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La Junta abona 75 millones para pagar servicios de atención a la dependencia

Más de 26.000 usuarios de centros residenciales y unidades de día y 90.000 personas con prestaciones económicas por cuidados en el entorno familiar son los beneficiarios de esta transferencia

La Junta de Andalucía ha transferido 75 millones de euros para pagar servicios de atención a la dependencia. Los pagos se destinan a 90.000 beneficiarios de prestaciones económicas por cuidados en el entorno familiar y más de 900 centros residenciales y unidades de día gestionadas tanto por corporaciones locales como por entidades en los que se atienden a más de 26.000 beneficiarios.

La consejera de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, María José Sánchez Rubio, ha recordado el "esfuerzo que viene realizando el Gobierno andaluz por mantener el sistema de atención a la Dependencia a pesar de la progresiva retirada del Gobierno central de la financiación de estos servicios". Así, ha señalado que "Andalucía continúa siendo la primera comunidad autónoma en desarrollo de la Ley de Dependencia con un 22% del total de beneficiarios de todo el país y un 24% de las prestaciones".

Con la transferencia realizada, la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales ha invertido más de 425,5 millones de euros en el sistema de atención a las personas con dependencia durante 2014. A este respecto, la consejera de Igualdad, Salud y Políticas Sociales ha recordado que Andalucía destinará 1.115 millones de euros en este año para la asistencia a personas en situación de dependencia mientras que el Gobierno de España sólo destinará 1.200 millones para todo el Estado.

La titular de Igualdad, Salud y Políticas Sociales ha subrayado que "Andalucía ha dejado de recibir del Estado un total de 314 millones para atención a la dependencia en lo últimos dos años". Actualmente, el Gobierno central aporta sólo el 28 por ciento de la financiación de la Ley de Dependencia frente al 72% de aportación de la comunidad autónoma andaluza, cuando se trata de una normativa que fue concebida para que ambas administraciones la sufragaran a partes iguales.


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