Boletín Oficial de la Junta de Andalucía - Histórico del BOJA Boletín número 149 de 30/07/2004

Con fecha 4 de mayo de 2004 se inició el presente procedimiento de resolución del contrato de arrendamiento contra el adjudicatario Teodoro Oliva García, por las siguientes causas, y conforme los indicios y elementos probatorios que constan en el expediente:

1.º No dedicar la vivienda de referencia a domicilio habitual y permanente, lo que constituye motivo de resolución contractual conforme al artículo 8 del Decreto 416/1990, de de diciembre, y falta muy grave conforme al artículo del Real Decreto 3148/1978, de 10 de noviembre. Esta causa está prevista en el artículo 30 y concordantes del Real Decreto

2960/1976, de 12 de noviembre, artículos 138, apartado, y 142 del Decreto 2114/1968, de 24 de julio, como causa de resolución contractual, y por lo tanto, de desahucio.

2.º Falta de pago de la renta. Motivo de resolución contractual conforme al artículo 8 del Decreto 416/1990, de 26 de diciembre, y causa de desahucio conforme al artículo 30 y concordantes del Real Decreto 2960/1976, de 12 de noviembre y al apartado 1, del artículo 138 del Decreto 2114/1968, de 24 de julio. El inquilino adeuda a esta Empresa la cantidad ascendente a 2.995,20 euros (cantidad adeudada dentro del período comprendido entre la fecha de efectos de la adjudicación y el 30 de abril de 2004, inclusive), cantidades adeudadas en concepto de rentas vencidas y no satisfechas, por lo que por la presente se le requiere para que en el plazo de ocho días hábiles, a contar desde el día siguiente a la notificación de este acto, satisfaga las cantidades adeudadas.

Por la presente se le notifica la existencia del procedimiento, y se le otorga el plazo de ocho días hábiles a contar desde el día siguiente de la notificación de la presente Resolución, para formular las alegaciones y proponer las pruebas que considere oportunas para su descargo. De no efectuarlo se tendrá por decaído su derecho conforme al artículo 76, apartado 3, de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común.

Los interesados podrán proponer la recusación en los casos previstos en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

El plazo máximo para resolver y notificar el presente procedimiento es de 12 meses con arreglo a la Ley 9/2001, de

12 de julio, en relación con la Ley 30/1992.

Sevilla, 26 de mayo de 2004.- La Instructora, María José Rodríguez Vázquez, El Secretario, Juan Luis Ibarra Sánchez.

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