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Andalucía tendría 100.000 personas beneficiarias menos en Dependencia si hubiera aplicado la Ley al ritmo de las comunidades del PP, según Montero

La consejera de Salud y Bienestar Social alerta del retroceso por las políticas del Gobierno central en esta materia y reta al Partido Popular a reponer la financiación del Nivel Acordado en los PGE del próximo año

La consejera de Salud y Bienestar Social, María Jesús Montero, ha asegurado que si la Junta hubiese aplicado la Ley de la Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de Dependencia al ritmo que lo han hecho las comunidades gobernadas por el Partido Popular, Andalucía tendría 100.000 personas beneficiarias menos. Actualmente, en Andalucía hay 177.400 personas beneficiarias y existen 243.000 prestaciones en virtud de la Ley de la Dependencia.

Durante una comparecencia sobre esta materia en el Pleno del Parlamento andaluz, Montero ha hecho un repaso sobre la aplicación de la Ley de la Dependencia en Andalucía, comunidad que –ha recordado- aglutina el 25% del conjunto de beneficiarios de todo el país y que, a su vez, duplica el porcentaje de población beneficiaria de Madrid y triplica al de la Comunidad Valenciana, según ha subrayado la consejera.

Montero ha criticado el ataque al Estado del Bienestar promovido por el Gobierno de España contra la Ley de la Dependencia que, a su juicio, constituye uno de los pilares básicos del Estado del Bienestar, en virtud del modelo social que defiende la Administración autonómica, basado en la igualdad de oportunidades, la justicia social y la protección de los colectivos más vulnerables.

La consejera ha subrayado que el Gobierno de la Nación prácticamente se ha retirado del sostenimiento del sistema, de manera que en el último año el Gobierno de España ha financiado sólo el 25%, frente al 75% de financiación que ha soportado la comunidad autónoma andaluza. En concreto, Montero ha cifrado en 2012 la inversión de la Junta en esta materia en 1.000 millones de euros, frente a tan solo 335 millones de euros del Ejecutivo central, cuando la Ley estaba pensada para la aportación igualitaria de ambas administraciones.

Igualmente, se ha referido a los recortes que en Dependencia ha supuesto la llegada del Partido Popular al Gobierno de España, que ha cifrado en 214 millones de euros en los dos últimos años (89 millones en 2012 y 125 millones en 2013).

En concreto, ha destacado la supresión en 2012 del Nivel Acordado (70,7 millones de euros menos) y la reducción, por primera vez, del Nivel Mínimo (18,5 millones de euros menos). Al respecto del Nivel Mínimo, que debe financiar el Gobierno central, Montero se ha preguntado si 157,26 euros mensuales son suficientes para garantizar la atención a una persona con gran dependencia, y ha considerado que se trata de una cantidad insuficiente.

Asimismo, Montero ha señalado que detrás de esta retirada del Gobierno de España existe una clara intención de derogar veladamente la Ley, no sólo por la vía de la financiación, sino también por la vía de la asfixia a las comunidades autónomas a través de las exigencias de objetivo de déficit, un extremo que está ocasionando graves problemas de liquidez que –ha reconocido— se traducen en retrasos en los pagos a entidades sociales que prestan sus servicios en este ámbito y en la ralentización del sistema.

Además de los recortes en la financiación de la Ley, María Jesús Montero se ha referido recortes de derechos, como el retraso hasta 2015 de la entrada en el Sistema de los dependientes moderados, la bajada de un 15% en la prestación económica para cuidados en el entorno familiar o la desaparición del pago por parte del Estado de las cotizaciones a la Seguridad Social de las cuidadoras, una medida que, además, ha considerado "un ataque contra la igualdad de oportunidades". Frente a ello, la titular de Salud y Bienestar Social ha subrayado la posición frontal explícita que ha mantenido siempre Andalucía contra todas las medidas que supongan una merma de los derechos conquistados por la ciudadanía y recogidos en la Ley.

El aumento del copago en Dependencia y la reducción de la intensidad de algunas prestaciones, como por ejemplo la Ayuda a Domicilio, por parte de la Administración central han sido otro de los elementos denunciados por la consejera de Salud y Bienestar Social, que ha asegurado que el PP extiende así su "modelo privatizador" que favorece la institucionalización de las personas en situación de dependencia.

A través de este modelo –según Montero— se propugna el denominado 'cheque servicio', que ya se está impulsando en comunidades como Madrid y Castilla La Mancha, con el que el usuario es quien, contando con determinadas asignaciones, tiene que pagar el servicio fuera del sistema público, lo que –ha advertido Montero- expulsaría a muchas personas fuera del sistema por no poder completar la totalidad del precio del servicio, mientras que con mayor renta sí podrían pagar recursos de mayor calidad.

Asimismo, ha retado al Grupo Popular a que reponga en los próximos Presupuestos Generales del Estado la financiación del Nivel Acordado (eliminada el año pasado) y, por otra parte, ha preguntado al PP si se va a mantener el modelo que inspiró la propia Ley, de manera que se haga una oferta pública y concertada de servicios, o por el contrario va a potenciar el modelo del ‘cheque-servicio’ para que “los ciudadanos tengan que buscarse la vida y, por ejemplo, con un tercio de lo que cuesta una residencia vayan peregrinando a ver cómo consigue que se le preste el servicio”, ha manifestado.

Igualmente, Montero ha subrayado que según el propio informe de evaluación realizado por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad de la aplicación de la Ley de la Dependencia en 2012, Andalucía ocupa las primeras posiciones en todos los indicadores, si bien ha asegurado que el Gobierno andaluz "no se conforma con eso" y seguirá esforzándose por mantener el sistema a pesar de las dificultades. Ha advertido que en esta materia se está retrocediendo en el conjunto de todo el país debido a las políticas del Partido Popular, y que en Andalucía se está intentando mitigar dicho retroceso tomando medidas para paliar el desmantelamiento de la Ley.


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