Boletín Oficial de la Junta de Andalucía - Histórico del BOJA Boletín número 227 de 21/11/2005
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Consejería para la Igualdad y Bienestar Social
NOTIFICACION de la Delegación Provincial de Huelva, de Acuerdo de Iniciación en el procedimiento de desamparo núm. 353-2005-21-000167, de los expedientes de protección números 352-2004-21-000216 y 217.
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De conformidad con el art. 59.4. de la Ley 30/92, de de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y el art. del Decreto 42/02, de 12 de febrero, del régimen de desamparo, tutela y guarda administrativa, y habida cuenta de que no ha sido posible la notificación, al desconocerse su paradero, se publica este anuncio, por el que se notifica Acuerdo de Iniciación en el procedimiento de desamparo núm. 353-2005-21-
000167, expedientes núms. 352-2004-21-000216 y 217, relativo a las menores S.B.S. y Z.B.S., a la madre de las mismas, doña Emilia Silva Blanco, por el que se acuerda:
1. Iniciar el procedimiento de desamparo con respecto a los menores S.B.S., nacido/a el 28 de mayo de 1998, y Z.B.S., nacido/a el 27 de abril de 2002.
2. Designar como instructor del procedimiento que se inicia a Miguel Calero Bermejo.
3. Comunicar el presente acuerdo a las partes interesadas y a los órganos administrativos, de acuerdo con el art. 22.2 del Decreto 42/2002 de 12 de febrero.
Con respecto a los padres o tutores del menor se les comunica que disponen, según el artículo 24.1 del Decreto 42/2002 de 12 de febrero, de un plazo de quince días hábiles, a contar desde el siguiente a esta notificación, para aportar cuantas alegaciones y documentos estimen convenientes y, en su caso, proponer prueba concretando los medios de que pretendan valerse.
El art. 42.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, establece el plazo general para la Resolución y notificación del presente procedimiento de tres meses, pudiendo acordarse la ampliación del mencionado plazo según el art. 49 de la citada norma.
En caso de que al vencimiento del plazo máximo establecido no se haya dictado y notificado resolución expresa, se producirá la caducidad del procedimiento. En este supuesto, la resolución que declare la caducidad ordenará el archivo de las actuaciones con los efectos previstos en el art. 92 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre.
Huelva, 29 de septiembre de 2005.- El Delegado, José Martín Gómez.
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