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La divina libertad de expresión El debate en torno a la libertad de expresión y los encontronazos sufridos durante su ejercicio con el derecho a recibir una información veraz que ampara a los ciudadanos, parece interesadamente atenuado con sordina por los propios medios de comunicación, conscientes de la necesidad de poner coto al grave menoscabo que este último sufre cotidianamente por el deshonesto quehacer de algunos de sus profesionales, pero todavía aferrados a un modelo de "autorregulación", en el que aquella se yergue como una deidad sagrada que ampara desmanes comunicativos cada vez más extendidos y notorios, y en el que la responsabilidad se le supone a sus oficiantes sin que se aprecie mayor síntoma de su vigencia efectiva. La sanción impuesta a la Cadena COPE por el Consejo Audiovisual de Cataluña, por más que merecida y hasta necesaria, ha sido en general negativamente valorada como una irreverencia contra la susodicha libertad, un precedente peligroso que puede acabar privándola de su santidad y apeándola hasta el nivel en el que se ejerce cualquiera otra de las libertades que disfrutamos, es decir, sujeta a las limitaciones derivadas de los derechos fundamentales sobre cuyo ámbito no se pueden superponer, que en este caso serían, además del ya mencionado derecho a recibir una información veraz, el derecho a la intimidad, el honor, la propia imagen e incluso el derecho a la presunción de inocencia, todos ellos vulnerados con preocupante y creciente frecuencia. El problema asoma en numerosas manifestaciones: desde
la injuria jarocha característica de los contenidos rosa en muchos
medios, hasta la bilis insidiosa vertida en formatos supuestamente informativos
para alterar de forma indeleble el tono de los datos con los que se mezcla,
y sesgar la percepción de la realidad a conveniencia. Estas prácticas,
aplicadas desde hace mucho tiempo sin escrúpulos por ciertas empresas
de comunicación, están en el mismo origen de la sinrazón
gritona que parece haberse impuesto como fórmula de cualquier debate
social o político en todos los niveles y, si quienes pueden y deben
hacerlo no arbitran medidas urgentes y eficaces para atajarlas, continuarán
empobreciendo nuestra urbanidad, marchitando el desarrollos de nuestra
tolerancia y nublando nuestra capacidad de entendimiento, obcecándonos;
degradando, en definitiva, pilares esenciales de la propia democracia.
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