para acceder al aborto de conformidad con la Ley Orgánica", ha señalado la consejera, que ha precisado que "en la mayor parte de las comunidades autónomas, los impedimentos burocráticos y temporales obligan a muchas mujeres a acudir a clínicas privadas", por lo que "recomienda a España garantizar un acceso equitativo a la IVE y asegurar que el ejercicio de la objeción de conciencia por parte de miembros del personal sanitario, no constituya un obstáculo para las mujeres".

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