Boletín Oficial de la Junta de Andalucía - Histórico del BOJA Boletín número 27 de 22/03/1985

El Estatuto de Autonomía para Andalucía, aprobado por Ley orgánica

6/1981, de 30 de diciembre, establece que la Hacienda de la Comunidad Autónoma de Andalucía se constituye, entre otros por el rendimiento de los tributos cedidos por el Estado a que se refieren los artículos

56 y 57 de dicho Estatuto y de todos aquéllos cuya cesión será aprobada por las Cortes Generales.

De acuerdo con las previsiones estatutarias, la Comunidad Autónoma asumirá, por delegación del Estado, la gestión, liquidación, recaudación, inspección y revisión, en su caso, de los tributos cedidos sin perjuicio de la colaboración que pueda establecerse entre ambas Administraciones, y todo ello de acuerdo con lo especificado en la Ley que regule la cesión.

Fijados con carácter general el alcance y condición de la cesión de tributos del Estado a las Comunidades Autónomas por la Ley 30/1983, de

28 de diciembre, y establecido en el artículo único de la Ley 32/1983, de

28 de diciembre, de cesión de tributos a la Comunidad Autónoma de Andalucía (que empezó a surtir efectos el día 1 de enero de 1984), que se aplique a dicha Comunidad lo dispuesto en la Ley antes citada; a partir de esa fecha se cede a la Comunidad Autónoma de Andalucía el rendimiento en Andalucía de los siguientes tributos:

a) Impuesto extraordinario sobre el Patrimonio de las Personas Físicas. b) Impuesto General sobre Sucesiones.

c) Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, únicamente en cuanto a los siguientes hechos imponibles:

c) 1. Transmisiones onerosas por actos inter vivos de toda clase de bienes y derechos que integren el patrimonio de las personas físicas o jurídicas.

c) 2. Constitución de derechos reales, préstamos, fianzas, arrendamientos, pensiones y concesiones administrativas. c) 3. Constitución, aumento y disminución del capital, fusión, transformación y disolución de sociedades. d) Impuesto sobre el Lujo, únicamente en cuanto a los siguientes hechos imponibles:

d) 1. Adquisiciones en régimen general con devengo de destino. d) 2. Tenencia y disfrute de embarcaciones y aeronaves, y

e) Tasas y demás exacciones sobre el juego, y se atribuye a la Comunidad Autónoma, por delegaciones del Estado, determinadas competencias en materia de gestión y liquidación, recaudación, inspección y revisión de los tributos cedidos. Esta transferencia de competencias exige el correlativo traspaso de los servicios adscritos al ejercicio de las funciones propias de dichas competencias, por lo que el citado traspaso de servicios debe realizarse con efectividad a la vigencia de la cesión del rendimiento de los tributos antes citados, es decir, con efectividad de 1 de enero de 1984.

Por otra parte, el Real Decreto 3825/1982, de 15 de diciembre, determina las normas y el procedimiento a que han de ajustarse las transferencias de funciones y servicios del Estado a la Comunidad Autónoma de Andalucía.

De conformidad con lo dispuesto en el Real Decreto citado, que también regula el funcionamiento de la Comisión Mixta de Transferencias prevista en la disposición transitoria segunda del Estatuto de Autonomía para Andalucía, esta Comisión, tras considerar la conveniencia y legalidad de realizar los traspasos en materia de gestión y liquidación, recaudación, inspección, revisión e intervención, contabilidad y fiscalización de los tributos que señala en el artículo primero de la Ley 30/1983, de 28 de diciembre, reguladora de la cesión de tributos a las Comunidades Autónomas, adoptó, en su reunión del día 21 de marzo de 1984, el oportuno acuerdo, cuya virtualidad práctica exige su aprobación por el Gobierno mediante Real Decreto.

Finalmente, independientemente de la afectación de la Abogacía del Estado e Intervención General de la Administración en materia tributaria por la cesión de impuestos, dichos órganos también están íntimamente relacionados y por lo tanto afectados con la transferencia de servicios de otros Departamentos ministeriales a la Comunidad Autónoma, ya que aunque la Abogacía e Intervención del Estado orgánicamente forman parte del Ministerio de Economía y Hacienda a sus niveles central y provincial, sin embargo, al existir las Asesorías Jurídicas e Intervenciones Delegadas en los diferentes Departamentos ministeriales, Organismos autónomos y otras Instituciones, desempeñando la asesoría en derecho y defensa en juicio de la Administración, así como el control interno mediante la fiscalización de actos, documentos y expedientes de la Administración civil, resulta que con la nueva organización del Estado autonómico y la consiguiente asunción de amplias competencias por la Comunidad Autónoma, las anteriores funciones de asesoría, defensa y fiscalización habrán de realizarse también para estos nuevos Entes de la Administración Autonómica, máxime teniendo en cuenta que hasta la fecha todos los traspasos de servicio de los diferentes Departamentos ministeriales han excluido de los mismos las facetas que en estos momentos se contemplan, por lo que se hace necesario el traspaso de servicios del Ministerio de Economía y Hacienda en las funciones de asesoramiento en derecho, defensa en juicio y fiscalización-intervención.

En su virtud, en cumplimiento de los dispuesto en el apartado segundo de la citada disposición transitoria segunda del Estatuto de Autonomía para Andalucía, a propuesta de los Ministros de Economía y Hacienda de la Administración Territorial y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 6 de febrero de 1985,

DISPONGO:

Artículo 1. Se aprueba el acuerdo de la Comisión Mixta previsto en la disposición Transitoria segunda del Estatuto de Autonomía de Andalucía, fecha 21 de marzo de 1984, por el que se delegan funciones de la Admón. del Estado en materia de gestión y liquidación, recaudación, inspección, revisión e intervención, contabilidad y fiscalización de los tributos que señala el artículo primero de la Ley 30/1983, de 28 de diciembre, reguladora de la cesión de los tributos de las Comunidades Autónomas, así como se traspasan determinadas funciones de asesoramiento jurídico, control, fiscalización e intervención desempeñadas actualmente por las Asesorías e intervenciones delegadas respectivas, bajo la dependencia de la Dirección General de la Administración del Estado del Ministerio de Economía y Hacienda.

Art. 2.

1. Quedan delegadas y traspasadas a la Comunidad Autónoma de Andalucía las funciones a que se refiere al acuerdo que se incluye como anexo I del presente Real Decreto y traspasados a la misma los servicios y los bienes, derechos y obligaciones así como el personal, créditos presupuestarios y documentación y expedientes que figuran en las relaciones adjuntas al propio acuerdo de la Comisión Mixta, en los términos y condiciones que allí se especifican.

2. En el anexo I de este Real Decreto se recoge las disposiciones legales por el presente traspaso.

Art. 3. Los traspasos y delegaciones a que se refiere este Real Decreto tendrán efectividad a partir del día señalado en el acuerdo de la mencionada Comisión Mixta, sin perjuicio de que el Ministerio de Economía y Hacienda produzca, hasta la entrada en vigor de este Real Decreto, los actos administrativos necesarios para el mantenimiento de los servicios en el mismo régimen y nivel de funcionamiento que tuvieran en el momento de la adopción del acuerdo que se transcribe como anexo I del presente Real Decreto.

Art. 4. Los créditos presupuestarios que figuran detallados en la relación

4 serán dados de baja en los conceptos de origen y transferidos por el Ministerio de Economía y Hacienda a los conceptos habilitados en la sección 32 de los Presupuestos Generales del Estado, destinados a financiar los servicios asumidos por las Comunidades Autónomas una vez que se remitan al Departamento citado por parte de la Oficina Presupuestaria del propio Ministerio los certificados de retención de crédito, para dar cumplimiento a lo dispuesto en la Ley de Presupuestos Generales del Estado.

Art. 5. El presente Real Decreto entrará en vigor el mismo día de su publicación en el "Boletín Oficial del Estado".

Dado en Madrid a 6 de febrero de 1985

JUAN CARLOS R.

El Ministro de la Presidencia

JAVIER MOSCOSO DEL PRADO Y MUÑOZ

ANEXO I

Don José Luis Borque y doña María Soledad Mateos Marcos, Secretarios de la Comisión Mixta prevista en la disposición transitoria segunda del Estatuto de Autonomía para Andalucía,

CERTIFICAN:

Que en la Sesión Plenaria de la Comisión celebrada el día 1 de marzo de

1984, se adoptó acuerdo sobre traspaso a la Comunidad Autónoma de Andalucía de las funciones y servicios del Estado, en materia de gestión y liquidación, recaudación, inspección, revisión e intervención, contabilidad y fiscalización de los tributos cedidos por la Ley 32/1983, de 28 de diciembre, en materia de asesoría jurídica y defensa en juicio y de control, fiscalización y contabilidad, en los términos que a continuación se expresan.

A) Referencia a normas constitucionales, estatutarias y legales en las que se ampara el traspaso.

En el artículo 157.1 de la Constitución dispone que los recursos de las Comunidades Autónomas estarán constituidos, entre otros, por los impuestos cedidos, total o parcialmente, por el Estado.

El Estatuto de Autonomía para Andalucía, Ley orgánica 6/1981, de 30 de diciembre, establece en su artículo 156 que la Hacienda de la Comunidad Autónoma se constituye, entre otros, con los rendimientos de los tributos cedidos por el Estado a que se refiere el artículo 57 de la propia Ley, especificado el propio artículo que se cede a la Comunidad Autónoma el rendimiento de los siguientes tributos:

a) Impuesto sobre el Patrimonio Neto.

b) Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales.

c) Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.

d) La imposición general sobre ventas en su fase minorista.

e) Los impuestos sobre consumo específicos en su fase minoritaria, salvo los recaudados mediante monopolios fiscales, y

f) Las tasas y demás exacciones fiscales sobre el juego.

El artículo 60.2 del Estatuto de Autonomía dispone a su vez que la Comunidad Autónoma asumirá por delegación del Estado la gestión, liquidación, recaudación, inspección y revisión, en su caso, de los tributos cuyo rendimiento se hubieren cedido sin perjuicio de la colaboración que pueda establecerse entre ambas administraciones, todo ello de acuerdo con lo especificado en la Ley que regule la cesión.

La Ley orgánica 8/1980, de 22 de septiembre, de Financiación de las Comunidades Autónomas contiene idénticas previsiones en sus artículos 4.,

10, 11 y 19.

La Ley 32/1983, de 28 de diciembre, de Cesión de Tributos a la Comunidad Autónoma de Andalucía, establece en su artículo único la aplicación a Andalucía de la Ley 30/1983, de 28 de diciembre, reguladora de la cesión de tributos del Estado a las Comunidades Autónomas en su artículo primero especifica:

"1. Con el alcance y condiciones establecidos en esta Ley se cede a las Comunidades Autónomas el rendimiento en su territorio de los siguientes tributos:

a) Impuesto Extraordinario sobre el Patrimonio de las Personas Físicas. b) Impuesto General sobre Sucesiones.

c) Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, únicamente en cuanto a los siguientes hechos imponibles:

1. Transmisiones onerosas por actos inter vivos de toda clase de bienes y derechos que integren el patrimonio de las personas físicas o jurídicas.

2. Constitución de derechos reales, préstamos, fianzas, arrendamientos, pensiones y concesiones administrativas. 3. Constitución, aumento y disminución de capital, fusión, transformación y disolución de sociedades.

d) Impuesto sobre el Lujo, únicamente en cuanto a los siguientes hechos imponibles:

1. Adquisiciones en régimen general de los artículos que se citan a continuación:

Vehículos de tracción mecánica (artículo 16 del texto refundido de la Ley del Impuesto sobre el lujo).

Aviones de turismo y embarcaciones de recreo, así como sus accesorios y piezas de recambio, incluso motores auxiliares (artículo 18 del citado texto refundido).

Joyería, platería, relojería (apartados a) y c) del artículo 20 del citado texto refundido).

Antigüedades (artículo 21 del citado texto refundido)

Escultura, pinturas y grabados originales (apartado c) del artículo 23 del referido texto refundido).

Artículos de fumador (apartado a) del artículo 28 del texto refundido).

2. Tenencia y disfrute de embarcaciones y aeronaves (artículo 30 del tan repetido texto refundido), y

e) Tasas y demás exacciones sobre el juego.

2. La eventual supresión o modificación de algunos de los impuestos antes señalados implicará la extinción o modificación de la cesión.

Precisando además la disposición transitoria tercera de esta misma Ley que "Hasta la entrada en vigor de la Ley reguladora del Impuesto sobre Sucesiones y donaciones se entenderá comprendido en el rendimiento que se cede por el Impuesto General sobre Sucesiones el que resulte del gravamen que recae sobre las donaciones", y la disposición adicional segunda que "A la entrada en vigor de las Leyes reguladoras del Impuesto sobre el Patrimonio Neto y del Impuesto sobre Sucesiones y donaciones se entenderá cedido a la Comunidad Autónoma, con el alcance y condiciones fijadas en esta Ley, el rendimiento en las mismas de las correspondientes figuras impositivas" y que "Se regulará mediante ley especial la cesión a las Comunidades Autónomas del rendimiento que en su territorio correspondan al Impuesto sobre el Valor Añadido en su fase de gravamen sobre las ventas al pormenor u otros impuestos sobre la venta en la misma fase cuando se establezcan dichas figuras impositivas".

Por otra parte, la Ley General Presupuestaria 11/1977, de 4 de enero, en su exposición de motivos y en el apartado VI, textualmente, dice:

"La función interventora de la Administración General y Autónoma del Estado queda regulada en el título 3. de la Ley, que se limita a extraer del ordenamiento jurídico vigente los aspectos más sobresalientes, al mismo tiempo que define sus distintas modalidades procurando en todo momento su sistematización y apuntando las vías de posterior desarrollo o ampliación respecto de determinados Organismos autónomos de aquel".

La Intervención General de la Administración del Estado, en cuanto a su organización, se encuentra desarrollada en el artículo 3. del Real Decreto 2335/1983, de 4 de agosto, por el que se dispone la estructura del Ministerio de Economía y Hacienda. En el citado Real Decreto

2335/1983, y al definir las funciones de la Intervención General de la Administración del Estado, se remite especialmente a lo dispuesto en el Real Decreto 215/1977, de 8 de febrero, por el que se determina con claridad y precisión, las competencias y atribuciones, entre otras, de la Intervención General, tanto en su faceta de Centro directivo como de Intervenciones delegadas en los Ministerios civiles, en los Organismos autónomos y otros Entes públicos, así como también las Intervenciones Territoriales de la Administración del Estado con sus facetas ampliadas por la delegación contemplada en el Real Decreto

553/1981, de 6 de marzo.

Por otra parte, la organización territorial del Estado en Comunidades Autónomas afecta necesariamente a las funciones que tienen a su cargo la Dirección General de lo Contencioso del Estado y las Abogacías del Estado dependientes de la misma.

Conforme a su Estatuto, aprobado por Real Decreto-ley de 21 de enero de 1925 y a su Reglamento orgánico de 27 de septiembre de 1943, corresponden a dicho Centro directivo y a lo órganos centrales o periféricos dependientes del mismo las funciones de asesoramiento jurídico, defensa y representación en juicio de la Administración del Estado y de sus Organismos autónomos, así como la gestión y control del Impuesto General sobre las Sucesiones. Sin perjuicio de ello, tales órganos, como precisa el Real Decreto 2077/1982, de 27 de agosto, pueden prestar asesoramiento en Derecho a las Comunidades Autónomas que lo soliciten siempre que no exista contraposición de interés con otra Entidad pública.

En consecuencia, la nueva configuración del Estado autonómico, según el título VIII de la vigente Constitución y la transferencia de servicios hasta ahora estatales a las Comunidades Autónomas, imponen que sea traspasado a las mismas Comunidades, aquella parte de los servicios que desempeñan las funciones de asesoramiento jurídico y defensa en juicio de control, fiscalización y contabilidad en la Administración Civil del Estado que corresponda a los restantes servicios que se transfieren a cada Comunidad Autónoma.

B) Funciones del Estado que asume la Comunidad Autónoma e identificación de los servicios que traspasan.

1.

1. De acuerdo con lo previsto en el artículo 12 de la Ley 30/1983, de 28 de diciembre, la Comunidad Autónoma de Andalucía asume, por delegación del Estado, la gestión, liquidación, recaudación, inspección y revisión de los Impuestos Extraordinarios sobre el Patrimonio de las Personas Físicas, sobre Sucesiones, Transmisiones Patrimoniales, Lujo, cuando se devengue en destino, y las tasas y demás exacciones sobre el juego en los términos previstos en la citada Ley. 2. Según lo dispuesto en el artículo 20 de esta misma Ley, la Comunidad Autónoma realizará también, por delegación del Estado, la gestión, liquidación, inspección y recaudación de los Impuestos de Sucesiones, Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, cuyo rendimiento en Andalucía corresponde al Estado.

Esta Delegación no se extenderá al Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados cuando el mismo se recaude mediante efectos timbrados.

2. Se traspasan a la Comunidad Autónoma de Andalucía los siguientes servicios de las Delegaciones de Hacienda en Andalucía, previstos en el Real Decreto 489/1979, de 20 de febrero, con las modificaciones introducidas por el artículo 76 del Real Decreto 3494/1981, de 29 de diciembre, y los Reales Decretos 805/1982, de 2 de abril; 2799/1982, de 15 de octubre, y 2321/1983, de 4 de agosto, en cuanto competencias que la repetida Ley 30/1983, de 28 de diciembre, reconoce a las Comunidades Autónomas para la gestión, liquidación, inspección, revisión y recaudación de los tributos cedidos y de los impuestos a los que se refiere el artículo 20 de esta misma Ley, así como los Reales Decretos 215/1977, de 8 de febrero, y 553/1981, de 6 de marzo, por los que se reestructura la Intervención General del Estado y las intervenciones Territoriales, y el Real Decreto 2077/1982, de 27 de agosto, por el que se reestructura la Dirección General de lo Contencioso del Estado, en lo que resulten afectados estos Organos por el traspaso de servicios a la Comunidad Autónoma, como consecuencia de transferencias de competencias de la Administración Civil del Estado.

A) Delegaciones de Hacienda de Sevilla, Málaga, Cádiz, Huelva, Jerez de la Frontera, Granada, Córdoba, Jaén y Almería.

1. Dependencia de relaciones con los contribuyentes, a la que corresponde las siguientes funciones:

a) La recepción de toda clase de declaraciones, recursos, consultas y demás documentos con trascendencia tributaria, así como el examen de los mismos, y efectuar los requerimientos procedentes, en su caso, tal, como previene el artículo 7 de la Ley de Procedimiento Administrativo. b) La comprobación formal de los datos consignados en los documentos tributarios presentados y la realización de las tareas preparatorias para el tratamiento mecanizado de la información.

c) Resolver los recursos de reposición interpuestos contra los actos administrativos dictados por la misma.

d) El Registro de entrada y salida de documentos.

e) La realización de las notificaciones de los actos dictados. f) Efectuar los requerimientos procedentes en los supuestos de falta de presentación de declaraciones dentro del plazo reglamentario. g) Facilitar al contribuyente el conocimiento de las normas tributarias que le sean aplicables, resolviendo las dudas que pudieran planteársele al respecto y prestarle la asistencia necesaria para el mejor cumplimiento de sus obligaciones con la Hacienda pública. h) Admitir y cursar cuantas sugerencias pudieran formular los contribuyentes para el mejoramiento de los servicios.

i) Las funciones de liquidación y demás de gestión tributaria no encomendados a otras dependencias.

2. Inspección de Hacienda, que ejerce las funciones siguientes: a) Las previstas en el artículo 140 de la Ley General Tributaria. b) Las facultativas y de valoración de bienes, derechos o actividades, así como las de confección, conservación y actualización de los censos y registros fiscales.

c) Las de emisión de dictámenes, propuestas y otras actuaciones facultativas.

d) Cualesquiera otras atribuidas por disposiciones reglamentarias.

3. Abogacía del Estado, en cuanto a las funciones que en materia tributaria le reconoce la legislación vigente, la asesoría en derecho y defensa en juicio que haya que realizar en relación a los restantes servicios traspasados o que haya de traspasar a la Comunidad Autónoma la Administración del Estado.

4. Intervención de Hacienda, a la que corresponde.

a) El ejercicio de la función interventora respecto a todos los actos, documentos y expedientes de los que se deriven derechos y obligaciones de contenido económico con arreglo a lo dispuesto en la Ley General Presupuestaria en sus disposiciones complementarias.

b) Promover e interponer, en nombre de la Hacienda Pública en vía administrativa y económico-administrativa, los recursos y reclamaciones procedentes contra los actos y resoluciones contrarios a la Ley o que se estimen perjudiciales para los intereses del Tesoro. c) La toma de razón de los derechos y obligaciones de la Hacienda pública y de la notificación y extinción de los mismos; la vigilancia y control de los libros de contabilidad; formación de las cuentas administrativas; la expedición de las certificaciones de descubierto; la tramitación de las notas de defectos y pliegos de reparos, y la asesoría de contabilidad pública.

d) El control, fiscalización y contabilidad respecto de los servicios de la Administración Civil del Estado transferidos a la Comunidad Autónoma.

5. Dependencia de Tesorería, que desarrolla las funciones de caja, recaudación, ordenación de pagos y las demás de estas naturalezas que tengo atribuidas.

6. Dependencia de Informática, a la que corresponde la realización de aquellas tareas que se integran en procesos mecanizados de gestión y, en concreto, la grabación, proceso, archivo y explotación de la información que tenga entrada en dichas Unidades.

7. Dependencia de Servicios Generales, que tiene a su cargo la gestión de todos los asuntos relativos al personal, edificios en cuanto no corresponda a la Sección de Patrimonio del Estado y medios materiales en general, tanto de la propia Delegación como de las Administraciones de Hacienda de ellas dependientes, así como la realización de las tareas de carácter predominantemente manual o repetitivo que les encomiende el Delegado de Hacienda.

B) Delegación de Hacienda Especial de Andalucía.

Resultan afectados los siguientes servicios:

1. Inspección Regional Financiera y Tributaria, a la que corresponde el desarrollo de las siguientes actividades dentro del campo de competencia de dicha Inspección:

a) La propuesta de planes y programas de actuación.

b) La desagregación y control de ejecución de los planes y programas de actuación establecidos por los Organos Centrales de la Administración Tributaria.

c) La realización de los estudios e informes de ámbito regional, sean de carácter general o sectorial, que se estimen necesarios para elaborar los planes de actuación.

d) El asesoramiento de todas las cuestiones de su competencia que les sometan las Delegaciones de Hacienda.

e) La planificación y coordinación de las actividades de investigación y comprobación realizadas por la Inspección de Tributos.

2. Centro Regional de Informática que desarrolla las funciones de: a) Dirección y Coordinación en relación con las Unidades de Informática integradas en los restantes órganos de la Administración Territorial.

b) Realización de las tareas correspondientes a los procesos mecanizados de gestión, cuya aplicaciones alcancen a todo el territorio de la competencia de la correspondiente Delegación de Hacienda Especial.

3. Secretaría General de Coordinación, en cuanto órgano de asistencia al Delegado en el ejercicio de todas las actividades que tienden a establecer la necesaria coordinación entre las Delegaciones de Hacienda situadas en el ámbito de su competencia.

C) Servicios y funciones que se reserva la Administración del Estado.

1. Corresponde al Estado la titularidad de las competencias de gestión, liquidación, recaudación, inspección y revisión de los tributos cuyo rendimiento se cede a la Comunidad Autónoma de Andalucía y de los impuestos a los que se refiere el artículo 20 de la Ley 30/1983, de

28 de diciembre.

2. No son objeto de traspaso y, en consecuencia se reserva al Estado las siguientes funciones y servicios en relación con los tributos cedidos:

A) En materia de gestión y liquidación.

a) La resolución de las consultas vinculantes.

b) Los acuerdos de concesión de beneficios tributarios, en el caso de asociaciones, agrupaciones y uniones temporales de Empresas y de fusiones de Empresas.

c) La concesión de exenciones subjetivas en el Impuesto General sobre Sucesiones y en el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados.

d) La concesión de exenciones en el Impuesto sobre el Lujo, relativas a las adquisiciones de vehículos de tracción

mecánica condicionadas por sus normas reguladoras a plazos de carencia o limitaciones en cuanto al número de vehículos que afectan a los beneficiarios fiscales.

e) La confección de los efectos estancados que se utilicen para la gestión de los tributos cedidos.

B) En materia de recaudación:

La recaudación, en período voluntario, de las declaraciones autoliquidaciones que se presenten conjuntamente con las del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.

C) En materia de inspección:

a) las actuaciones comprobadoras e investigadoras en materia tributaria de la Comunidad Autónoma que hayan de realizar fuera del territorio de la Comunidad Autónoma de Andalucía en los términos del artículo 16.3 de la Ley 30/1983, de 28 de diciembre.

b) La incoación de las oportunas actas de investigación y comprobación por el Impuesto extraordinario sobre el Patrimonio con ocasión de las actuaciones inspectoras que se lleven a cabo en relación con el impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas; sin perjuicio de la facultad de liquidación que en todo caso corresponde a la Comunidad Autónoma.

D) En materia de revisión:

a) La revisión de actos de gestión tributaria a los que se refiere el artículo 154 de la Ley General Tributaria.

b) El conocimiento de las reclamaciones

económico-administrativas interpuestas contra los actos de gestión tributaria emanados de la Comunidad Autónoma, tanto si en ella se suscitan cuestiones de hecho como de derecho.

3. Seguirá formando parte de la Administración del Estado los siguientes servicios de las Delegaciones de Hacienda en Andalucía, previstos en el Real Decreto número 439/1979, de 20 de febrero que reorganiza la Administración Territorial de la Hacienda Pública, modificado por el artículo 76 del Real Decreto 3494/1981, de 29 de diciembre, y los Reales Decretos 305/1982, de 2 de abril; 2799/1982, de 15 de octubre y 2321/1983, de

4 de agosto.

A) Aquellos a los que corresponde el ejercicio y desarrollo de las funciones propias de las competencias de gestión, liquidación, recaudación, inspección y revisión de los tributos no cedidos y del Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados cuyo rendimiento en Andalucía corresponda al Estado cuando se recaude mediante efectos timbrados.

B) Los que a continuación se expresan en relación con las funciones que no se derivan de sus competencias en materia tributaria:

a) Abogacía del Estado, en cuanto a las funciones reconocidas en la legislación vigente, en relación a los servicios de la Administración del Estado que no sean susceptibles de transferencia a la Comunidad Autónoma.

b) Intervención de Hacienda respecto a las facultades que el ordenamiento jurídico le atribuye respecto a la Administración del Estado siempre que no sea susceptible de transferencia a la Comunidad Autónoma.

c) Dependencia de Tesorería, en relación con sus funciones relativas a clases pasivas, ordenación de pagos, Caja General de Depósitos y las demás que no sean susceptibles de transferencia a la Comunidad Autónoma.

d) El Tribunal Económico-Administrativo Provincial.

D) Funciones en que han de concurrir la Administración Tributaria del Estado y la de la Comunidad Autónoma de Andalucía y forma de cooperación.

1. Las Administraciones del Estado y de la Comunidad Autónoma de Andalucía, entre sí y con las demás Comunidades Autónomas, colaborarán en todos los órdenes de gestión, inspección y revisión de los tributos, en la forma prevista en el artículo 19.2 de la Ley 30/1983, de 28 de diciembre.

2. Ambas Administraciones elaborarán conjuntamente los planes de actuación inspectora en relación a los Impuestos de Sucesiones, Transmisiones Patrimoniales y Lujo, cuando devengue en destino, y de las tasas y demás exacciones sobre el juego.

3. Existirá un fichero o registro común de los sujetos pasivos en los que concurran las circunstancias de reincidencia y relación.

4. En relación con el Impuesto Extraordinario sobre el Patrimonio, la Administración Tributaria del Estado y la de la Comunidad Autónoma de Andalucía colaborarán facilitándose medios personales, coadyuvando en la inspección e intercambiando la información que se derive de las declaraciones, censos y actuaciones efectuadas por la inspección, así como acordando las medidas necesarias para la más eficaz tramitación de los expedientes en el ámbito de sus respectivas competencias.

5. A los fines de dicha colaboración:

a) Actuará la Comisión Coordinadora prevista en el artículo 24 de la Ley.

b) Ambas Administraciones Tributarias crearán en el plazo de dos meses, contados a partir de la efectividad del presente acuerdo, oficinas ejecutivas de colaboración, coordinación y enlace que, entre otros cometidos, se ocuparán del mantenimiento, conservación y puesta al día del fichero común de reincidentes.

6. Las funciones de valoración que los Servicios Técnicos de los Consorcios para la Gestión e Inspección de las Contribuciones Territoriales venían prestando a la Administración Tributaria del Estado, en relación con los Tributos que se ceden, seguirán prestándose de igual forma a la Administración Tributaria de la Comunidad Autónoma.

E) Normas vigentes afectadas por el traspaso.

El presente acuerdo afecta a los Reales Decretos 489/1979, de 20 de febrero; 3494/1981, de 29 de diciembre; 805/1982, de 2 de abril;

2799/1982, de 15 de octubre, y 2321/1983, de 4 de agosto, así como a las normas que lo desarrollan, en cuanto se refiere a las Delegaciones de Hacienda en Andalucía.

Las normas sustantivas reguladoras de los distintos conceptos tributarios cedidos no quedan afectadas por el presente acuerdo, puesto que las competencias que las mismas establecían para la gestión, inspección, revisión y recaudación de los tributos ya resultaron modificadas por la Ley 30/1983, de 28 de diciembre, relativa a la cesión de tributos de las Comunidades Autónomas.

F) Bienes, derechos y obligaciones del Estado que se traspasan.

1. Se traspasan a la Comunidad Autónoma de Andalucía los bienes, derechos y obligaciones del Estado que se recogen en el inventario detallado de la relación adjunta número 1, donde quedan identificados los inmuebles, muebles y equipos de oficina afectados por el traspaso. Estos traspasos se formalizarán de acuerdo con lo establecido en la disposición transitoria segunda del Estatuto de Autonomía y demás disposiciones en cada caso aplicables.

2. En el plazo de un mes desde la publicación en el "Boletín Oficial del Estado" del Real Decreto por el que se aprueba este acuerdo por el Gobierno se firmarán las correspondientes actas de entrega y recepción de mobiliario, equipo y material inventariable.

G) Personal adscrito a los Servicios e Instituciones que se traspasan:

1. El personal adscrito a los servicios traspasados y que se referencia nominalmente en la relación adjunta número 2 pasará a depender de la Comunidad Autónoma, en los términos legalmente previstos por el Estatuto de Autonomía y demás normas en cada caso aplicables y en las mismas circunstancias que se especifícan en la relación adjunta y con su número de Registro de Personal.

2. Por la Subsecretaría del Ministerio de Economía y Hacienda y demás órganos competentes en materia de personal se notificará a los interesados el traspaso y su nueva situación administrativa, tan pronto el Gobierno apruebe el presente acuerdo por Real Decreto. Asimismo, se remitirá a los órganos competentes de la Comunidad Autónoma de Andalucía una copia certificada de todos los expedientes de este personal traspasado, así como de los certificados de haberes, referidos a las cantidades devengadas durante 1983, procediéndose por la Administración del Estado a modificar las plantillas orgánicas y presupuestarias en función de los traspasos operados.

H) Puestos de trabajo vacantes que se traspasan.

Los puestos de trabajo vacantes dotados presupuestariamente que se traspasan son los que se detallan en las relaciones anexas con el número 2, indicación del Cuerpo o Escala al que están adscritos o asimilados, nivel orgánico y dotación presupuestaria correspondiente.

I) Valoración definitiva de las cargas financieras de los Servicios Traspasados.

1. La carga asumida neta que según presupuesto de gastos para 1983, corresponde a los servicios que se traspasan a la Comunidad, se eleva con carácter definitivo a 660.684.000 pesetas, según detalle que figura en la relación número 3.

2. Los recursos financieros que se han destinado a sufragar los gastos originados por el desempeño de los servicios que se traspasan, durante el ejercicio de 1984, han comprendido las siguientes dotaciones: Asignaciones presupuestarias para cobertura del coste efectivo,

664.128.000 pesetas.

Recaudación prevista por tasas, impuestos, etc., 480.000 pesetas. Estas dotaciones y recursos aparecen actualizados conforme al Presupuesto General del Estado de 1984 en la relación adjunta número 4.

3. El coste efectivo figura detallado en los cuadros de valoración 3 y se financiará en los ejercicios futuros en la siguiente forma:

3.1. Transitoriamente hasta que dicho coste se compute para calcular el porcentaje de participación en los tributos del Estado, mediante la consolidación de la Sección 32 de los Presupuestos Generales del Estado de los créditos relativos a los distintos componentes del coste efectivo por los importes que se indican, susceptibles de actualización por los mecanismos generales en cada Ley de Presupuesto:

Créditos en

miles de pesetas

a) Costes brutos: 1983

Gastos de personal................ 422.452

Gastos de funcionamiento.......... 188.310

Inversiones por transferencias

para conservación, mejora y

sustitución....................... 50.357

Total.....................................661.119

b) A deducir:

Recaudación anual por tasas y

otros ingresos................... 435

Total............................ 660.684

Las posibles diferencias que se produzcan en período transitorio a que se refiere el apartado 1.3.1, respecto a la financiación de los Servicios Traspasados serán objeto de regulación al cierre de cada ejercicio económico mediante la presentación de las cuentas y estados justificativos correspondientes ante una Comisión de Liquidación que se constituirá en el Ministerio de Economía y Hacienda.

J) Documentación y expediente de los servicios que se traspasan:

La entrega de documentación y expediente de los servicios traspasados y la resolución de aquéllos que se hayan en tramitación, se realizará de conformidad con lo previsto en el artículo 8 del Real Decreto

3825/1982, de 15 de diciembre.

K) La Comunidad Autónoma de Andalucía se subroga en la obligación contemplada en el artículo 90 del Real Decreto 3494/1981 de 29 de diciembre (indemnización y compensación a los liquidadores de distrito hipotecario), a cuyos efectos figura como coste efectivo transferible imputable a la Dirección General del Tesoro y Política Financiera aplicación 257.

L) La fecha de efectividad de los traspasos.

L.1. Los traspasos a que se refiere este acuerdo tendrán efectividad a partir del día 1 de enero de 1985.

L.2. La gestión y el pago de las obligaciones de "personal" de "compra de bienes corrientes y de servicios", y las referentes a "inversiones de conservación, mejora y sustitución" correspondiente a los servicios transferidos seguirá efectuándose por los órganos centrales y periféricos de los Departamentos Ministeriales y Organismos autónomos a cuyo cargo estaba el servicio traspasado desde la publicación en el "Boletín Oficial del Estado" del Real Decreto de transferencias hasta la fecha en que se apruebe el pertinente expediente de modificación presupuestaria y que se hayan dado de alta los créditos correspondientes a la Sección 32 de los Presupuestos Generales del Estado.

Y para que conste expedimos la presente certificación en Madrid a 6 de febrero de 1985.- Los Secretarios de la Comisión Mixta, María Soledad Mateos Marco y José Luis Borque Ortega.

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