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Andalucía recibirá 89 millones de euros menos para financiar el sistema de atención de las personas dependientes

La Junta estudiará acciones legales frente al Real Decreto-Ley 20/2012 por llevar a la norma decisiones unilateralmente y sin abordarlas con las comunidades, como establece la Ley de la Dependencia

Andalucía recibirá 89 millones de euros menos en 2012 para financiar el sistema de atención de las personas dependientes, tal y como se desprende de la lectura del Real Decreto Ley 20/2012 de Medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad, que se publicó el sábado, 13 de julio, en el Boletín Oficial del Estado. Así, en el redactado de esta norma aparece una reducción de la aportación que hace el Estado al denominado Nivel Mínimo en más de un 13%, con lo que Andalucía dejaría de recibir 18,5 millones de euros, que se suman a los 70,7 que se eliminaron con los Presupuestos Generales del Estado el pasado mes de marzo. La cifra estimada para 2013 asciende a 125 millones de euros menos de financiación para la comunidad autónoma.

El denominado nivel mínimo de protección es el dinero que reciben las comunidades por cada dependiente en función de su gravedad. En concreto, la aportación del Estado por un gran dependiente de Grado III nivel 2 disminuye a partir del 1 de agosto de 266,57 euros a 231,28 euros y por uno de Grado III nivel 1, baja de 181,26 euros a 157,26 euros. En cuanto a los dependientes severos, el Grado II nivel 2 recibirá del Estado 89,38 euros cuando hasta ahora percibía 103,02 euros y el Grado II nivel 1 cobrará 52,06 euros con respecto a 70,70 euros.

La consejera de Salud y Bienestar Social, María Jesús Montero, ha denunciado que la reducción de la aportación del Gobierno Central a la financiación de la atención a las personas dependientes "no supone un ahorro sino que hace recaer en el resto de los actores un esfuerzo adicional". La titular de Salud ha explicado que "los beneficiarios son los mismos, los derechos de las personas están reconocidos, las personas están en el sistema, reciben prestaciones, con un modelo que se había convenido entre todos para dar la mejor atención a este colectivo".

Esta reducción se recrudecerá cuando entre en vigor la nueva calificación que elimina los niveles para aquellas personas que no se han incorporado aún al sistema. En este caso, se mantienen sólo los grados, llegando la reducción de la aportación estatal a un 30% más. En este momento, el Grado III recibirá 177,86, el Grado II 82,84 y el Grado I 44,33 euros. Esta nueva situación, ha dicho Montero, es sólo sostenible si los prestadores de servicio asumen estos descuentos, ya que la otra opción es "dejar de dar prestaciones a las personas que tienen el derecho reconocido; algo a lo que no queremos llegar".

Decisión unilateral

La consejera de Salud y Bienestar Social, María Jesús Montero, ha anunciado que la Junta de Andalucía estudiará emprender acciones legales frente al Real Decreto-Ley 20/2012 que incluye nuevos recortes en la financiación de la Ley de Dependencia. Estas nuevas medidas se han tomado, ha dicho Montero, "con nocturnidad y alevosía", ya que el Gobierno Central las ocultó en la última reunión del Consejo Territorial del Sistema de Autonomía y Atención a la Dependencia y las comunidades autónomas las han conocido a través de la "letra pequeña" del Boletín Oficial del Estado.

La consejera ha manifestado que fue en el BOE del sábado 14 de junio "cuando por fin se pudo dar lectura a la letra pequeña, pequeña y escondida adrede" de los temas que se deberían haber abordado en el Consejo Territorial de la Dependencia, que se celebró el martes 10, y donde se habló de algunos recortes que "ya dijimos que no compartíamos pero que en ningún caso eran tan demoledores como los que nos encontramos después".

Andalucía llevará al contencioso administrativo esta medida con el objetivo de que la "considere improcedente", ha asegurado Montero, puesto que la Ley de Dependencia establece que la modificación del nivel mínimo no puede hacerse unilateralmente, sino que el Gobierno Central debe contar con todas las comunidades autónomas.

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