Boletín Oficial de la Junta de Andalucía - Histórico del BOJA Boletín número 82 de 30/04/2009

VP @3177/2006.

Examinado el expediente de Deslinde de la vía pecuaria «Cañada Real de Peñaflor» en su totalidad, en el término municipal de Íllora, en la provincia de Granada, instruido por la Delegación Provincial de la Consejería de Medio Ambiente en Granada, se desprenden los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. La vía pecuaria antes citada, ubicada en el término municipal de Íllora, fue clasificada por Orden Ministerial de fecha 20 de febrero de 1968, publicada en el BOE de fecha 28 de febrero de 1968.

Segundo. Mediante Resolución de la Viceconsejería de Medio Ambiente de fecha 10 de enero de 2007, se acordó el inicio del Deslinde de la vía pecuaria «Cañada Real de Peñaflor» en su totalidad, en el término municipal de Íllora, en la provincia de Granada, con motivo de la afección de las obras de la vía férrea del Tren de Alta Velocidad (AVE) a la citada vía pecuaria.

Mediante Resolución de la Dirección General de Sostenibilidad en la Red de Espacios Naturales de la Consejería de Medio Ambiente, de fecha 13 de junio de 2008, se acuerda, la ampliación del plazo fijado para dictar la Resolución del presente expediente de deslinde, por nueve meses más, notificándolo a todos los interesados tal como establece el articulo 49 de la Ley 30/1992.

Tercero. Los trabajos materiales de Deslinde, previo a los anuncios, avisos y comunicaciones reglamentarias, se iniciaron el día 23 de julio de 2007, notificándose dicha circunstancia a todos los afectados conocidos, siendo asimismo publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de Granada núm.  123, de fecha 28 de junio de 2007.

A dicho Acto se presentaron alegaciones, que son objeto de valoración en los Fundamentos de Derecho de la presente Resolución.

Cuarto. Redactada la Proposición de Deslinde, que se realiza de conformidad con los trámites preceptivos e incluyéndose claramente la relación de ocupaciones, intrusiones y colindancias, ésta se somete a exposición pública, previamente anunciada en el Boletín Oficial de la Provincia de Granada núm. 228, de fecha 27 de noviembre de 2007.

A dicha Proposición de Deslinde se han presentado diversas alegaciones, que son objeto de valoración en los Fundamentos de Derecho de la presente Resolución.

Quinto. El Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía emitió el preceptivo Informe con fecha 24 de julio de 2008.

A la vista de tales antecedentes son de aplicación los siguientes

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. Compete a esta Dirección General de Sostenibilidad en la Red de Espacios Naturales la resolución del presente Deslinde, en virtud de lo preceptuado en la Resolución del Consejo de Gobierno de 6 de mayo de 2008 y en el artículo 21 del Decreto 155/1998, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Vías Pecuarias de la Comunidad Autónoma de Andalucía, así como el Decreto 194/2008, de 6 de mayo, por el que se regula la Estructura Orgánica de la Consejería de Medio Ambiente.

Segundo. Al presente procedimiento administrativo le es de aplicación lo regulado en la Ley 3/1995, de 23 de marzo, de Vías Pecuarias, el Decreto 155/1998, de 21 de julio, antes citado, la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, reguladora del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y demás legislación aplicable al caso.

Tercero. La vía pecuaria «Cañada Real de Peñaflor» ubicada en el término municipal de Íllora (Granada), fue clasificada por la citada resolución, siendo esta clasificación, conforme al artículo 7 de la Ley de Vías Pecuarias y el artículo 12 del Reglamento de Vías Pecuarias de Andalucía, "...el acto administrativo de carácter declarativo en virtud del cual se determina la existencia, anchura, trazado y demás características físicas generales de cada vía pecuaria...", debiendo por tanto el Deslinde, como acto administrativo definitorio de los límites de cada Vía Pecuaria, ajustarse a lo establecido en el acto de Clasificación.

Cuarto. En la fase de operaciones materiales se presentaron las siguientes alegaciones:

1. Don Antonio Navarro Moreno manifiesta que no ha recibido la notificación y solicita que se mande a la dirección que aporta.

Doña María Leiva Navarro manifiesta que se ha notificado a su padre ya fallecido por lo que solicita que a partir de ahora se le notifique a ella.

Don José Luis Arévalo Cardenote solicita que se le notifique a la dirección aportada.

Se incluyen los datos aportados en los listados de interesados del expediente de deslinde, para proceder a la práctica de las correspondientes notificaciones.

2. Don Rafael Arroyo Pérez expone que se le ha notificado al anterior propietario.

No aporta el citado la documentación que acredite la condición de interesado en este expediente de deslinde, ni tampoco se aporta un domicilio a efectos de notificaciones. Así mismo, informar que no aparece el citado como titular de la finca afectada en los datos actualizados del Catastro.

3. Don Ramón Morales Mesa y doña Isabel García Cuesta, alegan que en las escrituras de su parcela no consta la existencia de la Cañada Real.

La falta de constancia en el Registro o en los títulos de propiedad no implica la inexistencia de la vía pecuaria, ya que las vías pecuarias no representan servidumbre de paso o carga alguna ni derecho limitativo de dominio. Su existencia surge de la propia clasificación, acto administrativo de carácter declarativo en virtud del cual se determinan la existencia, denominación, anchura, trazado y demás características físicas generales de cada vía pecuaria. En este sentido, citar la Sentencia del Tribunal Supremo de fecha 14 de noviembre de 1995, “la falta de constancia en el Registro o en los títulos de propiedad no implica la inexistencia de la vía pecuaria, ya que las vías pecuarias no representan servidumbre de paso o carga alguna ni derecho limitativo de dominio.»

De conformidad con a lo establecido en el artículo 8.1 de la Ley 3/1995, de 23 de marzo, de Vías Pecuarias, en este expediente de deslinde se ha ajustado el trazado, a la descripción de la vía pecuaria «Cañada Real de Peñaflor» incluida en la clasificación aprobada, que concretamente detalla:

«Procede del término de Pinos Puente, toma como eje de su recorrido el camino de Peñaflor de donde toma su nombre este paso ganadero, anotándose por su izquierda la Vereda de la Colaílla...»

Como se puede ver en la cartografía utilizada así como en las fotografías aéreas de los años 1956/57 y las ortofotos del 2001 y 2004, se ha tomado como eje de la vía pecuaria el citado Camino de Peñaflor.

4. Don José Montero Palomares manifiesta que ha recibido dos cartas, pero que en una de ellas aparece un apellido erróneo.

En base al artículo 105.2 del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se rectifica dicho error material, incluyéndose el apellido correcto en los listados de interesados del referido expediente de deslinde.

5. Doña Ana Herminia Lombardo Castro y doña Dolores Crespo Núñez, no están de acuerdo con la anchura de la vía pecuaria.

Informar que de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 8.1 y el artículo 4 de la Ley 3/1995, de 23 de marzo de Vías Pecuarias, el deslinde se ha ajustado a la anchura establecida por el citado artículo 4, a 75 metros.

Con posterioridad al acto de las operaciones materiales se presentaron las siguientes alegaciones:

6. Don Alfonso Lara Fortis, doña Ana Herminia Lombarda Castro, don Antonio Izquierdo Caba, don Antonio Lara Fortis, don Antonio Navarro Lara, doña Aurora Conde Ibáñez, doña Aurora Egea Martínez, doña Aurora Gutiérrez Conde, doña Matilde Gutiérrez Conde, doña Dolores Crespo Núñez, don José Lombardo López, don José Luis Arévalo Cardenete, don José Montero Palomares, don José Nieto Ramos, don Juan Arroyo Moreno, don José Luis Arroyo Moreno, don Luis Navarro Lara, doña María Jesús Rodríguez Velásquez y don Rafael Arroyo Pérez, presentan alegaciones y solicitudes de similar contenido por lo que se valoran de forma conjunta según lo siguiente:

- Primera. Que al ser notificados del inicio de este expediente de deslinde, han tenido conocimiento del acto administrativo de clasificación de las vías pecuarias del término municipal de Íllora, y que siendo propietarios de fincas inscritas en el Registro de la Propiedad, desde antes de la aprobación de la clasificación, se consideran interesados en dicho procedimiento, por lo que solicitan que se declare nulo de pleno derecho el acto administrativo de la clasificación de las vías pecuarias del termino municipal de Íllora por las siguientes razones:

A) Por haber sido dictado con anterioridad a la entrada en vigor, tanto de la Constitución Española de 1978, como del Estatuto de Autonomía de Andalucía y de la Ley 3/1995, de 23 de marzo de Vías Pecuarias, por un órgano administrativo no competente, ya que la competencia para iniciar, instruir y resolver el acto de clasificación corresponde a la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Existen multitud de actos administrativos dictados durante el periodo comprendido entre 1936 y 1975, que en nada se han visto afectados por la entrada en vigor de la Constitución Española de 1978, precisamente por razones de legalidad y seguridad jurídica, sin que pueda alegarse, válidamente, que por la entrada en vigor de la Constitución Española de 1978 quedasen sin efecto todos los actos administrativos dictados en ese periodo.

La doctrina jurisprudencial es clara sobre la firmeza y eficacia del acto de clasificación realizado bajo la vigencia de la normativa anterior, como base del deslinde que ahora se lleva a cabo. Por lo que no procede en el momento actual cuestionar la legalidad del acto de clasificación que ganado firmeza. En tales términos se pronuncian entre otras las Sentencias Dictadas por la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en Sevilla de fecha 10 de noviembre de 2005, de 16 de noviembre de 2005 y de 10 de enero de 2008.

B) Porque la resolución aprobatoria del acto de clasificación se dictó prescindiendo del procedimiento legalmente establecido, causando la indefensión a los interesados particulares, por la omisión de la notificación personal a los interesados y demás trámites preceptivos. Se indica que dicha clasificación lesiona los intereses jurídicamente protegidos con relevancia Constitucional. Por lo que se solicita la nulidad del citado acto administrativo y subsidiariamente la suspensión de sus efectos, en base a los artículos 62.1 y apartado y artículo 102.1 y apartado 2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Indicar que la clasificación, no se incurre en la causa de nulidad alegada, por cuanto que el Reglamento de Vías Pecuarias aprobado por el Decreto 23 de diciembre de 1944, entonces vigente, no exigía tal notificación, estableciéndose en su art. 12:

«La Dirección General de Ganadería, previos los oportunos informes sobre las reclamaciones y propuestas presentadas, elevará el expediente a la resolución ministerial.

La Orden Ministerial aprobatoria se publicará en el Boletín Oficial del Estado y en el Boletín Oficial de la Provincia a la que afecte la clasificación.»

En este sentido, indicar que el acto administrativo de clasificación en el que se basa este expediente deslinde, fue publicado en el Boletín Oficial del Estado publicada en el BOE de fecha 28 de febrero de 1968, y en el Boletín Oficial de la Provincia de Granada número 108 de fecha de 14 de mayo de 1968.

Así mismo, y de conformidad a lo establecido en el artículo en el artículo 11 del citado Decreto de 23 de diciembre de 1944, el Proyecto de Clasificación fue remitido y expuesto al público en las oficinas del Ayuntamiento de Íllora, por término de 15 días hábiles, desde el día 2 de noviembre al 18 de noviembre de 1967, sin que durante este plazo se presentaran alegaciones o reclamaciones al respecto, tal y como se constata en la certificación del Exmo. Ayuntamiento de Íllora de fecha de 3 de febrero de 1968, obrante en el expediente de dicha clasificación .

Por lo que no puede considerarse vulnerado el derecho a la defensa establecido en el art. 24 de la Constitución Española, ya que el artículo 12 del citado Reglamento entonces vigente no exigía la notificación personal.

En este sentido cabe citar la Sentencia de la Sala de lo Contencioso administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, sede en Granada, de 21 de mayo de 2007, que expone que:

«... no es condición de validez del expediente administrativo de clasificación la investigación sobre la identidad de los colindantes y de los poseedores de los terrenos por los que “in genere” ha de transcurrir la vía pecuaria, ni por tanto, la notificación personal a cada uno de ellos..., ya que el acto de clasificación no comporta por si solo en ningún caso privación, perjuicio, o expropiación automática de las titularidades jurídico-privadas consolidadas con anterioridad, las cuales podrán hacerse valer en el momento en que se proceda al deslinde y este se concrete metro a metro sobre el terreno, “por lo que “.. transcurrido el plazo ordinario para recurrir el acto de clasificación quedara firme y la vía pecuaria gozará de la condición de bien de dominio público.»

Por lo que, en consecuencia con todo lo anteriormente expuesto, no se cumplen los requisitos exigidos en el artículo 102 en sus puntos 1 y 2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, reguladora del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común ( En lo sucesivo Ley 30/1992), para que esta Administración proceda a la revisión de oficio, por lo que de acuerdo con lo dispuesto el apartado 3 del citado artículo 102, se inadmite a trámite las solicitudes presentadas por los interesados.

- Segunda. Se solicita la suspensión de los efectos del acto administrativo de clasificación en base al artículo 111 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

No puede atacarse con ocasión al deslinde, el acto administrativo de clasificación.

- Tercera. Formulan los citados interesados la reclamación previa a la vía judicial en base al artículo 122 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en base a que se han infringido los artículos 34, 37 y 38 de la Ley Hipotecaria.

Finalmente se indica que en caso de que desestime esta pretensión ejercerían la correspondiente acción ante la Jurisdicción Civil, por lo que se solicita que se acuerde el reconocimiento de la titularidad a su favor de los bienes objeto de la Clasificación.

En relación a las presunciones posesorias del artículo 32, 34 y 38 de la Ley decir que dado que las presunciones que establecen los citados artículos son “iuris tantum”, admiten prueba en contra, manteniendo la jurisprudencia del Tribunal Supremo que las inscripciones registrales por sí mismas no son suficientes para oponerse frente al deslinde de las vías pecuarias (Sentencia del Tribunal Supremo de 27 de mayo de 1994).

En este sentido es ilustrativa la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía de fecha de 10 de noviembre de 2005, en la que se expone que:

«(…) por cuanto el objeto y la fe de dicho registro se limita a los actos y contratos relativos al dominio y demás derechos reales sobre bienes inmuebles, fe que no se extiende a los datos de hecho. Aplicando las anteriores premisas al caso que nos ocupa, se trataría de averiguar si se puede concluir en que la porción de terreno discutida se encuentra amparada por las presunciones de los art. 34 y 38 de la LH La respuesta es negativa. La recurrente no ha acreditado ni los extremos constitutivos de la prescripción adquisitiva, ni tampoco se ha aportado prueba que acredite una inscripción de su propiedad sobre la porción de la Cañada, teniendo en cuenta por otro lado que la inscripción sobre la propiedad de su finca no alcanzaría –en lo relativo a la presunción de posesión– a los datos sobre la extensión de la finca.»

Por lo que se desestiman las reclamaciones previas a la vía civil presentadas.

En la fase de exposición pública, doña Aurora Gutiérrez Conde, doña Aurora Egea Martínez, don José Lombardo López, don Juan Calvo Pedregosa, doña Francisca Blanca Lobo, don Juan Moreno Cano y don Rafael Arroyo López, don Antonio Serrano Jiménez y doña Concepción Cabezas Jiménez, don José Luis Arévalo Cardenete, doña Aurora Conde Ibáñez, doña Dolores Crespo Núñez, doña Ana Herminia Lombardo Castro, don Luis Navarro Lara, don Antonio Izquierdo Caba, don Antonio y don Alfonso Lara Fortis, don Antonio Navarro Lara, don Rafael Arroyo Pérez, don José Montero Palomares, don Eugenio Amigo Rueda, don Aurelio Núñez Morales, doña Matilde Gutiérrez Conde, doña María Morales Gálvez, doña Yolanda Núñez Morales, doña Antonia Morales Gálvez, doña María del Carmen Núñez Morales, don Francisco Jiménez Pedregosa, doña Dolores Arco Jiménez, don José Nieto Ramos, doña María Josefa Gálvez Arco, doña María Jesús Rodríguez Velásquez, don Antonio Navarro Moreno, doña Soledad Nieto Ramos, don José Nieto Gutiérrez, don Antonio Jesús Montero Negro, don Vicente Ruiz Benegas, don Antonio Ramos Arco, don Pablo Ramos Pedregosa, don Eduardo Lara López, doña María Leiva Navarro, don Plácido Gutiérrez Castelar, don José Antonio López Carrillo, don Fernando Estremera Mingorance, don Antonio Núñez Agüí y doña Eleonor Ortega Bustos, alegan las siguientes cuestiones:

- En primer lugar, plantean los citados interesados en base al artículo 102.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, las correspondientes acciones para que se declarare de oficio la nulidad de Pleno Derecho de la Orden Ministerial de fecha de 20 de febrero de 1968 y la suspensión de los efectos de dicho acto administrativo en base a las siguientes cuestiones:

• La nulidad de la Orden Ministerial de fecha de 20 de febrero de 1968 que fue dictada prescindiendo del procedimiento legalmente establecido y omitiendo los trámites esenciales del procedimiento y los informes preceptivos que establecía el Decreto de 23 de diciembre de 1944. Añaden los interesados en este sentido que no fue practicada notificación alguna a los posibles interesados, a pesar de haber inscrito ya entonces las propiedades en el Registro de la Propiedad y que el Acta de la clasificación está sin fechar. Finalmente se indica que en la certificación expedida por el Archivero del Sindicato Nacional de Ganadería, sobre las vías pecuarias de Íllora, no consta el citado «Camino de Peñaflor».

Nos remitimos a lo ya contestado en el apartado B) de la alegación Primera, de este Punto 6 de este Fundamento Cuarto de Derecho.

• Porque el acto de clasificación vulnera el artículo 33 de la Constitución Española de 1978 que protege la propiedad privada.

Indicar que de conformidad a lo dispuesto en el artículo 7.1 de la Ley 3/1995, de 23 de marzo de Vías Pecuarias, la clasificación es el acto de administrativo de carácter declarativo en virtud del cual, se determina la existencia, anchura, trazado y demás características físicas generales la vía pecuaria. Así mismo, indicar que dicho acto de clasificación, es el acto de afectación singular de una superficie aún no concretada sobre el terreno al dominio público, ya que no comporta por si solo en ningún caso privación, perjuicio, o expropiación automática de las titularidades jurídico-privadas consolidadas con anterioridad, las cuales pueden hacerse valer en el momento en que se proceda al deslinde y el dominio público pecuario se concrete metro a metro sobre el terreno, en este sentido citar la Sentencia de la Sala de lo Contencioso administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, sede en Granada, de 21 de mayo de 2007.

Transcurrido el plazo ordinario para recurrir el acto de clasificación, éste goza de la presunción de validez de los actos administrativos ex artículo 57.1 de la Ley 30/1992, Ley de Procedimiento Administrativo.

- En segundo lugar, la prescripción adquisitiva o usucapión y la imposibilidad de clasificar por la Administración, por lo que solicitan los interesados que se tenga en cuenta y consideración, las reglas civiles de prescripción adquisitiva a título de dueños por un plazo superior a 30 años.

Indicar que los interesados no han aportado la documentación que acredite de forma notoria e incontrovertida, que la franja de terreno considerada vía pecuaria está incluida en inscripciones registrales que se adjuntan. En este sentido la sentencia del Tribunal Supremo de 27 de mayo de 1994 que establece que «la legitimación registral que el art. 38 otorga a favor del titular inscrito, sólo confiere una presunción iuris tantum de la exactitud del asiento, susceptible de ser desvirtuado por prueba en contrario; pues sabido es que el Registro de la Propiedad carece de una base fáctica fehaciente, ya que reposa sobre las simples declaraciones de los otorgantes, en cuanto a los datos de existencia, titularidad, extensión linderos, etc, relativos a la finca, circunstancias que consecuentemente caen fuera de la garantía de la fe pública».

Así mismo, la Sentencia de fecha de 25 de marzo de 2002, del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía Sala de lo Contencioso Administrativo, dice lo siguiente:

«... el deslinde administrativo, como el civil, no es declarativo de derechos, por lo que la invocación de la usucapión a favor del demandante de la zona a deslindar no es causa que impida la práctica del mismo.»

Todo ello, sin perjuicio de que los interesados para la defensa de sus derechos puedan esgrimir para su defensa las acciones civiles pertinentes ante la jurisdicción competente.

- Tercera. Se solicita la suspensión de los efectos del acto administrativo de clasificación en base al artículo 116 de la Ley del Procedimiento Administrativo, de 17 de julio de 1958, en relación al artículo 106 de la Ley 30/1992.

Nos remitimos a lo ya contestado en la cuestión Segunda de este punto 6.

7 .En la fase de operaciones materiales don Gonzalo Zuleta Murga, en nombre del Señor don Charles Wellesley, Marqués del Douro, solicita que se le dé traslado del expediente administrativo de deslinde.

Dada la complejidad y volumen de reproducción de la documentación que se solicita, informar que dicha documentación, puede ser consultada por cualquier interesado en el procedimiento de referencia, en las oficinas de la Delegación Provincial de la Consejería de Medio Ambiente en Granada.

En este sentido, citar Sentencia del TSJA, con sede en Sevilla, de fecha 13 de marzo de 2008, la cual dispone en lo referente a la solicitud y entrega de copias de expedientes íntegros por parte de la Administración, lo siguiente:

«... el artículo 37 de la LRJ no autoriza el acceso a los expedientes y, fundamentalmente, a obtener copias de los documentos, de una forma indiscriminada y frente a todo, sino de una manera racional y razonable. De ahí que el apartado 7 del mencionado artículo exprese que el derecho de acceso se ejercitará de forma que no se vea afectada la eficacia del funcionamiento de los servicios públicos; que la petición de documentos se hará de forma individualizada, no pudiéndose formular una solicitud genérica sobre la materia, y el derecho a obtener copias de los documentos, cuyo examen haya sido autorizado por la Administración.»

8. En la fase de operaciones materiales don Antonio Murillo Rivera, en nombre y representación del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (En lo sucesivo ADIF), manifiesta que las actuaciones de este expediente de deslinde afectan al ferrocarril y a terrenos de las infraestructuras ferroviarias de la antigua Red Nacional de los Ferrocarriles (RENFE). Por lo que son de aplicación la Ley 39/2003, de 17 de noviembre del Sector Ferroviario, y el Reglamento aprobado por el Real Decreto 2387/2004, de 30 de diciembre, en particular en cuanto a la delimitación de los terrenos inmediatos al ferrocarril, como la limitación al uso de los mismos.

El objetivo del deslinde es determinar la afección de las obras de la vía férrea del Tren de Alta Velocidad (AVE) a la vía pecuaria «Cañada Real de Peñaflor», a fin de actuar de conformidad con el artículo 43 y siguientes del Decreto 155/1998, de 21 de julio por el que se aprueba el Reglamento de Vías Pecuarias.

En la fase de exposición pública se formularon las siguientes manifestaciones y alegaciones:

8. don Juan Jesús Morales Mesa, quiere manifestar la dejadez de la Administración en el deslinde de la «Cañada Real de Illora a Villanueva de Mesías», en el término municipal también de Íllora, en el tramo comprendido entre el núcleo urbano de Tocón y el Arroyo del mismo nombre, cuya acta de deslinde se inició el 28 de Septiembre de 1992. Indica el interesado que en la denuncia del colectivo de ganaderos de la zona de fecha 15 noviembre de 2006, cuya copia adjunta, se advierte de que el proceso urbanizador emprendido a uno y otro lado de la carretera de Villanueva de Mecías a Tocón, a su paso y entrada a esta Última población, auguraba a dicha VP un estrangulamiento sin retorno.

Si bien, las manifestaciones realizadas no se refieren al presente expediente de deslinde, la Consejería de Medio Ambiente está abordando en relación a la citada vía pecuaria «Cañada Real de Illora a Villanueva de Mesías» los siguientes procedimientos de deslindes:

- Deslinde de la «cañada Real Íllora a Villanueva de Mesía», Tramo IV . Entre el casco urbano de Alomartes y el casco urbano Íllora. Íllora (VP/03644/2008), en el término municipal de Íllora.

- Deslinde de la «Cañada Real de Íllora a Villanueva de Mesía", Tramo 2.º Desde la zona urbana de Tocón, hasta la zona urbana de Alomartes, en el término municipal de Íllora (VP/01217/2007).

- Deslinde de la «Cañada Real de Íllora a Villanueva de Mesía» (VP/03186/2006). Desde línea de término de Íllora, hasta la zona urbana de Tocón (2100 metros).

- Deslinde «Cañada Real Íllora a Villanueva de Mesía», TM de Íllora (VP/03976/2006).

- Deslinde de la «Cañada Real de Íllora a Villanueva del Mesía» (VP/00071/1990). Ya aprobado por Resolución de fecha de 10 de mayo de 1995.

9. Don José María Arcas Gálvez presenta las siguientes alegaciones:

Primera. La nulidad de pleno derecho del expediente de clasificación y del deslinde de referencia, por infracción de lo establecido en los artículos 7 y 8.7 de la Ley 3/1995, de 23 de marzo de Vías Pecuarias y en lo establecido en los artículos 14 y 25 del Decreto 155/1998, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Vías Pecuarias. Todo ello en base de que nunca se le ha notificado por parte de la Consejera de Medio Ambiente, como es de obligación legal, ni de la clasificación, ni del comienzo de las operaciones materiales de deslinde, ni del inicio de este expediente del deslinde, sin que se le halla ofrecido, por tanto, la oportunidad de poder asistir a las operaciones materiales, para poder realizar las correspondientes alegaciones. Indica el interesado que se le ha generado indefensión, vulnerándose el artículo 24.1 de la Constitución.

En relación a la falta de notificación de acto administrativo de clasificación, nos remitimos a lo ya contestado en el apartado B) de la alegación Primera, de este Punto 6 de este Fundamento Cuarto de Derecho.

En cuanto a la falta de notificación del inicio del deslinde y del comienzo de las operaciones materiales de deslinde, indicar que no se ha incurrido en causa de nulidad, no habiéndose generado la indefensión al interesado, ya que, este mismo ha efectuado alegaciones en defensa de sus derechos en la fase de exposición pública, remitiéndonos en este punto a la consolidada jurisprudencia del Tribunal Supremo y reiteradas Sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. En este sentido es ilustrativa, entre otras, la Sentencia del Tribunal Supremo de fecha de 20 de mayo de 2002.

Junto a ello, el anuncio de inicio de las operaciones materiales estuvo expuesto al público en el tablón de edictos de Exmo. Ayuntamiento de Íllora, así como fue objeto de publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Granada núm.  123, de fecha 28 de junio de 2007, todo ello de acuerdo con lo previsto en el Decreto 155/1998, de 21 de julio por el que se aprueba el Reglamento de Vías Pecuarias de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Segunda. Que el deslinde supone una auténtica vía de hecho de la Administración, que no ha respetado un Derecho Constitucional como es el derecho de Propiedad Privada, inscrito en el Registro de la Propiedad de Montefrío y por el que ha venido pagando el interesado la correspondiente contribución rústica sobre bienes inmuebles desde tiempo inmemorial . Añade el interesado que la finca rústica de su titularidad afectada por el acto del deslinde, en ningún caso es de dominio público, al no constar ni antes ni después de su inscripción, estar afectada por vía pecuaria alguna. Aporta el interesado copia de certificación del Registro de la Propiedad con el Historial de las inscripciones de la citada finca, copia de la escritura de propiedad y copia del pago del Impuesto sobre bienes inmuebles (Rústica) del ejercicio del 2007.

En cuanto a que el deslinde suponga una vía de hecho, informar que de acuerdo con lo establecido en el articulo 8.1 de la Ley 3/1995, de 23 de marzo de Vías Pecuarias, el procedimiento de deslinde tiene su fundamento en el acto de clasificación de la vía pecuaria, en la que se determina la existencia, anchura, trazado y demás características físicas generales de la vía pecuaria, y que para llevar a cabo los trabajos de determinación del trazado de la vía pecuaria, se han tenido en cuenta los datos contenidos en los documentos y planos del Fondo Documental .

Respecto a la titularidad registral alegada, indicar que los referidos interesados no han aportado documentos que acrediten de forma notoria e incontrovertida que la franja de terreno considerada Vía Pecuaria está incluida en la inscripción registral que se aporta .

En este sentido citar la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía de 21 de mayo de 2007 que expone que, «... Cuando decimos “notorio e “incontrovertido” nos estamos refiriendo a que no sean precisas pruebas, valoraciones o razonamientos jurídicos, siendo una cuestión de constatación de hechos y no de valoraciones jurídicas». Valoraciones jurídicas que no son de este procedimiento de deslinde.

Por lo que, en consecuencia, no basta con invocar a un título inscrito en el Registro de la Propiedad, sino que tendrá que demostrar los interesados de forma notoria e incontrovertida que la franja de terreno considerada Vía Pecuaria está incluida en la inscripción registral que se aporta. La legitimación registral que el art. 38 otorga a favor del titular inscrito, sólo confiere una presunción iuris tantum de la exactitud del asiento, susceptible de ser desvirtuado por prueba en contrario, pues el Registro de la Propiedad carece de una base fáctica fehaciente, ya que reposa sobre las simples declaraciones de los otorgantes, en cuanto a los datos de existencia, titularidad, extensión linderos, etc, relativos a la finca, circunstancias que consecuentemente caen fuera de la garantía de la fe pública. En este sentido citar la jurisprudencia del Tribunal Supremo, siendo ilustrativa, entre otras, la Sentencia del Tribunal Supremo de Sala de lo Contencioso Administrativo (Sección 4.ª) de fecha de 27 de mayo de 2003, que en su Fundamento de Derecho Primero expone que, «... En cualquier caso esas inscripciones no hacen fe sobre la extensión de terreno de las fincas....».

Todo ello, sin perjuicio de que los interesados para la defensa de sus derechos puedan esgrimir para su defensa las acciones civiles pertinentes ante la jurisdicción competente.

Tercera. Que se ha infringido lo establecido en los artículos 34 y 38 de la Ley Hipotecaria, ya que la citada finca de la que es titular (núm. registral 8906 y referencia catastral parcela 309 y polígono 46) se encuentra inscrita en el Registro de la Propiedad de Montefrío, al menos desde el día 12 de Abril del año 1928, libre de cargas y gravámenes, fecha en la que causa su inscripción primera, como así consta en la Nota Simple Informativa, expedida por el citado Registro que se aporta, junto con la copia de la Herencia otorgada a favor del interesado, otorgada ante Notario el día 13 de abril 1982.

Nos remitimos a lo contestado al respecto en la alegación Tercera del punto 6, de este Fundamento Cuarto de Derecho.

Cuarta . La desafectación fáctica y la prescripción adquisitiva y consiguiente infracción de lo establecido en las artículos 1930, 1949 y 1959 del Código Civil.

En relación a la adquisición de la propiedad, como consecuencia de la desafectacíon tácita de la vía pecuaria, contestar que en el procedimiento de deslinde tal y como se desprende de una consolidada jurisprudencia del Tribunal Supremo, y de la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, número 215/2002, de fecha de 25 de marzo de 2002, no se pueden considerar las razones en orden a la adquisición de la vía pecuaria, previa desafectación tácita por desuso, y ello porque con tales argumentos, el interesado está reclamando el dominio a su favor, cuestión que únicamente puede obtenerse en la jurisdicción ordinaria, mediante el ejercicio de un acción reivindicatoria o declarativa de dominio, pero no en el curso de un procedimiento administrativo de deslinde.

En este sentido citar las Sentencias del Tribuna Supremo de 17 de junio de 1987, 25 de junio de 1987, entre otras muchas.

En cuanto a la usucapión alegada, indicar que los interesados no han aportado la documentación que acredite de forma notoria e incontrovertida, que la franja de terreno considerada vía pecuaria está incluida en inscripciones registrales que se adjuntan. En este sentido la sentencia del Tribunal Supremo de 27 de mayo de 1994 que establece que «la legitimación registral que el art. 38 otorga a favor del titular inscrito, sólo confiere una presunción iuris tantum de la exactitud del asiento, susceptible de ser desvirtuado por prueba en contrario; pues sabido es que el Registro de la Propiedad carece de una base fáctica fehaciente, ya que reposa sobre las simples declaraciones de los otorgantes, en cuanto a los datos de existencia, titularidad, extensión linderos, etc, relativos a la finca, circunstancias que consecuentemente caen fuera de la garantía de la fe pública».

Así mismo, la Sentencia de fecha de 25 de marzo de 2002, del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía Sala de lo Contencioso Administrativo, dice lo siguiente:

«... el deslinde administrativo, como el civil, no es declarativo de derechos, por lo que la invocación de la usucapión a favor del demandante de la zona a deslindar no es causa que impida la práctica del mismo.»

Quinta. La nulidad del Expediente Administrativo de clasificación en base a las siguientes razones:

- Por infracción de lo establecido en el artículo 51 de la Ley 30/1992 de 26 de Noviembre, por cuanto, la Orden Ministerial que aprueba la Clasificación , no puede infringir los derechos adquiridos según lo establecido en la Constitución y las leyes, por aplicación del Principio de Jerarquía Normativa. Así como, por infracción de lo establecido en el artículo 2.3 del Código Civil en relación con lo establecido en el artículo 62.2 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre. (Sobre la irretroactividad de la ley y de las disposiciones administrativas que vulneren la Constitución y las leyes, máxime sí éstas son restrictivas de derechos individuales o desfavorables a los ciudadanos.).

Nos remitimos a lo contestado al respecto en el punto 6 de este Fundamento Cuarto de Derecho.

Sexta. Que la Conserjería de Medio Ambiente no ha tenido en consideración que la legislación de Vías Pecuarias, anterior a la vigente, preveía y dejaba sin efecto las declaraciones de vías pecuarias efectuadas al amparo del Reglamento anterior a la ley de 1974.

Indicar que tal manifestación no esta fundada en el articulado o Disposiciones de la citada Ley de Vías Pecuarias de 1974, sin que pueda alegarse, válidamente, que la dicha Ley de 1974 dejara sin efecto las clasificaciones dictadas al amparo del Reglamento de 1944.

La doctrina jurisprudencial es clara sobre la firmeza y eficacia del acto de clasificación realizado bajo la vigencia de la normativa anterior, como base del deslinde que ahora se lleva a cabo. Por lo que no procede en el momento actual cuestionar la legalidad del acto de clasificación que ganado la firmeza.

La referida Clasificación, por tanto, es un acto administrativo definitivo y firme que goza de la presunción de validez de los actos administrativos ex artículo 57.1 de la Ley 30/1992, Ley de Procedimiento Administrativo.

Séptima. En cuanto a la anchura establecida de manera arbitraria en 75,22 metros, en dicha clasificación se infringe la anchura establecida en el articulo 570 del Código Civil y el artículo 5. a) , de la Ley de Vías Pecuarias 3/1995 de 23 de marzo que establece la anchura máxima de 75 metros.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 4 de la Ley 3/1995, de 23 de marzo de Vías Pecuarias, que establece en el apartado a) que, «Las cañadas son aquellas vías cuya anchura no exceda de los 75 metros», se rectifica la anchura propuesta en este expediente de deslinde para ajustarla a dicha anchura legal de 75 metros, estimándose esta alegación.

Las correcciones realizadas se reflejan en la descripción de la vía pecuaria y coordenadas UTM que se incluyen en esta Resolución.

10. Doña Lourdes Martín Ruiz, en representación de la Mercantil Quórum S.L., presenta las siguientes alegaciones:

Primera. La nulidad de pleno derecho del Expediente Administrativo, por infracción de lo establecido en la Disposición Transitoria Primera del Código Civil, que establece que «las variaciones introducidas por este Código, que perjudiquen derechos adquiridos según la legislación civil anterior no tendrán efecto retroactivo», ya que el título de propiedad de la finca afectada (finca registra1 núm. 2011), es anterior a la promulgación del Código Civil y trae causa, al menos, desde el año 1871 (inscripción primera en el Registro de la Propiedad. Aporta la representante copia de la Certificación del Registro de la Propiedad, con el historial de las inscripciones de la citada finca, copia de la escritura de compraventa de fecha de 31 de diciembre de 2002 y Nota Simple Informativa emitida por el citado Registro de la Propiedad.

Respecto a la titularidad registral alegada, indicar que los referidos interesados no han aportado documentos que acrediten de forma notoria e incontrovertida que la franja de terreno considerada Vía Pecuaria está incluida en la inscripción registral que se aporta .

En este sentido citar la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía de 21 de mayo de 2007 que expone que, «... Cuando decimos “notorio e “incontrovertido” nos estamos refiriendo a que no sean precisas pruebas, valoraciones o razonamientos jurídicos, siendo una cuestión de constatación de hechos y no de valoraciones jurídicas». Valoraciones jurídicas que no son de este procedimiento de deslinde.

Por lo que, en consecuencia, no basta con invocar a un título inscrito en el Registro de la Propiedad, sino que tendrá que demostrar los interesados de forma notoria e incontrovertida que la franja de terreno considerada Vía Pecuaria está incluida en la inscripción registral que se aporta. La legitimación registral que el art. 38 otorga a favor del titular inscrito, sólo confiere una presunción iuris tantum de la exactitud del asiento, susceptible de ser desvirtuado por prueba en contrario, pues el Registro de la Propiedad carece de una base fáctica fehaciente, ya que reposa sobre las simples declaraciones de los otorgantes, en cuanto a los datos de existencia, titularidad, extensión linderos, etc, relativos a la finca, circunstancias que consecuentemente caen fuera de la garantía de la fe pública. En este sentido citar la jurisprudencia del Tribunal Supremo, siendo ilustrativa, entre otras, la Sentencia del Tribunal Supremo de Sala de lo Contencioso Administrativo (Sección 4.ª) de fecha de 27 de mayo de 2003, que en su Fundamento de Derecho Primero expone que, «... En cualquier caso esas inscripciones no hacen fe sobre la extensión de terreno de las fincas....».

Todo ello, sin perjuicio de que los interesados para la defensa de sus derechos puedan esgrimir para su defensa las acciones civiles pertinentes ante la jurisdicción competente.

Segunda. La Nulidad de Pleno Derecho del Expediente Administrativo por infracción de lo establecido en los artículos 32, 34 y 38 de la Ley Hipotecaria.

Nos remitimos a lo contestado a la alegación Tercera del punto 9, de este Fundamento Cuarto de Derecho.

Tercera. La Nulidad de Pleno Derecho del Expediente por infracción de lo establecido en las artículos 1930, 1949 y 1959 del Código Civil. Se alega la Desafectación fáctica y Prescripción Adquisitiva.

Nos remitimos a lo contestado a la alegación Cuarta, del punto 9 de este Fundamento Cuarto de Derecho.

Cuarta. Nulidad del Expediente de clasificación, por vicios del Reglamento de Vías Pecuarias, aprobado por el Real Decreto de 23 de Diciembre de 1944, en su aplicación, ya que en dicho Decreto no se prevé la participación, asistencia, intervención y o notificación a los interesados. Pese a ello, la Ley de Procedimiento Administrativa vigente en aquella fecha era la de 19 de Octubre de 1889, que puesta en relación con el Reglamento General de Procedimiento Administrativo del Ministerio de Agricultura, aprobado por Decreto de 14 de Junio 1935, establece que toda Resolución dictada en los Expedientes Administrativos había de notificarse obligatoriamente a los interesados de forma personal, por lo que se genera la indefensión de los interesados en dicho procedimiento, y a su vez se infringe el Principio General de Jerarquía de Normas, actualmente recogido en el artículo 51 de la Ley 30/ 1992 de 26 de noviembre.

Nos remitimos a lo contestado al respecto en el punto 6 de este Fundamento Cuarto de Derecho.

Quinta. Nulidad por falta de clasificación de la Vía Pecuaria, e infracción de lo establecido en el artículo 2.3 del Código Civil, por falta de antecedentes históricos de las vías pecuarias del término de Íllora.

Añade el interesado que el articulo 13 del Reglamento de Vías Pecuarias (Decreto 155/1998, de 21 de julio), establece que previo al acuerdo del Inicio deberá realizarse un estudio en el que conste la referencia que la vía pecuaria existe en el fondo documental previsto en el artículo 6 del Reglamento. Dicho fondo documental deberá comprender el censo de todas las vías pecuarias clasificadas, deslindadas y amojonadas, además de los documentos, planos y antecedentes relativos a dichas vías.

En el expediente administrativo de clasificación consta un extenso anexo documental, integrado por:

- Certificación de fecha de 28 de octubre de 1866, del Secretario del Ayuntamiento de Íllora en la que se recoge la instauración de la Junta Local de Ganaderos.

- Copia de del Boletín Oficial de fecha de 9 de mayo de 1868, de la Sección de Fomento del Negociado de Agricultura, Industria y Comercio, sobre el itinerario de las Cañadas Reales y provinciales de Granada.

- Actas de los deslindes de las Coladas y Aguaderos de la Angostura, Puertezuela y Obeillar, en el término municipal de Íllora, del año 1874.

- Actas de fechas de 20, 21 y 22 de mayo de 1904 para el deslinde de las servidumbres pecuarias del término municipal del término municipal de Íllora.

- Copia de escrito de fecha de 1 de marzo y 6 de junio de 1931, de la Alcaldía de Íllora en el que a instancia de varios vecinos y ganaderos, se solicita a la Asociación General de Ganaderos, que se proceda al deslinde de las vías pecuarias existentes en dicho municipio.

- Instancia de la Alcaldía de Íllora de fecha de 1 de marzo de 1932, dirigida al Señor Ministro de Agricultura Industria y Comercio, en la que da traslado de la demanda de los ganaderos del citado municipio, para que se proceda al deslinde de las vías pecuarias y aguaderos del término municipal de Íllora.

- Certificación de fecha de 24 de enero de 1942, de don Carlos Grau y Campuzano, como archivero del Sindicato Nacional de Ganadería , en la que se hace constar los datos existentes archivados en el citado organismo, en relación a las vías pecuarias del término municipal de Íllora (Granada).

Así mismo, previo al acuerdo de inicio se elaboró un informe de las Vías Pecuarias de Loja ( y términos municipales colindantes) extraído del Fondo Documental de la Consejería de Medio Ambiente, incluyendo la copia de los documentos históricos existentes en el expediente de deslinde de referencia.

Por otra parte, para este expediente de deslinde se ha generado un Fondo Documental que se compone de los siguientes documentos:

- Bosquejo Planimétrico del Instituto Geográfico Nacional.

- Trabajos Topográficos del Instituto Geográfico y Estadístico del TM de Íllora, del año 1876, a escala 1: 25.000.

- Plano Histórico del Instituto Geográfico y de Estadística, del año 1931 a escala 1:50.000. Hoja 1008.

- Mapa Topográfico del Instituto Geográfico Nacional, a escala: 1/25.000. Hojas núm. 1008 II, IV año 1983.

- Planimetría catastral del término municipal de Loja, escala 1: 5.000.

- Fotografía aérea, vuelo americano año 1956-1957.

- Ortofotografía aérea de la Junta de Andalucía del año 2002.

Sexta. Que se ha infringido el artículo 570 del Código Civil en relación con lo establecido en el artículo 5. a) , del Real Decreto 1551 1998 de 21 de Julio que establece la anchura máxima de las Cañadas Reales en 75 metros.

Esta cuestión ha sido subsanada definiéndose para la vía pecuaria una anchura de 75 metros.

Considerando que el presente deslinde se ha realizado conforme a la Clasificación aprobada, que se ha seguido el procedimiento legalmente establecido en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, del Procedimiento Administrativo Común, con sujeción a lo regulado en la Ley 3/1995, de 23 de marzo, de Vías Pecuarias y al Decreto 155/1998, de 21 de julio, que aprueba el Reglamento de Vías Pecuarias de la Comunidad Autónoma de Andalucía, y demás legislación aplicable.

Vistos la Propuesta favorable al Deslinde, formulada por la Delegación Provincial de la Consejería de Medio Ambiente en Granada, de fecha 12 de junio de 2008, así como el Informe del Gabinete Jurídico de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, de fecha 24 de julio de 2008,

RESUELVO

Aprobar el deslinde de la vía pecuaria denominada «Cañada Real de Peñaflor» en su totalidad, en el término municipal de Íllora, en la provincia de Granada, instruido por la Delegación Provincial de la Consejería de Medio Ambiente en Granada, a tenor de los datos, en función a las coordenadas que se anexan a la presente Resolución y la descripción que a continuación se detallan:

- Longitud: 6.205,07 metros lineales.

- Anchura: 75 metros lineales.

Descripción Registral. «Finca rústica, de dominio público según establece la Ley 3/95 de Vías Pecuarias y el Decreto 155/98, por el que se aprueba el Reglamento de Vías Pecuarias de la Comunidad Autónoma de Andalucía, destinada a los fines y usos que estas normas estipulan. La vía pecuaria Cañada Real de Peñaflor discurre en su totalidad por el término municipal de Íllora, provincia de Granada, con una anchura constante de setenta y cinco metros con veintidós centímetros, y de una longitud deslindada de seis mil doscientos cinco metros con cero siete centímetros, la superficie deslindada es de 464.096,98 m², que se conoce como Cañada Real de Peñaflor»·

La vía pecuaria mantiene en todo su trazado una anchura constante de 75 metros y lindando:

El tramo de vía pecuaria deslindado va desde la zona urbana de Alomartes (Íllora) hasta el límite de términos con Pinos puente junto a la Casa de Peñaflor, lindando consecutivamente:

- A su izquierda, con:
Núm. Colindancia	Nombre	Referencia catastral
001	CONFEDERACION H GUADALQUIVIR	40/9003
003	BLANCA COBO, FRANCISCO	40/002
005	GALVEZ ARCO, JOSE MARIA	40/004
007	CONSTRUCCIONES ARIDEXA SL	40/9004
009	GUTIERREZ CONDE, AURORA	40/005
011	EGEA BUENO, MERCEDES	40/016
013	EGEA MARTINEZ, AURORA	40/009
015	EGEA MARTINEZ, AURORA	40/006
017	EGEA BUENO, MERCEDES	40/017
019	MONTERO PALOMARES, JOSE	40/007
021	EGEA BUENO, MERCEDES	40/018
023	BUENO MARTINEZ, ANGELA	40/008
025	CONDE IBAÑEZ, MARIA AURORA	40/015
027	EGEA BUENO, MERCEDES	40/018
029	AREVALO CARDENETE, JOSE L	40/010
031	EGEA BUENO, MERCEDES	40/018
033	CONSTRUCCIONES ARIDEXA SL	41/9001
035	SERRANO JIMENEZ, JOSE ANTONIO	41/005
037	LOMBARDO SALINAS, FEDERICO	41/004
039	RAMOS PEREZ, MANUEL	41/003
041	SERRANO JIMENEZ, JOSE ANTONIO	41/002
043	AREVALO CARDENETE, JOSE L	41/001
045	AREVALO CARDENETE, JOSE L	41/030
047	AYTO ÍLLORA	41/9004
049	JIMENEZ MORALES, JOAQUIN	41/031
051	ADMINISTRADOR DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS	41/9008
053	GONZALEZ FERNANDEZ, JAIME	41/041
055	CONFEDERACION H GUADALQUIVIR	41/9020
057	ZONA URBANA	41/9021
059	PUERTO MUÑOZ, FRANCISCO	17/002
061	CRESPO NUÑEZ, DOLORES	17/001
063	NAVARRO MORENO, ANTONIO	17/014
065	GALVEZ ARCO, JOSE MARIA	17/015
067	LARA LOPEZ, EDUARDO	17/013
069	LARA NAVARRO, MARIA ANTONIA	17/025
071	LARA FORTIS, ALFONSO	17/024
073	RAMOS ARCO, ANTONIO	17/022
075	PEDREGOSA PEREZ, AMALIA	17/073
077	MONTERO ARCO, ANTONIO	17/075
079	LOMBARDO CASTRO, ANTONIA	17/077
081	GALVEZ MESA, MARIA	17/078
083	DELGADO CASTRO, RAFAEL	17/019
085	NAVARRO LARA, ANTONIO	17/071
087	AGUILERA SANCHEZ, JOSEFA	17/069
089	NAVARRO CALVO, MARIA VICTORIA	17/083
091	ORTEGA BUSTOS, MARIA LEONOR	17/084
093	GUTIERREZ CALVO, JUAN	17/085
095	NUÑEZ AGUI, ANTONIO	17/100
097	NAVARRO SANCHEZ, M JOSE	17/101
099	NAVARRO MARTIN, FRANCISCA	17/102
101	JIMENEZ PEDREGOSA, FRANCISCO	17/103
103	MUÑOZ RODRIGUEZ, MARIA	17/104
105	CALVO PEDREGOSA, JUAN	17/158
107	CALVO PEDREGOSA, JUAN	17/159
109	DESCONOCIDO	17/223
111	DESCONOCIDO	17/225
113	CALVO CALVO, FRANCISCA	17/161
115	JIMENEZ CARVAJAL, FRANCISCO	17/176
117	GARCIA PEREZ, DANIEL	17/175
119	GARCIA PEREZ, RAMON	17/220
121	ROMERO LOPEZ, CECILIO	17/193
123	GARCIA CUESTA, ISABEL	17/192

- A su derecha, en el tramo de vía pecuaria deslindado va desde la zona urbana de Alomartes (Íllora) hasta el límite de términos con Pinos puente junto a la Casa de Peñaflor, lindando con:
Núm. Colindancia	Nombre	Referencia catastral
002	BUENO MARTINEZ, ANGELA	46/317
004	EXTREMERA MINGORANCE, FERNANDO	46/316
006	CONSTRUCCIONES ARIDEXA SL	46/9006
008	GALVEZ ARCO, MARIA JOSEFA	46/315
010	SEVILLANA DE ELECTRICIDAD, S.A.
012	ARCO JIMENEZ, DOLORES	46/313
014	LOMBARDO LOPEZ, JOSE	46/312
016	NIETO RAMOS, SOLEDAD	46/311
018	ARCAS GALVEZ, JOSE MARIA	46/309
020	NIETO RAMOS, JOSE	46/278
022	GARCIA LOPEZ, MARCELINO	46/273
024	RODRIGUEZ SANCHEZ, JOSE	46/271
026	GUTIERREZ CONDE, JOSE LUIS	46/209
028	IZQUIERDO CABA, ANTONIO	46/210
030	GUTIERREZ CONDE, JOSE LUIS	46/209
032	QUORUM SL	46/203
034	RAMOS ARCO, ANTONIO	46/204
036	MONTERO PALOMARES, JOSE	46/205
038	RUIZ VENEGAS, VICENTE	46/207
040	LOPEZ CARRILLO, JOSE ANTONIO	46/208
042	BUENO MARTINEZ, ANGELA	40/011
044	CONDE IBAÑEZ, MARIA AURORA	40/014
046	CONSTRUCCIONES ARIDEXA SL	40/9005
048	CONSTRUCCIONES ARIDEXA SL	42/9002
050	NUÑEZ MORALES, AURELIO ANTONIO	42/040
052	NUÑEZ MORALES, MARIA CARMEN	42/041
054	MORALES GALVEZ, ANTONIA	42/042
056	NUÑEZ MORALES, YOLANDA	42/043
058	ISABEL NUÑEZ GUERRERO	42/44
060	MORALES GALVEZ, ANTONIA	42/045
062	MORALES GALVEZ, MARIA	42/046
064	AREVALO CARDENETE, JOSE L	42/047
066	AYTO ÍLLORA	42/9004
068	AREVALO CARDENETE, JOSE L	42/050
070	AREVALO CARDENETE, JOSE L	42/051
072	AREVALO CARDENETE, JOSE L	42/052
074	GALVEZ ARCO, MARIA JOSEFA	42/058
076	ADMINISTRADOR DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS	42/9005
078	AYTO ÍLLORA	42/9004
080	NIETO GUTIERREZ, JOSE	42/067
082	CONFEDERACION H GUADALQUIVIR	42/9007
084	LARA LOPEZ, EDUARDO	42/099
086	AYTO ÍLLORA	42/9001
088	LARA LOPEZ, EDUARDO	42/100
090	GOMEZ AGEA, OBDULIA	42/101
092	AYTO ÍLLORA	42/9008
094	AYTO ÍLLORA	17/9003
096	CRESPO NUÑEZ, DOLORES	17/082
098	GOMEZ AGEA, OBDULIA	17/081
100	LOMBARDO CASTRO, ANA HERMINIA	17/080
102	LARA LOPEZ, EDUARDO	17/013
104	NAVARRO LARA, LUIS	17/012
106	LARA FORTIS, ALFONSO	17/023
108	RAMOS ARCO, ANTONIO	17/021
110	PEDREGOSA PEREZ, AMALIA	17/072
112	MONTERO ARCO, ANTONIO	17/074
114	LOMBARDO CASTRO, ANTONIA	17/076
116	DELGADO CASTRO, RAFAEL	17/018
118	NAVARRO LARA, ANTONIO	17/070
120	AGUILERA SANCHEZ, JOSEFA	17/068
122	ORTEGA PEREZ, MARIA JOSEFA	18/055
124	GUTIERREZ CALVO, JUAN	18/056
126	GUTIERREZ CASTELAR, PLACIDO	18/057
128	JIMENEZ LEYVA, FRANCISCO	18/058
130	RUIZ CERVERA, MARIA	18/059
132	GUADIX GALVEZ, RAFAEL	18/065
134	JIMENEZ CARVAJAL, AMALIA	18/064
136	LEYVA NAVARRO, ANTONIO	18/066
138	LEIVA CALVO, JOSE	18/067
140	MORALES HIDALGO, FILOMENA	18/099
142	DIAZ HIDALGO, ANTONIO	18/109
144	GARCIA PEREZ, GABRIEL	18/136
146	GARCIA PEREZ, RAMON	18/130
148	GARCIA CUESTA, ISABEL	18/132
150	MORALES MESA, RAMON	18/133

Relación de coordenadas U.T.M. de la vía pecuaria
LINEA BASE IZQUIERDA			LINEA BASE DERECHA
Estaquilla	X	Y	Estaquilla	X	Y
1I	419171,290	4124177,836
2I	419146,068	4124123,333	2D	419075,905	4124154,502
3I	419118,104	4124081,234	3D	419054,987	4124122,307
			31D	419048,669	4124109,563
			32D	419044,579	4124095,977
			33D	419043,116	4124081,865
			34D	419044,334	4124067,729
4I	419121,608	4124068,736	4D	419049,559	4124047,829
5I	419135,768	4124019,856	5D	419060,759	4124009,226
6I	419135,690	4123927,072	6D	419060,692	4123929,842
7I	419129,600	4123843,785	7D	419055,114	4123853,554
8I	419119,795	4123792,195	8D	419047,656	4123814,310
9I	419105,500	4123759,044	9D	419040,044	4123796,658
10I	419056,359	4123692,490	10D	418994,146	4123734,496
11I	419020,834	4123634,772	11D	418963,448	4123684,620
12I	418981,841	4123602,453	12D	418933,999	4123660,211
			121D	418924,845	4123651,198
			122D	418917,361	4123640,758
13I	41894+3,724	4123538,335	13D	418880,355	4123578,508
14I	418898,623	4123471,506	14D	418835,951	4123512,713
15I	418855,833	4123404,688	15D	418792,455	4123444,792
16I	418840,557	4123380,254	16D	418776,978	4123420,038
			161D	418770,315	4123406,536
			162D	418766,479	4123391,977
17I	418829,309	4123309,349	17D	418755,054	4123319,957
18I	418819,310	4123230,703	18D	418744,873	4123239,881
19I	418810,250	4123154,856	19D	418736,746	4123171,849
20I	418782,255	4123074,567	20D	418712,063	4123101,057
21I	418750,171	4122995,674	21D	418683,873	4123031,738
22I	418704,947	4122930,991	22D	418643,492	4122973,982
			221D	418638,080	4122964,955
			222D	418633,982	4122955,260
23I	418701,513	4122920,958	23D	418630,560	4122945,262
			231D	418628,080	4122936,205
			232D	418626,750	4122926,910
24I	418695,627	4122847,237	24D	418620,653	4122850,554
25I	418694,954	4122770,285	25D	418619,926	4122767,512
26I	418698,095	4122732,365	26D	418623,348	4122726,214
			261D	418628,328	4122704,859
			262D	418639,261	4122685,851
27I	418715,360	4122710,502	27D	418652,262	4122669,387
28I	418738,913	4122665,979	28D	418672,633	4122630,879
281I	418745,437	4122648,879
282I	418747,633	4122630,709
29I	418747,585	4122604,005	29D	418672,585	4122604,099
291I	418744,072	4122581,435
292I	418733,940	4122560,963
30I	418715,737	4122535,039	30D	418648,612	4122568,549
31I	418710,752	4122519,693	31D	418640,703	4122546,811
32I	418687,227	4122467,677	32D	418614,729	4122488,767
33I	418684,194	4122446,378	33D	418610,076	4122457,392
			331D	418609,268	4122445,608
			332D	418610,246	4122434,272
34I	418685,612	4122437,701	34D	418611,590	4122425,629
			341D	418614,842	4122412,875
			342D	418620,270	4122400,884
35I	418692,213	4122425,977	35D	418630,184	4122383,277
36I	418717,362	4122395,691	36D	418658,083	4122349,679
37I	418744,058	4122358,855	37D	418683,305	4122314,876
			371D	418697,983	4122299,684
			372D	418716,309	4122289,177
38I	418779,387	4122344,763	38D	418742,121	4122278,882
39I	418825,559	4122309,661	39D	418780,192	4122249,938
391I	418837,233	4122298,629
392I	418846,296	4122285,367
40I	418869,406	4122242,289	40D	418803,328	4122206,812
401I	418874,718	4122229,793
402I	418877,693	4122216,544
41I	418880,097	4122198,226	41D	418805,731	4122188,498
			411D	418809,577	4122172,703
			412D	418816,731	4122158,104
42I	418906,438	4122156,587	42D	418844,705	4122113,884
43I	418953,175	4122094,628	43D	418894,321	4122048,108
44I	419001,512	4122036,238	44D	418947,655	4121983,683
45I	419013,429	4122025,872	45D	418972,270	4121963,113
451I	419029,100	4122012,045
452I	419040,093	4121995,105
453I	419045,918	4121977,257
46I	419047,014	4121956,780	46D	418973,621	4121940,212
47I	419060,806	4121923,781	47D	418997,984	4121879,600
48I	419068,768	4121916,498	48D	419018,149	4121861,156
49I	419097,216	4121890,478	49D	419047,707	4121834,121
1C	419093,458	4121881,781
50I	419118,501	4121859,309	50D	419049,609	4121829,662
51I	419141,808	4121804,677	51D	419072,833	4121775,226
511I	419147,189	4121785,033
52I	419149,463	4121767,827	52D	419075,113	4121757,974
521I	419150,063	4121755,271
522I	419148,560	4121742,792
53I	419133,502	4121669,832	53D	419060,398	4121686,678
54I	419113,582	4121591,635	54D	419040,821	4121609,827
55I	419094,626	4121514,365	55D	419021,656	4121531,704
56I	419073,977	4121424,562	56D	419000,023	4121437,623
57I	419064,351	4121347,080	57D	418989,923	4121356,325
58I	419054,489	4121267,690	58D	418980,061	4121276,936
59I	419044,603	4121188,109	59D	418970,223	4121197,737
60I	419033,843	4121108,201	60D	418959,630	4121119,076
61I	419016,390	4120998,052	61D	418942,067	4121008,228
62I	419003,982	4120890,641	62D	418929,656	4120900,796
63I	418989,609	4120799,588	63D	418915,781	4120812,895
64I	418969,000	4120697,970	64D	418896,975	4120720,165
65I	418954,587	4120663,664	65D	418882,311	4120685,264
66I	418940,758	4120588,974	66D	418867,011	4120602,628
67I	418926,321	4120510,996	67D	418853,256	4120528,334
68I	418914,987	4120472,005	68D	418844,898	4120499,578
69I	418877,044	4120396,699	69D	418810,847	4120431,997
70I	418828,856	4120311,159	70D	418761,569	4120344,522
71I	418797,840	4120239,324	71D	418729,161	4120269,464
72I	418765,610	4120167,053	72D	418697,128	4120197,634
			721D	418691,519	4120178,668
			722D	418691,055	4120158,894
73I	418774,819	4120082,513	73D	418700,263	4120074,365
731I	418775,053	4120068,784
732I	418772,784	4120055,242
74I	418748,014	4119961,174	74D	418674,784	4119977,605
75I	418737,927	4119906,964	75D	418662,538	4119911,788
76I	418742,251	4119830,031	76D	418667,192	4119828,972
77I	418741,463	4119801,826	77D	418666,491	4119803,883
771I	418738,124	4119781,679
772I	418729,483	4119763,176
78I	418685,163	4119694,517	78D	418623,082	4119736,635
79I	418644,527	4119637,477	79D	418583,460	4119681,019
			791D	418575,478	4119666,749
			792D	418570,772	4119651,089
80I	418634,333	4119582,371	80D	418558,919	4119587,012
81I	418635,766	4119558,502	81D	418560,900	4119554,029
			811D	418565,176	4119533,163
82I	418642,084	4119540,883	82D	418571,478	4119515,589
			821D	418581,331	4119496,905
83I	418685,986	4119480,195	83D	418624,957	4119436,600
84I	418732,808	4119413,813	84D	418670,357	4119372,233
85I	418755,929	4119376,975	85D	418691,388	4119338,725
86I	418779,971	4119333,944	86D	418716,284	4119294,164
87I	418825,112	4119268,962	87D	418762,426	4119227,741
88I	418851,913	4119225,852	88D	418783,506	4119193,835
89I	418871,458	4119166,732	89D	418798,473	4119148,560
90I	418880,619	4119112,960	90D	418805,549	4119107,028
91I	418880,145	4119070,020	91D	418805,196	4119075,021
92I	418874,051	4119020,401	92D	418799,607	4119029,518
921I	418870,981	4119006,486
922I	418865,338	4118993,400
93I	418841,197	4118949,429	93D	418773,590	4118982,129
94I	418806,275	4118866,581	94D	418737,171	4118895,731
			941D	418732,299	4118878,933
95I	418801,062	4118835,414	95D	418726,620	4118844,980
96I	418799,402	4118816,991	96D	418725,033	4118827,362
97I	418793,968	4118788,309	97D	418721,152	4118806,880
98I	418767,739	4118707,038	98D	418695,296	4118726,765
99I	418758,514	4118665,697	99D	418684,666	4118679,123
100I	418747,651	4118588,674	100D	418673,143	4118597,429
101I	418745,133	4118561,924	101D	418669,677	4118560,598
102I	418752,971	4118501,495	102D	418678,216	4118494,762
103I	418753,428	4118492,486	103D	418678,921	4118480,872

Contra la presente Resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante la Consejera de Medio Ambiente, conforme a lo establecido en la Ley 4/1999, de modificación de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en el plazo de un mes desde la notificación de la presente, así como cualquier otro que pudiera corresponder de acuerdo con la normativa aplicable.

Actuación cofinanciada por Fondos Europeos.

Sevilla, 3 de abril de 2009.- La Directora General (Decreto 194/2008, de 6.5), el Secretario General de Patrimonio Natural y Desarrollo Sostenible, Francisco Javier Madrid Rojo.

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