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El autor autoriza la publicación del artículo íntegro sólo en la revista del I.E.S. VENTURA MORÓN

fuente: Europa Sur (15-11-2006)

El fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha ordenado a los fiscales bajo su mando que tipifiquen como atentado -hasta cuatro años de cárcel- las agresiones a profesionales de la enseñanza y la sanidad. Su homólogo andaluz, Jesús García Calderón, confesó hace días que se lo está planteando en relación con los enseñantes víctimas de una violencia que no por aún insignificante desde el punto de vista cuantitativo es menos peligrosa, vituperable y significativa. Más allá de su innegable oportunidad (los casos ya proliferan y las protestas de los docentes se extienden), la argumentación de los jefes de la Fiscalía, además de basarse en una abundante jurisprudencia, es impecable: los profesores y los médicos, cuando ejercen sus funciones, personifican y garantizan el disfrute efectivo del derecho de todos los ciudadanos a la educación y a la salud y, en esa medida, son una autoridad. Agredirles precisamente en el momento en que enseñan o curan no sólo menoscaba, pues, su integridad física y moral, sino que significa una perturbación de la función pública que desarrollan. Eso agrava aún más la conducta de sus agresores. Frente al impecable razonamiento jurídico, la implacable burricie del padre que ataca al maestro que ha osado castigar a su infante indisciplinado y gamberro o del propio niñato envalentonado que insulta y humilla a quien pretende desasnarlo, y del familiar que violenta al facultativo que no atiende con prioridad a un paciente, probablemente porque ha de atender antes a otro más grave, según dictan su conciencia y el protocolo de la sanidad pública. Ya supone el reconocimiento de un clamoroso fracaso colectivo el hecho de que la autoridad de quien educa niños o sana enfermos tenga que ser impuesta a golpe de Código Penal. Ahora bien, ¿qué otra cosa se puede hacer cuando los mecanismos ordinarios de defensa y la autoridad competente -o incompetente- fallan con tanta reiteración? Si la comunidad educativa y los órganos de gestión sanitarios no son capaces de asegurar la más elemental convivencia, que lo hagan los fiscales. A esa triste conclusión estamos a punto de llegar. Y todo, por el pendulazo, tan hispánico. Antes, el maestro era un ogro con vara al que no se podía ni rechistar, y si chocabas con él, tu padre le daba la razón; ahora se le ha perdido el respeto. Antes, el médico era como Dios, se le escuchaba con sumisión y se le veneraba; ahora se le exige, bajo amenaza, que diga lo que uno quiere oír y que cure lo que no puede curar.