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Quién nos iba a decir a estas alturas que habría que recordar que frente al derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones se encuentra el límite de la igualdad, derivado del principio de unidad constitucional. En 1978, se dispuso constitucionalmente que todos tenemos los mismos derechos y obligaciones en cualquier parte del territorio español y se reservó como competencia exclusiva del Estado la regulación de las condiciones básicas que garanticen la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de los derechos y en el cumplimiento de los deberes constitucionales. Es cierto que la igualdad no puede ser entendida como una rígida uniformidad del ordenamiento jurídico español, pero la diversidad propia de la España autonómica debe desarrollarse dentro de la unidad y la solidaridad. Al lado de la igualdad jurídica básica de todos los españoles, la Constitución establece una igualdad territorial que impide que las diferencias entre los Estatutos de Autonomía impliquen privilegios económicos o sociales. De un Estado social y democrático de Derecho como el español hay que esperar que promueva las condiciones para que la libertad y la igualdad de la persona sean reales y efectivas en todo el territorio nacional. Lo malo es que ahora se percibe la sensación de que aumentan los obstáculos que impiden o dificultan la igualdad de los españoles en las diversas partes del Estado. El Presidente del Gobierno está obligado a dar los pasos necesarios para poner término a una situación confusa rechazada por la mayoría de los españoles.

Francisco J. Núñez. Columna publicada el 19 de mayo en el diario EUROPA SUR.