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Sánchez Rubio defiende que la vertebración de las políticas sociales se garantice como derecho constitucional

La consejera andaluza defiende la apuesta de la Junta por los sistemas públicos de protección social, a los que se destina el 45,5% del presupuesto para 2015

María José Sánchez Rubio, ha defendido durante la jornada Los servicios sociales en el contrato ciudadano

La consejera de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, María José Sánchez Rubio, ha defendido durante la jornada ‘Los servicios sociales en el contrato ciudadano’ –que ha acogido el Congreso de los Diputados hoy– que “la vertebración de las políticas sociales se garantice como derecho constitucional, en cuanto los gobiernos debemos dar respuesta a los problemas desde el principio de justicia social, desde la solidaridad y el compromiso por garantizar derechos y asegurar la igualdad de oportunidades”. En este sentido, y al igual que en materia sanitaria, considera necesario reformar la Constitución Española para que recoja los derechos sociales como derechos fundamentales, no sólo para mantener los derechos conquistados hasta ahora sino para seguir avanzando en un sistema público de derechos y libertades.

La consejera andaluza ha afirmado que no comparte el “optimismo” del Gobierno de España, porque no es verdad, “porque hay miles de familias que no llegan a fin de mes y porque con la excusa de la crisis hemos perdido en el camino derechos básicos”. Para Sánchez Rubio, las políticas de austeridad, como los dos reales decretos aprobados como medidas urgentes en 2012, han incrementado las desigualdades y las situaciones de exclusión social, ya que los dos sistemas afectados, tanto el Sistema Nacional de Salud, como el de Servicios Sociales han visto reducida su financiación y su alcance (con reducciones del 28% en el presupuesto de servicios sociales y el 10% en el de salud, con respecto a 2011), justo en los momentos en que son más necesarios que nunca.

Es por ello que desde el Gobierno andaluz se defienda otra forma de hacer las cosas, centrando las prioridades en garantizar de forma efectiva los servicios públicos y garantizando los derechos sociales de la población, especialmente de la más vulnerable. Y lo hace con medidas concretas que parten de un presupuesto que blinda las políticas sociales, destinando el 45,5% del mismo a la Consejería que dirige Sánchez Rubio, y con un desarrollo legislativo garantista que ha sido en muchas ocasiones punta de lanza para el conjunto del Estado.

Como ejemplo de ello está la futura Ley de Servicios Sociales, con la que se busca garantizar un Sistema Público de Servicios Sociales como cuarto pilar del estado del bienestar y como instrumento para garantizar los derechos sociales estatutarios. Con esta nueva norma se introducen una serie de novedades como el derecho a la libre elección del tipo y modalidad de servicio más adecuado, a la voluntad anticipada, a participar en la toma de decisiones o a tener asignada una persona profesional de referencia. Y se introducen elementos técnicos como la Tarjeta Social y la Historia Digital que serán clave para la continuidad e integralidad de la atención social. Además, se establece un mapa de servicios sociales de Andalucía, se crea el primer Comité de Ética de los Servicios Sociales de Andalucía y se impulsa la Red Andaluza de Investigación de Políticas Sociales.

“Y todo ello a pesar del estrago causado por la Reforma de la Administración Local, que desmonta la cooperación entre comunidades autónomas y corporaciones locales y pone en riesgo el desarrollo de estas políticas y la cohesión del ámbito rural en Andalucía”, ha criticado Sánchez Rubio en su intervención.

De igual modo, la consejera andaluza ha hecho alusión a algunas medidas concretas que ponen de manifiesto la apuesta firme y sólida del Gobierno de Andalucía por sostener y reforzar el sistema de protección social, como son el Decreto de Inclusión aprobado en abril 2014, que beneficiará a 160.000 personas en Andalucía al año. Otro ejemplo muy evidente del compromiso con la población más frágil es el gran esfuerzo que se está realizando en dependencia, destinando la comunidad autónoma lo mismo que todo el Gobierno de la Nación para toda España. Así, en los presupuestos de la Junta para 2015 se consignan 1.131 millones (alrededor de 3 millones al día), prácticamente lo mismo que el Gobierno destina al conjunto de España (1.200 millones).

Andalucía sigue siendo líder en número de personas atendidas (163.348 personas beneficiarias que están disfrutando de un total de 220.140 prestaciones), a pesar de que el Gobierno central haya recortado 400 millones de euros para las personas dependientes andaluzas en los últimos años.

“En tiempos de crisis, se necesitan más recursos públicos y no menos, y se necesita que sean distribuidos desde la equidad y las necesidades de las personas”, ha subrayado Sánchez Rubio, para quien los gobiernos deben dar respuesta a los problemas desde el principio de justicia social, desde la solidaridad y el compromiso por garantizar derechos y asegurar la igualdad de oportunidades.

“Debe ser una prioridad recuperar, junto a los ciudadanos, la cobertura universal de nuestra sanidad y servicios sociales, generar empleo de calidad y defender los derechos que nos hacen más iguales, contribuyendo al crecimiento y al progreso de nuestra tierra”, ha zanjado.


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