Principios usados para evaluar las políticas
de ajuste del FMI y el banco mundial
1. RESPONSABILIDAD. El FMI y el Banco Mundial deberían
responder de las consecuencias de sus operaciones de préstamo
a grupos en los países prestatarios, especialmente poblaciones
pobres y marginadas.
2. RESULTADOS DE DESARROLLO. Las instituciones financieras internacionales
(IFI) son públicas y, como tales, debería esperarse
que sirvieran el bien público proponiendo políticas
económicas que mejoraran la calidad de vida de los ciudadanos
permitiendo el acceso a servicios sanitarios y educativos básicos,
reduciendo o eliminando la pobreza y la desigualdad, protegiendo
las normas laborales, protegiendo a los consumidores y protegiendo
el medio ambiente y los recursos naturales.
3. PARTICIPACIÓN. Son los electores de los países
prestatarios, los principales afectados, quienes deberían
decidir si sus gobiernos deben contratar préstamos en
divisa fuerte de las IFI y cuándo deben hacerlo. Los
interesados también deberían determinar e indicar
posibles operaciones de crédito para su financiación
por parte de acreedores extranjeros, incluidos el FMI y el Banco
Mundial.
4. TRANSPARENCIA. Las estrategias por países del FMI
y del Banco Mundial, así como los documentos de crédito
para cada país, deberían estar a disposición
del público, tanto en proyecto como en su forma final,
para su discusión ciudadana y parlamentaria previamente
a su puesta en práctica.
5. DEMOCRACIA. La financiación de las IFI no debería
utilizarse como palanca para subvertir el consenso social y
los procesos democráticos en los países prestatarios.
Siempre que sea posible, la política de desarrollo nacional
y los programas de reforma económica deberían
forjarse a través de un proceso democrático interno
que construya un amplio consenso social.
Acrónimos
CONAIE: Confederación de Nacionalidades Indígenas
del Ecuador
CAS: COUNTRY ASSISTANCE STRATEGY (ESTRATEGIA DE AYUDA AL PAÍS).
La CAS es el plan de negocios del Banco Mundial que éste
prepara para cada país prestatario. Durante los últimos
cinco años, los gobiernos han contribuido a la CAS y,
en algunos casos, organizaciones de la sociedad civil también
han hecho aportaciones al Banco.
LOI: LETTER OF INTENT (PROTOCOLO DE INTENCIONES). Técnicamente
los gobiernos prestatarios elaboran un "protocolo de intenciones"
dirigido al FMI que especifica la cantidad de recursos requeridos
y los términos y condiciones aceptables para la transacción.
De hecho, el FMI suele ser el autor de los protocolos.
IFIs: Instituciones Financieras Internacionales (el FMI y el
Banco Mundial)
IVA: Impuesto sobre el Valor Añadido
GOE: Gobierno del Ecuador
PAE: Préstamo de Ajuste Estructural
IED: Inversión Extranjera Directa
Nota sobre el papel del fmi en la movilización de recursos
externos para el gobierno del ecuador
El poder del FMI no lo exhiben las cantidades de dinero que
presta. Ecuador toma prestado menos del FMI que de otros acreedores,
como el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Mundial
o la Corporación de Desarrollo Andino.
El poder del FMI se deriva de:
(a) Su posición de "acreedor preferente", con
lo que se quiere decir que los gobiernos prestatarios están
obligados a dar mayor prioridad al pago de la deuda del FMI
que al de otras deudas (el Banco Mundial también es un
acreedor preferente).
(b) Las condiciones que conllevan los acuerdos de crédito
del FMI.
(c) La capacidad del FMI para movilizar recursos de varios acreedores.
Esta "advertencia informativa sobre los PAE" informa
sobre las condiciones impuestas por el FMI. Pero son necesarias
unas palabras sobre el papel de la institución a la hora
de movilizar recursos.
El FMI recibe algunas veces la denominación de "portero"
("gatekeeper") porque decide si abre o cierra la "puerta"
entre un gobierno prestatario y sus acreedores. A menos que
el FMI dé su "sello de aprobación",
con el que se quiere decir que las políticas de un gobierno
son "adecuadas", el gobierno puede verse en la imposibilidad
de obtener créditos. El "sello de aprobación"
del FMI envía una "señal" (una "luz
verde") a los gobiernos e instituciones acreedores con
la que indica la "adecuación" de las políticas
financieras y económicas de un gobierno. Mediante su
transacción con Ecuador, el FMI otorgó su "sello
de aprobación" a las políticas del gobierno
de Ecuador.
Ecuador ha alcanzado notoriedad porque es el único país
que no ha pagado sus bonos Brady, que son bonos garantizados
que reciben su nombre del ex Secretario de Estado para el Tesoro
estadounidense Nicholas Brady. Con anterioridad al impago en
el otoño de 1999, los tenedores de bonos presionaron
al FMI para asegurar su pago. Querían que el FMI diera
su "sello de aprobación" a las políticas
del gobierno ecuatoriano, de forma que éste los reembolsara
y evitara un impago. Los tenedores de bonos se enfurecieron
cuando el FMI, que ha gestionado una serie de garantías
públicas a inversores privados durante los noventa, se
negó a secundar sus peticiones. Por tanto, Ecuador dejó
de reembolsar 6.500 millones de dólares EEUU en bonos
Brady.
Es mala política que el FMI (u otros acreedores) usen
dinero público (de los contribuyentes) para reembolsar
a acreedores privados. Sin embargo, fue una equivocación
que el FMI (apoyado por la Hacienda Pública de los EEUU)
usara a Ecuador como "conejillo de Indias" para una
nueva política. El FMI debería haber presionado
a los tenedores de bonos a que aceptaran una suspensión
temporal en el servicio de la deuda hasta que se entablaran
negociaciones. Quizás el FMI (y la Hacienda de los EEUU)
permitieron el impago de Ecuador porque es demasiado pequeño
(no como Rusia) como para constituir una amenaza para el sistema
internacional. El préstamo del FMI en abril de 2000 al
Ecuador tiene una condición obligatoria: Ecuador debe
avenirse a reescalonar la deuda en bonos Brady y en eurobonos.
En marzo de 2000, el Banco Mundial y el FMI emitieron una declaración
conjunta "señalando" que el programa de reforma
social y económica de Ecuador merecía apoyo e
indicando a otros acreedores bilaterales, multilaterales y comerciales
que Ecuador "volvía al buen camino". Esta función
de "señalamiento" da al FMI niveles desmesurados
e inadecuados de poder en el sistema financiero internacional.
La transacción del FMI por valor de 300 millones de dólares
EEUU con el Estado ecuatoriano en abril de 2000 moviliza más
de 1.700 millones en recursos adicionales del Banco Mundial
(425 millones de dólares en tres años, suponiendo
un buen comportamiento por parte del citado gobierno), el Banco
Interamericano de Desarrollo (625 millones de dólares
en tres años, más 500 millones de la Comisión
de Paz Ecuatoperuana) y la Corporación de Desarrollo
Andina (700 millones en tres años). También se
espera la llegada de ayuda de otras fuentes, entre las que se
cuentan las siguientes: PNUD, USAID, el Carter Center, Transparency
International, el Gobierno de los Países Bajos y Canadá.
Alerta informativa del programa de ajuste estructural (pae)
sobre el préstamo del fmi a ecuador, acompañada
de información (basada en entrevistas) sobre el préstamo
de ajuste estructural (pae) del banco mundial y el proyecto
de estrategia para la ayuda al país (eap)
I. Introducción
Después de muchos meses de caos económico e intentos
fallidos de negociación con el FMI, el Gobierno de Ecuador
ha llegado finalmente a un acuerdo con el FMI. El nuevo préstamo
del gobierno ecuatoriano, llamado "acuerdo stand-by",
garantiza el "sello de aprobación" del FMI
para las políticas económicas gubernamentales.
Dicho "sello de aprobación" permite al muy
necesitado e inestable gobierno del país recibir fondos
en préstamo de una serie de acreedores (por ejemplo,
el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo y la
Corporación de Desarrollo Andino). El FMI deriva su poder
de su capacidad para movilizar recursos de la comunidad financiera.
El préstamo del FMI por un importe de 300 millones de
dólares apalancó unos 1.700 millones de dólares
de otros acreedores. Ahora que le llegan recursos, el gobierno
ecuatoriano ha reanudado las negociaciones con los tenedores
de bonos.
La mencionada "alerta informativa del PAE" se centra
en las políticas de ajuste estructural que condicionan
el Acuerdo Stand-by para 12 meses, el Préstamo de Ajuste
Estructural del Banco Mundial (PAE) y la estrategia de ayuda
al país por parte del Banco Mundial. Entre las fuentes
de información de la "Alerta del PAE" están
las siguientes:
· El "Protocolo de intenciones" del gobierno
ecuatoriano dirigido al FMI Este documento es (en teoría)
elaborado por el Ministro de Economía o el Gobernador
del Banco Central y va dirigido al Director del FMI resumiendo
las políticas económicas que el gobierno se propone
poner en práctica. De hecho, la elaboración del
documento corresponde con frecuencia a funcionarios o consultores
del FMI.
· El "Memorándum de Acuerdo" entre el
FMI y el gobierno.
· El "Documento informativo de proyecto" para
el préstamo de ajuste estructural del Banco Mundial (PAE).
Se trata de un documento público, disponible antes de
la aprobación del préstamo por el Consejo de Gobernadores,
que resume el contenido básico y los objetivos del préstamo.
· Información procedente de entrevistas sobre
el proyecto de estrategia de ayuda al país del Banco
Mundial (EAP). El Banco Mundial prepara una EAP para cada uno
de sus países prestatarios. La EAP describe la lógica
y el objetivo de los créditos del Banco al Estado ecuatoriano
durante los próximos dos años. La EAP también
resume los planes del Banco para operaciones concretas de préstamo.
En Ecuador el Banco Mundial proyecta algunas operaciones: algunas
reforzarán mucho las condiciones de ajuste estructural
del FMI.
Las fuentes de información citadas anteriormente, con
la excepción del documento informativo de proyecto, no
son públicas en forma de borrador. Pueden publicarse
sólo después de que la estrategia de préstamo
o de país ha sido aceptada por el gobierno ecuatoriano
y aprobada por el FMI o el Consejo de Gobernadores del Banco
Mundial. El debate público y la participación
ciudadana en decisiones importantes de política económica
se ve seriamente obstaculizado por esta política de secretismo
por parte del FMI, el Banco Mundial y los gobiernos prestatarios.
El Acuerdo Stand-by permitió que el GOE recibiera inicialmente
112 millones de dólares. Seguirían cinco plazos
bimensuales de 37 millones cada uno si el gobierno ecuatoriano
se ajustaba a los criterios de comportamiento del FMI (véase
más adelante para la descripción de los criterios
de rendimiento, que son condiciones obligatorias o vinculantes
que debe cumplir el gobierno ecuatoriano.). Un criterio de comportamiento
corriente del FMI exige que los prestatarios cumplan ciertos
objetivos fiscales. El Acuerdo Stand-by estipula que el déficit
presupuestario de Ecuador no puede exceder el 2% del PIB. Si
este objetivo no se alcanza, el FMI puede suspender o denunciar
el Acuerdo. La parte IV describe el papel del Banco Mundial
a la hora de reforzar las condiciones del FMI. En primer lugar,
el Banco insiste en que sus prestatarios estén en "buena
situación" con el FMI al objeto de recibir recursos
del Banco: esto es, los prestatarios han de cumplir las condiciones
del FMI. En segundo lugar, según ciertas fuentes, el
Banco puede recortar sus créditos al Estado ecuatoriano
si el gobierno del país deja de consolidar programas
sociales y mantiene el gasto social en determinados niveles
a lo largo de los tres años siguientes. Ello puede ser
causa de preocupación dado que el gasto social ha disminuido
considerablemente en los últimos años y dadas
las precarias circunstancias de la mayoría de la población
ecuatoriana.
II. Contexto
Los ciudadanos ecuatorianos están pasando por una práctica
catástrofe económica y social. En un año,
1999, la economía se vino abajo:
· La pobreza pasó al 44% desde un 38% en 1998.
· El PIB cayó un 7%.
· Los precios al consumo crecieron casi un 60%.
· El paro aumentó cerca de un 50%.
· Los salarios reales bajaron más de un 20%.
· Los niños de entre 6 y 15 años que no
pueden permitirse la escolarización pasaron de un 50%
en 1998 a un 64%.
· Las personas que no pueden tener acceso a la atención
sanitaria pasaron de un 50% en 1998 a un 70%.
· El valor del azúcar cayó en dos tercios.
En este periodo los depósitos bancarios congelados y
la valoración del sucre en 25.000 por dólar han
erosionado el valor real de los salarios y los mínimos
ahorros de los pobres y de la clase media.
Se espera que, en este año, la mitad de la población
de Ecuador viva por debajo del indicador de pobreza. Cerca de
un tercio de la población carece de acceso a agua potable.
Más de un 40% de la población carece de acceso
a alcantarillado y a servicios sanitarios. Existe un grado importante
y creciente de desigualdad en la renta.(2)
Existe una amplia y profunda preocupación sobre algunos
aspectos de la transacción con el FMI. En concreto, los
ciudadanos preguntan lo siguiente:
· Si estos recursos alimentarán la fuga de capitales
y el fraude. Existe una historia de fraude rampante en Ecuador.
La corrupción fue coadyuvante en el derrocamiento de
los últimos cuatro presidentes del país. (3)
· Si los intereses de la política exterior estadounidense
impulsan la intervención del FMI en el país. Se
dice que el gobierno ecuatoriano solicitó el crédito
del FMI a cambio de permitir el mantenimiento de las bases militares
estadounidenses en el país.
· Si el préstamo reembolsa a inversores privados
a expensas de los contribuyentes ecuatorianos, añadiéndose
a la ya pesada carga de la deuda.
· Si se puede volver atrás sobre el proceso de
dolarización, que subordina las políticas monetaria
y financiera de Ecuador a las de la Reserva Federal estadounidense,
o si éste puede detenerse.
· Si las políticas económicas apoyadas
por el FMI seguirán empobreciendo a los ecuatorianos
pobres y de clase media.
· Si los intentos de explotar las reservas de petróleo
tendrán consecuencias negativas irreversibles para el
medio ambiente y las poblaciones marginadas. Los planes de crecimiento
económico se basan en gran medida en la construcción
de un segundo oleoducto transandino y en ingresos elevados y
crecientes procedentes del petróleo.
· Si los componentes de privatización y de reforma
del sector público del programa de ajuste estructural
reducirán el acceso a los servicios, aumentarán
los precios, agravarán el paro o minarán los derechos
de negociación colectiva.
Los defensores del programa de reforma económica del
Gobierno dicen que éste fomentará un crecimiento
de amplia base; los oponentes sostienen que el programa empobrecerá
aún más a la mayoría de la población
ecuatoriana. Mantienen que los procesos de dolarización
y el plan de recapitalización del sector bancario agravarán
la inmensa deuda del país. Existe preocupación
de que el programa apoyado por el FMI y el Banco Mundial erosione
las instituciones del Estado, exija recortes en servicios sociales
y en subvenciones de bienes esenciales, imponga reformas regresivas
de la estructura impositiva y contribuya a un empeoramiento
general en la calidad de vida para los ciudadanos ecuatorianos.
La oposición al programa del gobierno encabezó
una amplia movilización y una protesta en enero de 2000.
La Confederación de Nacionalidades Indígenas del
Ecuador (CONAIE) y otros movimientos populares organizaron un
gobierno paralelo encabezado por Antonio Vargas de CONAIE.(4)
La CONAIE y sus aliados podrían estar hoy en el poder
si no fuera por la colaboración de los Estados Unidos
con los militares ecuatorianos para colocar en el mismo al Presidente
Noboa.(5)
La CONAIE ha propuesto que algunas de las reformas económicas
más controvertidas se sometan a un proceso político
democrático. La organización propone que se celebre
un plebiscito sobre ciertas condiciones políticas ligadas
al crédito del FMI, entre las que se cuentan la dolarización
de la moneda ecuatoriana y la privatización de empresas
estatales.
¿Cuál es el programa del Gobierno? Gran parte
del mismo aparece en las condiciones del FMI y del Banco Mundial.
La tercer parte describe las condiciones del FMI. La cuarta
parte, basada en entrevistas, describe los proyectos que el
Banco Mundial pretende aplicar mediante su Estrategia de Ayuda
al País (EAP) y un Préstamo de Ajuste Estructural
(PAE).
III. Condiciones para el crédito del FMI:
El FMI propuso y el Gobierno ecuatoriano aceptó tres
tipos de condiciones al crédito:
A. Acción previa. Esta es una condición previa,
exigida con anterioridad a la entrega del préstamo. Por
ejemplo, el FMI exigía que el Congreso ecuatoriano aprobase
una modificación de la Ley Fundamental para la Transformación
Económica del Ecuador.
B. Criterios de rendimiento. Estas condiciones son vinculantes
y el Gobierno está obligado a cumplirlas. Si no las cumple,
el FMI tiene la opción de interrumpir o cancelar el acuerdo
de préstamo.
C. Índices estructurales de referencia. Estas condiciones
no son obligatorias. Sin embargo, la percepción del FMI
sobre el comportamiento general de un Estado prestatario se
ve influida por el rendimiento de tal Estado en relación
con unos índices estructurales de referencia. El incumplimiento
de estas condiciones no suele ser causa de suspensión
o "interrupción" de un préstamo.
Las condiciones de cada tipo impuestas por el FMI se describen
a continuación.
a. Acción previa:
Con anterioridad a la liberación del préstamo
del FMI en abril, el Congreso ecuatoriano debía aprobar,
conforme al Acuerdo Stand-by, una modificación de la
Ley Fundamental para la Transformación Económica
del Ecuador con el fin de preparar el terreno a algunas reformas,
entre las que se incluyen la reestructuración del sistema
bancario "de un modo satisfactorio para las instituciones
financieras internacionales."
La ley, con la modificación exigida, fue aprobada el
1 de marzo de 2000. Dispone, entre otras cosas, lo siguiente:
· DOLARIZACIÓN. La dolarización otorga
a la Reserva Federal de EEUU la responsabilidad de la política
monetaria y financiera del Ecuador. El sucre (que se cambiaba
a 7.000 por dólar hace 18 meses) será dolarizado
a razón de 25.000 sucres por dólar.
Observación: la dolarización oficial o formal
no tiene precedentes en América Latina (con la excepción
de Puerto Rico y Panamá, países caribeños
que han estado sometidos a las leyes territoriales norteamericanas).
En Ecuador, la propuesta de dolarización sigue siendo
enormemente controvertida. Las encuestas dicen que un 60% de
la población se opone a la misma. Muchos ciudadanos objetan
la pérdida de soberanía implícita en la
pérdida de la moneda nacional, el sucre. La Reserva Federal
estadounidense usará las palancas de la política
financiera y monetaria para beneficiar a los Estados Unidos,
no a Ecuador. Los ciudadanos ecuatorianos también plantean
objeciones al tipo de cambio (25.000 sucres por dólar)
empleado en el proceso de dolarización. Este tipo de
cambio ha reducido el valor de los bienes denominados en sucres
en cerca de un 70% a lo largo de los últimos 18 meses.
En enero de 2000 se produjo una masiva protesta popular contra
algunas políticas, incluida la dolarización.
· FLEXIBILIDAD DEL MERCADO LABORAL." La ley prepara
el camino para reformas laborales que incluyen la eliminación
de restricciones que, hasta ahora, han impedido a los patronos
usar contratos temporales y "unificación" de
salarios. El Gobierno se propone continuar su programa de reformas
de la función pública despidiendo a 26.000 empleados
del sector público para el 2002.
Observación: La "flexibilidad" del mercado
laboral es un eufemismo para medidas que generalmente tienen
el efecto de debilitar el poder negociador de los sindicatos,
incrementar la inseguridad laboral y disminuir los salarios
con el fin de incrementar la competitividad internacional de
las economías.
· PRIVATIZACIÓN. Dos empresas de telecomunicaciones
públicas serán privatizadas. También se
privatizarán seis empresas estatales productoras y 18
distribuidoras de electricidad.
Observación: A menudo la privatización ha significado
la venta de empresas estatales a multinacionales o al empresariado
local privilegiado, relacionado estrechamente con el Gobierno.
Ello acrecienta la concentración de rentas y riquezas.
En algunas circunstancias, la privatización de servicios
eleva los costes y limita el acceso a los mismos por parte de
regiones o comunidades pobres. No están claras las disposiciones
que esté tomando el Gobierno ecuatoriano para garantizar
que los ciudadanos pobres tengan acceso a las telecomunicaciones
y a los servicios eléctricos. Algunas veces la privatización
mejora el suministro del servicio. Sin embargo, las distribuidoras
eléctricas existentes adeudan pagos a la eléctrica
estatal (INECEL). Por tanto, el Estado está socializando
la deuda de empresas privadas; es decir, que los ingresos retenidos
son una carga para el contribuyente ecuatoriano y contribuyen
a una estructura fiscal regresiva.
· LICENCIAS PARA OLEODUCTOS con el fin de permitir a
las petroleras internacionales la construcción y explotación
de oleoductos. Concretamente, se proyecta un segundo oleoducto
transandino.
Observación: El FMI y el Banco Mundial aluden a la reputación
de la petrolera estatal, Petroecuador, como grande e ineficiente.
No obstante, las exportaciones petroleras representan un porcentaje
creciente (de un 15% a un 19%) del PNB del país. La expansión
de las exportaciones de petróleo supone una fuente lucrativa
de divisas fuertes que, entre cosas, son necesarias para atender
la gigantesca deuda del Ecuador. El GOE intentará atraer
inversión extranjera directa (IED) al sector energético.
Para atraer dicha IED los gobiernos suelen conceder amplias
exenciones fiscales u otras subvenciones a las multinacionales.
A menudo cambian los sistemas de registro de la propiedad de
la tierra con el mismo fin, tal como planea el Gobierno ecuatoriano.
Se precisa más información sobre los planes de
expansión del sector energético, los proyectos
concretos de legislación para el sector de los hidrocarburos
(véase la parte IV) y las posibles consecuencias sociales
y medioambientales de tales proyectos.
· REFORMA DEL SECTOR FINANCIERO en el contexto de un
sector bancario en proceso de colapso. Un Memorándum
de Acuerdo entre el FMI y el Gobierno ecuatoriano afirma que
"el coste fiscal definitivo de la crisis bancaria no puede
calcularse con precisión alguna en este momento."(6)
Sin embargo, se han determinado los siguientes costes fiscales
que superan los 3.000 millones de dólares.
1.400 millones de dólares en bonos del Estado para capitalizar
la Agencia de Garantía de Depósitos (AGD).
300 millones de dólares en 2000 para recapitalizar bancos.
155 millones de transferencia presupuestaria a la Agencia de
Garantía de Depósitos (AGD) para reembolsar los
depósitos garantizados de los bancos cerrados.
811 millones de dólares en bonos del Estado para reembolsar
depósitos garantizados de los bancos cerrados.
Observación: Actualmente el Estado ecuatoriano paga unos
160 millones de dólares anuales de intereses sobre anteriores
emisiones de bonos (más que todo el presupuesto de sanidad
para 1999). Esta cifra aumentará mucho en el futuro a
medida que se generen deudas a través de los nuevos bonos
emitidos para recapitalizar el sector bancario.
b. Criterios de rendimiento.
Estas condiciones apuntan las medidas que el Gobierno ecuatoriano
debe tomar para mantener su línea de crédito del
FMI y de otros acreedores.
* El Gobierno ha de cumplir sus obligaciones de pago de la deuda
externa. Se concede una excepción temporal mientras se
reestructuran los bonos Brady y los eurobonos y mientras se
reescalona la deuda con el Club de París.
Observación: En 1998, la deuda exterior pública
y con aval público era de un 66 por ciento del PIB. En
1999, con la disminución del PIB, la depreciación
del azúcar y la crisis bancaria, alcanzaba al 90 por
ciento del PIB. A lo largo de 2000 puede esperarse que los pagos
de intereses (sobre la deuda externa) alcancen los 1.200 millones
de dólares, más de un diez por ciento del PIB
previsto y una previsión del 54% sobre el presupuesto
del Estado. La creciente carga de la deuda tiene graves consecuencias
para los ciudadanos de Ecuador, como incrementos fiscales y
recortes de los servicios públicos.
* Reducir la inflación al 20 por ciento en 2002; el déficit
público no debe superar el 2% del PIB y la deuda externa
pública no debe superar el 70 por ciento del PIB.
Observación: El objetivo de déficit presupuestario
obligará a un programa muy estricto de austeridad fiscal,
dada la gran proporción de gasto público destinado
a servicio de la deuda. Según informes, el Banco Mundial
puede recortar su propio programa de créditos si el Gobierno
ecuatoriano no se atiene a objetivos concretos de gasto en el
sector social.
* El 1 de julio de 2000 el Gobierno debe incrementar los precios
del combustible doméstico en un 60% y los del gas para
cocinar en un 40%. El 1 de octubre debería subir el precio
de la gasolina de alto octanaje en un 60%, el de la gasolina
de bajo octanaje y el del diésel en un 30%, y el del
gas para cocinar en un 40% (con respecto a los precios de junio
de 2000).
Observación: El Gobierno impuso un calendario algo distinto
que comenzaba en junio con incrementos de precios y reducción
de subsidios en gasolina, diésel, carburante comercial
e industrial, y productos derivados del petróleo. Dadas
la oposición y la protesta ciudadanas, el Gobierno planeaba
posponer la subida del 1 de julio de 2000 en el precio del gas
para cocinar hasta el mes de octubre. La permanente oposición
ciudadana a estas medidas puede requerir otras revisiones.
c. Índices estructurales de referencia
· Las sobretasas a la importación deberían
eliminarse a partir del 1 de enero de 2001. Por tanto, el proyecto
de presupuesto de 2001 presentado por el Gobierno al Congreso
tendría que reflejar pérdidas de ingresos por
este motivo.
· Observación: El Estado ecuatoriano necesita
expandir, no restringir sus fuentes de ingreso. Además
de la pérdida de ingresos, las reducciones arancelarias
pueden resultar en una afluencia de nuevas importaciones que
pueden minar la producción interna industrial y agrícola.
· El Gobierno debe presentar al Congreso una legislación
de reforma fiscal que incluya un incremento del tipo y una ampliación
de la base del impuesto sobre el valor añadido (IVA),
una reducción de la exención personal en el impuesto
sobre la renta y un nuevo impuesto sobre el consumo de derivados
del petróleo de uso doméstico.
Observación: Son necesarias nuevas fuentes de ingresos
estatales, pero las propuestas de reforma fiscal tendrían
que garantizar un reparto equitativo de la nueva carga. Todas
las categorías de ingresos deberían soportar proporciones
similares de la carga fiscal. En otras palabras, las propuestas
de reforma fiscal no deberían agravar el carácter
regresivo de la estructura impositiva.
· El sistema bancario debe ser recapitalizado y reestructurado
dentro de una reforma normativa. Este objetivo se ve complicado
por el hecho de que, en 1998, cerca de un tercio, según
estimaciones, de todos los activos del sistema bancario se encontraban
en paraísos fiscales. Más de veinte requisitos
adicionales estipulan cómo debe llevarse a cabo la reestructuración.
El FMI exige que el Gobierno acepte un complejo sistema de supervisión
de datos financieros detallados, entre los que se cuentan: la
cuantía y composición de los depósitos
internos y en paraísos fiscales, la cuantía y
composición de acciones y bonos, la masa monetaria, la
cuantía de los depósitos en divisas, el balance
del Banco Central, la cuantía y composición de
los pagos externos atrasados y las contabilidades de los bancos
privados comerciales y del Banco Nacional de Fomento.
IV. Condiciones para la ayuda del banco mundial
La Estrategia de Asistencia al País (CAS) esboza una
serie de préstamos que el Banco se propone conceder en
los tres años siguientes. Aparentemente, el Banco considera
una "situación inicial" en la que al Estado
ecuatoriano se le permitiría endeudarse en 425 millones
de dólares en tres años para una serie de créditos,
incluido un programa de ajuste estructural y un programa de
reforma del sector público y privatización, programas
para fomentar la rehabilitación del sector bancario y
la reestructuración de deudas empresariales, así
como programas de desarrollo rural y del sector social(7). Los
programas de desarrollo rural incluirían planes para
reducir los costes de transacción para el registro de
la propiedad de la tierra en un 10% en dos años.
Condiciones del Banco Mundial. El Banco Mundial tiene dos tipos
de condiciones.
· Desencadenantes.
Las condiciones desencadenantes se definen en una CAS. Las condiciones
desencadenantes pueden determinar el número total y el
volumen de operaciones de crédito que pueden aplicarse
a un país y el ritmo de desembolso de los créditos.
· Condiciones para la liberación de tramos.
Son las condiciones ligadas a la liberación de un desembolso
o tramo de un crédito pendiente.
El Préstamo de Ajuste Estructural (PAE). El PAE comprende
150 millones de dólares de los 425 correspondientes al
programa CAS. Las condiciones del PAE se centran en la reforma
del sector público, incluyendo la reforma del sistema
fiscal, la puesta en funcionamiento del fondo de estabilización
para el petróleo y la puesta en marcha del proceso de
privatización en la electricidad y las telecomunicaciones.
El Banco ayudará a desarrollar una legislación
que abra los sectores eléctrico y de telecomunicaciones
a la participación del sector privado y también
en la preparación de legislación que aumente la
inversión privada en la explotación y producción
de hidrocarburos. Otras condiciones para el PAE se refieren
a la rehabilitación del sistema bancario, la reprivatización
de los bancos controlados por la Agencia de Garantía
de Depósitos y la supervisión y redirección
de programas sociales.
La hipótesis punitiva. El Banco reducirá sus créditos
de 425 millones a 150 en tres años si el Estado ecuatoriano
incumple dos condiciones "desencadenantes" importantes:
1) Cumplimiento del programa del FMI y 2) consolidar los programas
sociales y mantener (y no superar) el gasto social a ciertos
niveles en los próximos tres años. Parece que
el objetivo del gasto social puede ser el 7% del PIB, por término
medio, a lo largo de los próximos tres años. Tal
objetivo podría resultar muy poco satisfactorio si el
PIB sigue bajando (el PIB bajó un 7,3% en 1999). En esta
hipótesis punitiva, el Banco ampliaría un pequeño
préstamo de ajuste estructural (50 millones de dólares)
junto con dos créditos menores para desarrollo social
y asistencia técnica al sector financiero.
Es inadecuado que el Banco recorte su propio programa de créditos
si el Gobierno ecuatoriano incumple ciertos objetivos de gasto
social. Ésta es una cuestión de gran calado político.
Se dice que el Congreso ecuatoriano ha sido excluido de decisiones
en materia de objetivos de gasto social. En 1999, el gasto social
bajó un 10%. El gasto público en sanidad ha caído
un 40% desde mediados de los ochenta. Cada vez menos gente puede
permitirse la asistencia sanitaria; los niños no pueden
acceder a la escuela. Los niños intentan incorporarse
al mercado de trabajo a montones. Se espera que la situación
empeore. El Banco calcula que los precios al consumo aumenten
un 60% en 2000, después de un incremento anterior del
60% en 1999.
Otras condiciones "desencadenantes" importantes que,
en caso de incumplimiento, podrían retrasar los créditos
del Banco son la reestructuración y recapitalización
del sector bancario, la elaboración de legislación
sobre hidrocarburos y sector eléctrico y un rendimiento
satisfactorio en las operaciones financiadas por el Banco. El
incumplimiento de estas condiciones aplazaría las operaciones
de crédito.
V. Observaciones y preguntas:
1. Reducción de la deuda.
¿Por qué no hay ningún programa general
de reducción de la deuda ecuatoriana? ¿Cómo
han afectado al servicio futuro de la deuda los nuevos créditos
exteriores del FMI y otros acreedores extranjeros y la reestructuración
de la deuda del Club de París y de los tenedores de bonos?
¿Qué porcentaje de obligaciones (deuda y servicio
de la deuda) se adeuda al FMI? ¿Al Banco Mundial? ¿Al
Banco Interamericano de Desarrollo? ¿A tenedores de bonos?
¿A bancos comerciales?
2. El objetivo de la reducción de pobreza.
En las asambleas anuales del FMI y Banco Mundial, el FMI declaró
que, en lo sucesivo, la reducción de la pobreza sería
el objetivo fundamental de sus operaciones. ¿Qué
efectos tendrán los créditos de estas instituciones
en los elementos siguientes?:
· Distribución de la renta y recursos.
· El nivel de vida del 20% y del 40% más pobre
de la población.
· Los precios de los alimentos básicos y otros
productos de primera necesidad.
· La creación de empleo.
· El acceso al agua potable, la sanidad básica
y la instrucción elemental.
3. Gasto social.
¿Por qué establece el Banco Mundial un objetivo
de gasto social en una media del 7% del PIB a lo largo de los
próximos tres años? ¿Se pondrá en
práctica dicho objetivo si el PIB sigue cayendo? ¿Qué
consecuencias sociales experimentará el pueblo ecuatoriano
como resultado de un gasto en el nivel perseguido?
4. Privatización.
¿Cuáles son las consecuencias previstas de la
privatización de las telecomunicaciones y los servicios
eléctricos? ¿Se realizarán estudios de
impacto independientes que valoren otras opciones? ¿Cómo
podría impedirse la constitución de monopolios
privados? ¿Cómo podría verse afectado el
acceso a los servicios y su coste? ¿Se mantendrán
los derechos de negociación colectiva en las empresas
recién privatizadas?
5. Aumentos de precios.
¿Cuáles son las consecuencias sociales y medioambientales
previstas de los incrementos de precios en el diésel,
la gasolina y el gas de cocina? ¿Cómo se verán
afectados los costes de transporte y vivienda?
6. Prospección de hidrocarburos.
¿Cuáles son los efectos sociales y medioambientales
previstos en la construcción y funcionamiento de oleoductos?
¿Qué empresas participan? ¿Cómo
puede el público conseguir esas valoraciones de impacto?
7. Fuga de capitales y corrupción.
¿Qué pasos están dando el FMI, el Banco
Mundial y el sector bancario para garantizar que los nuevos
recursos crediticios no alimentarán viejos modelos de
fuga de capitales o fraude y corrupción por parte de
funcionarios públicos y sector privado?
8. Reparto de la carga con el sector privado.
¿Qué pasos se están dando para garantizar
que los acreedores privados asuman una parte importante del
coste que acarrea el incumplimiento de las obligaciones de Ecuador?
En su calidad de institución pública, ¿puede
el FMI garantizar a los ecuatorianos que no está organizando
una cancelación pública de deudas del sector privado?
La "socialización" de deudas privadas supone
una carga injusta para el presupuesto del Estado y los ciudadanos
más pobres del país.
9. Buen gobierno del FMI.
¿De qué forma pueden los Estados participantes
en el FMI modificar la estructura de gobierno del FMI para garantizar
que las decisiones de la institución no se guíen
por los intereses de política exterior del Gobierno estadounidense
o de cualquier otro gobierno? Un miembro de la Comisión
Consultiva sobre Instituciones Financieras Internacionales (la
"Comisión Meltzer"), nombrada por el Congreso
de los Estados Unidos, dijo que el crédito del FMI a
Ecuador debe entenderse más bien como una forma de mandar
un soborno político al Gobierno ecuatoriano en un momento
en el que los Estados Unidos desea asegurarse el uso de sus
bases militares en el país para vigilar el tráfico
de estupefacientes." -- Charles Calomiris, catedrático
de Finanzas en la Universidad de Columbia
10. Dolarización.
¿Puede detenerse el proceso de dolarización de
la economía?
11. Reforma de la función pública.
¿Qué medidas transitorias se están tomando
para dar seguridad y formación profesional a los funcionarios
que se van a despedir? ¿Qué ramas de la función
pública se sacrificarán?
12. Crédito.
¿De qué manera la reforma bancaria y el control
del sistema monetario por parte de la Reserva Federal afectarán
al acceso y coste del crédito?
13. Comercio.
¿Cuál es la pérdida de ingresos prevista
como resultado de la eliminación de sobretasas arancelarias
de importación? ¿Generará tal eliminación
nuevas importaciones que minen la producción industrial
o agrícola interior?
14. Fiscalidad.
¿Qué expectativas de ingresos se generarán
como resultado del mayor compromiso de las multinacionales petroleras
en Ecuador? ¿Qué carga fiscal soportarán
dichas empresas? ¿Cuáles son los efectos previstos
de las reformas fiscales propuestas en el reparto proporcional
de la carga por parte de los distintos sectores y niveles de
renta en la estructura fiscal general? En caso de que el efecto
de algunas o todas las reformas fiscales propuestas sea la creación
de una estructura fiscal más regresiva, ¿qué
alternativas a las medidas propuestas pueden sugerirse para
aumentar los ingresos?
Dele su opinión a quienes toman las decisiones:
Altos funcionarios del Banco Mundial y el FMI
Mr. David de Ferranti
Vicepresidente del Banco Mundial para Latinoamérica y
el Caribe
1818 H Street, N.W.
Washington, D.C. 20433
Tel. (202) 473-8729
Correo electrónico: ddeferranti@worldbank.org
Mr. Claudio M. Loser
Director del FMI, Departamento del Hemisferio Occidental
700 19TH Street, N.W.
Washington, D.C. 20433
Tel. (202) 623-8373
Correo electrónico: closer@FMI.org
Directores ejecutivos del Banco Mundial y el FMI: Los Directores
Ejecutivos supervisan los asuntos financieros de las instituciones
y protegen los intereses de los Estados participantes. Supervisan
todas las políticas y operaciones de crédito.
Diríjase al Director Ejecutivo que represente a su país
en los consejos ejecutivos del FMI y el Banco Mundial.
DIRECTORES EJECUTIVOS DEL FMI Y DEL BANCO MUNDIAL
EEUU*
Jan Piercy
Banco Mundial
Tel: 202-458-0110
Fax: 202-477-2967
Correo electrónico: jpiercy@worldbank.org
Karin Lissakers
FMI
Tel: 202-473-7759
Correo electrónico: klissakers@FMI.org
Reino Unido*
Stephen Pickford
Banco Mundial & FMI
Tel: 202-623-4560
Fax: 202-623-4965
Correo electrónico: spickford@worldbank.org
Francia*
Jean-Claude Milleron
Banco Mundial & FMI
Tel: 202-623-6505
Fax: 202-623-4951
Correo electrónico: jmilleron@worldbank.org
Japón*
Satoru Miyamura
Banco Mundial
Tel: 202-458-0098
Fax: 202-522-1581
Correo electrónico: smiyamura@worldbank.org
Yukio Yoshimura
FMI
Tel: 202-473-7208
Correo electrónico: yyoshimura@FMI.org
Alemania*
Helmut Schaffer
Banco Mundial
Tel: 202-458-1046
Fax: 202-477-7849
Correo electrónico: hschaffer@worldbank.org
Bernd Esdar
FMI
Tel: 202-473-7263
Correo electrónico: besdar@FMI.org
Brasil*, Colombia, República Dominicana, Ecuador, Haití,
Filipinas, Surinam, Trinidad y Tobago
Murilo Portugal
Banco Mundial & FMI
Tel: 202-458-0096
Fax: 202-522-1551
Correo electrónico: mportugal@worldbank.org
Kuwait*, Bahrain, República Árabe Egipcia, Jordania,
Líbano, Libia, Maldivas, Omán, Qatar, República
Árabe Siria, Emiratos Árabes Unidos, República
del Yemen
Khalid M. Al- Saad
Banco Mundial
Tel: 202-458-1030
Fax: 202-477-3537
Correo electrónico: kalsaad@worldbank.org
Egipto*, Kuwait, Bahrain, Iraq, Jordania, Líbano, Libia,
Maldivas, Omán, Qatar, Siria, Emiratos Árabes
Unidos, República del Yemen
A. Shakour Shaalan
FMI
Tel: 202-473-4517
Correo electrónico: ashaalan@FMI.org
Arabia Saudí*
Kahlid H. Alyahya
Banco Mundial
Tel: 202-458-0191
Fax: 202-477-1759
Correo electrónico: kalyahay@worldbank.org
Sulaiman M. Al-Turki
FMI
Tel: 202-473-7283
Correo electrónico: sal-turki@FMI.org
Austria*, Bielorrusia, Bélgica, República Checa,
Hungría, Kazajstán, Luxemburgo, República
Eslovaca, Eslovenia, Turquía
Ruth Bachmayer
Banco Mundial
Tel: 202-458-4661
Fax: 202-522-3453
Correo electrónico: rbachmayer@worldbank.org
Bélgica*, Austria, Bielorrusia, República Checa,
Hungría, Kazajstán, Luxemburgo, República
Eslovaca, Eslovenia, Turquía
Willy Kiekens
FMI
Tel: 202-473-4590
Correo electrónico: wkiekens@FMI.org
Federación Rusa*
Andrei Bugrov
Banco Mundial
Tel: 202-458-7080
Fax: 202-477-4274
Correo electrónico: abugrov@worldbank.org
Rusia*
Aleksei V. Mozhin
FMI
Tel: 202-473-5890
Correo electrónico: amozhin@FMI.org
España*, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras,
México, Nicaragua, Panamá, Venezuela
Federico Ferrer
Banco Mundial
Tel: 202-458-2090
Fax: 202-522-1575
Correo electrónico: fferrer@worldbank.org
México*, España, Costa Rica, El Salvador, Guatemala,
Honduras, Nicaragua, Panamá, Venezuela
Agustín Carstens
FMI
Tel: 202-473-7743
Correo electrónico: acarstens@FMI.org
Namibia*, Angola, Botsuana, Burundi, Eritrea, Gambia, Kenya,
Lesotho, Liberia, Malaui, Mozambique, Nigeria, Seychelles, Sierra
Leona, Sudáfrica, Sudán, Suazilandia, Tanzania,
Uganda, Zambia, Zimbabue
Godfrey Gaoseb
Banco Mundial
Tel: 202-458-2107
Fax: 202-522-1549
Correo electrónico: ggaoseb@worldbank.org
Angola*, Namibia, Botsuana, Burundi, Eritrea, Gambia, Kenya,
Lesotho, Liberia, Malaui, Mozambique, Nigeria, Seychelles, Sierra
Leona, Sudáfrica, Sudán, Suazilandia, Tanzania,
Uganda, Zambia, Zimbabue
Jose Pedro de Morais
FMI
Tel: 202-473-7652
Correo electrónico: jdemorais@FMI.org
Argentina*, Bolivia, Chile, Paraguay, Perú, Uruguay
Valeriano Garcia
Banco Mundial
Tel: 202-458-2066
Fax: 202-477-3786
Correo electrónico: vgarcia@worldbank.org
Chile*, Argentina, Bolivia, Paraguay, Perú, Uruguay
Ana Maria Jul
FMI
Tel. 202-473-7758
Correo electrónico: amjul@FMI.org
Pakistán*, Argelia, Ghana, República Islámica
de Irán, Marruecos, Túnez
Inaamul Haque
Banco Mundial
Tel: 202-458-1084
Fax: 202-477-9052
Correo electrónico: ihaque@worldbank.org
República Islámica de Irán*, Pakistán,
Argelia, Ghana, Marruecos, Túnez
Abbas Mirakhor
FMI
Tel. 202-473-7370
Correo electrónico: amirakhor@FMI.org
Indonesia*, Brunei Darusalam, Fiyi, República Democrática
Popular Lao, Malaysia, Myanmar, Nepal, Singapur, Tailandia,
Tonga, Vietnam
Jannes Hutagalung
Banco Mundial
Tel: 202-458-1197
Fax: 202-477-4116
Correo electrónico: jhutagalung@worldbank.org
Tailandia*, Indonesia, Brunei Darusalam, Fiyi, República
Democrática Popular Lao, Malaysia, Myanmar, Nepal, Singapur,
Tonga, Vietnam
Kleo-Thong Hetrakul
FMI
Tel: 202-473-4650
Correo electrónico: khetrakul@FMI.org
Australia*, Camboya, Kiribati, Islas Marshall, Estados Federados
de Micronesia, Mongolia, Nueva Zelanda, República de
Palau (informalmente), Papua Nueva Guinea, Samoa, Islas Salomón,
Vanuatu
Neil Hyden
Banco Mundial
Tel: 202-458-1018
Fax: 202-477-2007
Correo electrónico: ylee1@worldbank.org
Gregory F. Taylor
FMI
Tel. 202-473-8874
Correo electrónico: gtaylor@FMI.org
Suiza*, Azerbaiyán, República Kirgisia, Polonia,
Tayikistán, Turkmenistán, Uzbekistán
Matthias Meyer
Banco Mundial
Tel: 202-458-7050
Fax: 202-477-9110
Correo electrónico: mmeyer@worldbank.org
Roberto F. Cippa
FMI
Tel. 202-473-5850
Correo electrónico: rcippa@FMI.org
Finlandia*, Dinamarca, Estonia, Islandia, Letonia, Lituania,
Noruega, Suecia
Ilkka Niemi
Banco Mundial
Tel: 202-458-1081
Fax: 202-477-6818
Correo electrónico: iniemi@worldbank.org
Olli-Pekka Lehmussaari
FMI
Tel: 202-473-4571
Correo electrónico: olehmussaari@FMI.org
Canadá*, Antigua y Barbuda, Las Bahamas, Barbados, Belize,
Dominica, Granada, Guayana, Irlanda, Jamaica, San Cristóbal
y Nieves, Santa Lucia, San Vicente y las Granadinas
Terrie O'Leary
Banco Mundial
Tel: 202-458-0077
Fax: 202-477-4155
Correo electrónico: toleary@worldbank.org
Thomas A. Bernes
FMI
Tel: 202-473-7783
Correo electrónico: tbernes@FMI.org
Italia*, Albania, Grecia, Malta, Portugal
Franco Passacantando
Banco Mundial
Tel: 202-458-1169
Fax: 202-477-3735
Correo electrónico: fpassacantando@worldbank.org
Riccardo Faini
FMI
Tel: 202-473-6990
Correo electrónico: rfaini@FMI.org
India*, Bangladesh, Bhután, Sri Lanka
Balmiki Prasad Singh
Banco Mundial
Tel: 202-458-1046
Fax: 202-522-1553
Correo electrónico: ssingh4@worldbank.org
Vijay L. Kelkar
FMI
Tel: 202-473-7431
Correo electrónico: vkelkar@FMI.org
Países Bajos*, Armenia, Bosnia y Hercegovina, Bulgaria,
Croacia, Chipre, Georgia, Israel, Antigua República Yugoslava
de Macedonia, Moldavia, Rumanía, Ucrania
Pieter Stek
Banco Mundial
Tel: 202-458-2052
Fax: 202-522-1572
Correo electrónico: pstek@worldbank.org
J. de Beaufort Wijnholds
FMI
Tel: 202-473-4640
Correo electrónico: jwijnholds@FMI.org
Mali*, Benin, Burkina Faso, Camerún, Cabo Verde, República
Centroafricana, Chad, Comoras, Cote d'Ivoire, República
Democrática del Congo, Yibuti, Guinea Ecuatorial, Gabón,
Guinea, Guinea-Bissau, Madagascar, Mali, Mauritania, Mauricio,
Níger, República del Congo, Ruanda, Santo Tomé
y Príncipe, Senegal, Somalia (informalmente), Togo
Bassary Toure
Banco Mundial
Tel: 202-458-7126
Fax: 202-522-1585
Correo electrónico: btoure@worldbank.org
Gabón*, Malí, Benin, Burkina Faso, Camerún,
Cabo Verde, República Centroafricana, Chad, Comoras,
Cote d'Ivoire, República Democrática del Congo,
Yibuti, Guinea Ecuatorial, Gabón, Guinea, Guinea-Bissau,
Madagascar, Malí, Mauritania, Mauricio, Níger,
República del Congo, Ruanda, Santo Tomé y Príncipe,
Senegal, Somalia (informalmente), Togo
Alexandre Barro Chambrier
FMI
Tel: 202-473-7223
Correo electrónico: achambrier@FMI.org
China*
Xian Zhu
Banco Mundial
Tel: 202-458-0058
Fax: 202-522-1579
Correo electrónico: xzhu1@worldbank.org
Wei Benhua
FMI
Tel: 202-473-7453
Correo electrónico: wbenhua@FMI.org
Notas
1 Técnicamente, Ecuador está comprando recursos
del FMI y no los está tomando prestados.
2 A mediados de los noventa el 20% más bajo recibía
un 5,4% de la renta nacional, mientras que el más alto
recibía el 50% de la renta nacional. El coeficiente Gine
de renta creció del 0,54 al 0,58 entre 1995 y 1998.
3 El recientemente derrocado presidente Mahuad fue precedido
por el gobierno provisional de Fabián Alarcón,
actualmente detenido por corrupción. Alarcón había
sustituido a Abdalá Bucaram quien se vio obligado a abandonar
el poder por una protesta nacional en 1997. La llegada de Bucaram
se vio facilitada por la corrupción generalizada de su
predecesor Sixto Durán Ballén, cuyo vicepresidente
huyó del país antes que enfrentarse a las acusaciones
presentadas contra él.
4 Al igual que el ex juez de la Corte Suprema Solórzano
y el comandante de las fuerzas armadas Carlos Mendoza.
5 Aunque la movilización popular obligó con éxito
a la dimisión del presidente Mahuad, el gobierno paralelo
se disolvió Los Estados Unidos contribuyeron al derrocamiento
del gobierno paralelo presionando a los militares ecuatorianos
a que lo boicotearan y entregaran el poder en manos de Noboa,
que era vicepresidente bajo Mahuad.
6 Los funcionarios del Banco han criticado el hecho de que el
"reparto de la carga" entre varios grupos de acreedores
en la crisis bancaria haya sido profundamente desigual. Para
quienes tenían cuentas denominadas en sucres, el Gobierno
anunció que, cuando se descongelen las cuentas, un máximo
de 4.000 dólares por depósito se pagará
en efectivo. El resto se entregará en bonos del tesoro.
Los tenedores de deuda pública denominada en dólares
de EEUU y de depósitos en dicha moneda no soportarán
estas pérdidas tan elevadas. Sin embargo, los tenedores
de bonos Brady y de eurobonos pueden experimentar pérdidas
bastante fuertes.
7 Entre los programas sociales previstos se encuentran: dos
proyectos de protección del capital humano (empleos,
transferencia de fondos), el segundo proyecto de desarrollo
social destinado a reforzar los servicios básicos de
salud y nutrición, un proyecto de agua y alcantarillado
para comunidades pequeñas y rurales, un crédito
de servicios públicos rurales, un proyecto de carreteras
rurales y un proyecto de desarrollo fronterizo.
June 4 2000
Globalization Challenge Initiative
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