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La Junta aprueba un decreto que blindará las competencias municipales frente a la Reforma Local

Sánchez Rubio ha manifestado que la nueva normativa "evita que se alejen de la población" los servicios más cercanos a la ciudadanía y 'garantiza el empleo'

El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía dará luz verde mañana a un decreto que blinda las competencias municipales para garantizar los servicios más cercanos a la ciudadanía frente a la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, conocida como la reforma de la Ley de Bases de Régimen Local. La consejera de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, María José Sánchez Rubio, ha manifestado en Jaén que la nueva normativa de medidas urgentes para la aplicación de esta Ley “evitará que se alejen de la población” servicios como los sociales o comunitarios, los centros de información a la mujer o las competencias locales en salud.

Asimismo, Sánchez Rubio ha asegurado que con este nuevo decreto el Gobierno andaluz garantiza el mantenimiento de los puestos de trabajo vinculados a estos servicios. Por lo tanto, el nuevo decreto de la Junta garantiza el “mantenimiento del empleo ya que hay más de 30.000 puestos de trabajo en Andalucía” vinculados directamente a los servicios sociales comunitarios y protegerá a “más de 101.000 usuarias que cada año acuden a los 169 centros de información a la mujer”.

La consejera ha insistido en que el nuevo texto de la Junta blindará estas competencias a través de “referentes legislativos autonómicos, como el Estatuto de Autonomía de Andalucía”, frente a la amenaza que supone la reforma estatal que “elimina cualquier servicio de los pueblos con menos de 20.000 vecinos y desnaturaliza el sistema de Servicios Sociales, desprecia su trayectoria histórica y la legislación sectorial que lo ha desarrollado en las CCAA en los últimos 25 años”.

Por tanto, los 772 municipios andaluces mantendrán las competencias asignadas en la ley andaluza de autonomía local (Laula) de 2010, en la que por primera vez se definieron las competencias propias, un total de 29, e impropias de las administraciones locales. Se trata de competencias como la ordenación, gestión y disciplina urbanística; la planificación y gestión de viviendas de protección oficial; la gestión de servicios sociales comunitarios y otros servicios; la promoción y defensa del medio ambiente; la promoción y defensa de la salud pública; la seguridad en las actividades en espacios públicos; la defensa y protección de usuarios y consumidores; la promoción del turismo; las políticas de integración de los inmigrantes; el fomento del desarrollo económico y social; las actividades culturales y el deporte y equipamientos deportivos de uso público, entre otras.

El nuevo decreto cuenta además con el respaldo del Consejo Andaluz de Concertación Local, un organismo consultivo paritario formado por la Junta andaluza y la Federación Andaluza de Municipios (FAMP).


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