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La mejora de la gestión de la Junta en su parque público permite que 3 familias al día puedan acceder a una vivienda

El consejero de Fomento destaca en el Parlamento la mejora de la gestión del parque residencial y resalta su fuerte componente social
12 de Julio de 2017
La mejora de la gestión de la Junta en su parque público permite que 3 familias al día puedan acceder a una vivienda
El consejero de Fomento y Vivienda, Felipe López, ha destacado hoy en el Parlamento andaluz que la mejora de la gestión del parque público residencial, de la que se ocupa la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA), está permitiendo a la Junta de Andalucía facilitar de media el acceso a una vivienda a tres familias cada día, con rentas que en el 90% de los casos no llegan a 60 euros. En su comparecencia en la comisión parlamentaria de Fomento y Vivienda, el consejero ha presentado el balance de esa gestión, llegado el ecuador de la legislatura, a partir de las mejoras incorporadas a través de las estrategias de las que se ha dotado AVRA para reforzar su trabajo en el parque público residencial y mejorar así los resultados.
 
Esa estrategia se sostiene en el refuerzo de la verificación y el control de las 50.250 viviendas en alquiler que conforman el parque público residencial en gestión, a las que se suman otras 26.248 viviendas en compra venta y acceso diferido. Estos inmuebles, que se reparten por 526 municipios de Andalucía, permiten ofrecer alojamiento a 306.000 personas, en su mayoría familias con escasos recursos, lo que supone casi el 3% de la población andaluza, conformando de esta forma el mayor parque residencial público de España.
 
La verificación de todas las viviendas en alquiler, al menos una vez al año, está permitiendo conocer con precisión si quien reside en cada inmueble es su titular o lo hace de forma irregular. Ello permite recuperar viviendas ocupadas sin título, o que no están siendo utilizadas como residencia habitual por sus adjudicatarios, o que se están utilizando para fines indebidos y en ocasiones, incluso ilícitos. Esta tarea ha permitido detectar en los dos últimos años 4.452 situaciones irregulares (el 8,86% del parque en alquiler), a las que se han abierto los correspondientes expedientes para recuperar esas viviendas y asignarlas a familias que hagan uso correcto de ellas. En este período, se han adjudicado 2.204 inmuebles a familias propuestas por los registros municipales de demandantes o que se encontraban en riesgo de exclusión o en situación de máxima vulnerabilidad. En la medida que se vayan resolviendo los expedientes abiertos por ocupaciones irregulares, se prevé un incremento notable de las viviendas disponibles y en consecuencia, aumentará el número de adjudicaciones.
 
El modelo de gestión del parque público residencial diseñado para esta legislatura posibilita, además, acercar la Administración al usuario. Los verificadores visitan una a una las viviendas, ayudando a las familias residentes a resolver los problemas que les afectan en relación con su hogar.
 
La verificación ayuda también a conocer mejor la situación socio-económica real de cada familia y ayudar a aquellas que tienen dificultades para hacer frente a sus rentas, aunque en el 90% de las viviendas del parque público, éstas no superan los 60 euros mensuales, y sólo el 7% de los inquilinos pagan más de 100 euros de alquiler al mes. Sin embargo, hay usuarios con circunstancias sobrevenidas que no tienen capacidad para pagar sus alquileres, y para estos casos hay mecanismos que permiten, previa evaluación social, aplicar minoraciones o aplazamientos para el pago de rentas. Durante esta legislatura, 1.818 familias han reducido sus rentas de alquiler una media del 53% y por un importe global de minoración de 1,8 millones de euros.
 
Pero tal y como se trabaja para ayudar a quienes no pueden pagar sus rentas, se está reforzando la acción contra la morosidad de quienes pudiendo no cumplen esta obligación establecida en contrato. El esfuerzo contra la morosidad injustificada se ha traducido en unos ingresos superiores a 4,3 millones en concepto de deudas pendientes, cifra que llegará a final de este año, según las estimaciones de AVRA, hasta 6,5 millones.
 
A estas cantidades se suman los ingresos por rentas ordinarias, que se están tratando de mejorar mediante la labor de intervención social y de pedagogía que realizan los trabajadores sociales de la Agencia con sus inquilinos. Los ingresos que genera el alquiler se destinan al mantenimiento y conservación de los edificios y de las viviendas, que requieren de un cuidado continuo porque son inmuebles antiguos. En los últimos diez años, la Junta ha invertido 349 millones de euros en rehabilitar su parque residencial, reparando cubiertas y fachadas, mejorando la accesibilidad, cambiando ventanas y renovando las instalaciones.
 
Actualmente, la Consejería gestiona obras de rehabilitación en las 8.756 viviendas públicas en alquiler de las barriadas que han sido declaradas áreas de regeneración y renovación mediante acuerdos con el Ministerio de Fomento, para las cuales han prevista una inversión de 99,9 millones de euros. Además, en los dos años transcurridos de legislatura, el parque de vivienda de AVRA ha sido objeto de obras de reparación y mantenimiento por importe de 6,5 millones.
 
Felipe López ha reiterado también en su comparecencia la decisión de la Consejería de retomar la actividad de promoción de vivienda nueva, tanto de carácter social como también aquellas otras tipologías ajustadas a segmentos de la población que no pueden acceder al mercado libre de la vivienda y por ello reclaman inmuebles con algún grado de protección.
 

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