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Después del triunfo de los demócratas en las elecciones norteamericanas para elegir a los miembros de la Cámara de Representantes y del Senado, la situación política de Bush y los republicanos se encuentra en franca decadencia. Ya se sabe que la Constitución de los Estados Unidos atribuye el poder legislativo a nivel nacional al Congreso, que se compone de la Cámara de Representantes y del Senado. La función principal del Congreso es legislar en materia fiscal, presupuestaria, monetaria y crediticia, sin olvidar la defensa, el comercio, la organización judicial y las comunicaciones. Sin embargo, debido al rígido sistema de separación de poderes, normalmente es el Presidente el que aborda los problemas nacionales y el que marca las directrices de la política general, aunque, por supuesto, es el Congreso el que somete a estudio y negociación las materias que tiene encomendadas, transformándolas posteriormente en leyes si prosperan las indicaciones presidenciales. El régimen presidencialista de los Estados Unidos, a diferencia de los sistemas dualistas de gobierno que cuentan con un Jefe del Estado y un Presidente del Gobierno, convierte a la Presidencia en el centro neurálgico del poder, en una autoridad excepcional, que, no obstante, necesita la colaboración de los diputados y senadores. Lo cierto es que las relaciones de la Presidencia estadounidense con el Congreso son extraordinariamente complejas y variables, porque las dos instituciones son elegidas separadamente y los partidos políticos de los Estados Unidos son organizaciones flexibles, sin disciplina parlamentaria, situadas muy próximas al centro ideológico, aunque a veces defienden posiciones más radicales ante problemas concretos. Por tanto, los malos resultados de los republicanos de Bush pueden arrojar curiosas combinaciones de control partidista, que dificulten o faciliten las relaciones en el escenario institucional del sistema de gobierno estadounidense.
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