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Ley del Olivar

Una ley para el olivar de Andalucía

La importancia que representa el sector del olivar para Andalucía es clara en los ámbitos económico, social, medio-ambiental y cultural. El cultivo del olivar representa en Andalucía aproximadamente el 26% de la Producción Agraria (31% de la Producción Vegetal) siendo el segundo sector agrícola en importancia económica. Pero también es el sector que más empleo agrario genera (32% de mano de obra agraria), lo que le ha valido el apelativo de “cultivo social”.

En Andalucía, el cultivo del olivar trasciende la vertiente exclusivamente agraria, llegando a ser el elemento decisivo en la conformación del entramado social, cultural y ambiental de un gran número de sus municipios. La industria asociada al olivar (almazaras, entamadoras...) vertebra y cohesiona el medio rural donde se asienta, apoyándose en un fuerte movimiento asociativo de base. Es la principal actividad de más de 300 pueblos andaluces en los que viven más de 250.000 familias.

El cultivo del olivo posee un alto valor ambiental, como lo demuestran las diversas funciones, aparte de las meramente comerciales, que puede realizar; como son la provisión de bienes públicos, el mantenimiento de la población rural, la vigilancia del territorio, y puede llegar a ser un referente dentro del sector agrario, en la lucha contra el cambio climático. Junto a su contribución por el desarrollo de sistemas sostenibles cabe citar también su papel como sumidero de gases de efecto invernadero y su potencialidad para la generación de energías renovables.

Por último, el olivar ha condicionado el paisaje, la cultura y la forma de vida de gran número de municipios andaluces donde ha tenido lugar su cultivo de manera tradicional, lo que ha dado lugar a un patrimonio cultural, de interés artístico, ambiental, histórico, arqueológico, documental, científico y técnico. Más allá del valor económico de las producciones del olivar, la explotación de este patrimonio cultural supone una base para el desarrollo de estrategias locales, encuadradas en un marco de crecimiento sostenible y ordenado que refuerza la conciencia de identidad de la sociedad que vive en un determinado territorio. Por todo ello, se justifica el desarrollo de una Ley para el olivar en Andalucía.


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