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Montero denuncia la pérdida de 7.000 empleos con el nuevo modelo de dependencia del Gobierno central

La consejera de Salud y Bienestar Social lamenta que el Ministerio primer la atención de estas personas en centros frente a los cuidados en el entorno familiar

La consejera de Salud y Bienestar Social, María Jesús Montero, ha señalado en Madrid, al inicio de la reunión del Consejo Territorial del Sistema de Autonomía y Atención a la Dependencia, que la propuesta del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad para reformar la Ley de Autonomía Personal y Atención a la Dependencia prima la institucionalización de las personas dependientes en centros frente a la atención en el entorno familiar, tal y como se viene desarrollando en la comunidad autónoma andaluza. Esto, sumado al recorte en las partidas del Gobierno central para la red de servicios sociales municipales, supondrá la desaparición de 7.000 puestos de trabajo de cuidadores que realizan su labor en la atención a domicilio.

En este sentido, la titular andaluza de Salud y Bienestar Social ha lamentado que la propuesta del Ministerio se ha realizado sin la participación de las comunidades autónomas, "al menos no con la contribución de Andalucía", y que se ha enfocado sin tener en cuenta aspectos como la ruralidad o el hecho de que las familias son soporte para las personas dependientes y que éstos, al menos en Andalucía, prefieren permanecer en el entorno domiciliario a ser internados en una residencia.

Por todo ello, Montero ha apostado por que no se imponga la propuesta planteada por el Ministerio sino que cada comunidad pueda adaptar la atención a las personas dependientes en función de su realidad social, con el objetivo de responder "más eficazmente" a las expectativas de los ciudadanos.

La consejera de Salud y Bienestar Social ha criticado además que en la hoja de ruta del Gobierno central se sigue observando la misma tónica que en otras partidas de servicios sociales, "donde hay cierto empecinamiento en la disminución del gasto público, cuando esto conlleva disminución del Producto Interior Bruto y, por tanto, menor posibilidad de crecimiento en un futuro y menor posibilidad de salir de la crisis económica".

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De otro lado, la titular andaluza de Salud y Bienestar Social ha criticado que los usuarios tengan que realizar una mayor aportación por los servicios de los que se benefician, tal y como se establece en el nuevo modelo presentado por el Ministerio. A este respecto, ha señalado la necesidad de tener en cuenta la actual situación económica y cómo repercute sobre la intensidad y extensión de la Ley, aunque ha considerado "inadmisible que a personas que prácticamente están en el umbral de pobreza se les obligue a pagar por servicios de Dependencia ya que, el resultado será que no los soliciten".

En este sentido, Montero ha recordado la disminución de la aportación del Gobierno a las políticas sociales, que ha supuesto para Andalucía una pérdida de 70 millones de euros, a lo que se suma ahora la exigencia a los usuarios de aportación económica por los servicios.

Finalmente, la consejera de Salud y Bienestar Social ha criticado que este nuevo modelo impulsado por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, sumado al recorte en las partidas del Gobierno central para la red de servicios sociales municipales, supondría la desaparición de 7.000 puestos de trabajo de personas que realizan su labor en la atención a domicilio a personas dependientes y atienden a los colectivos más desfavorecidos, lo que es especialmente grave en la compleja situación económica actual.


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