El Gobierno andaluz considera que las Comunidades Autónomas deben debatir las medidas de liberalización económica adoptadas por el Consejo de Ministros
El Consejo de Gobierno ha acordado hoy solicitar a la presidenta del Senado la convocatoria de la Comisión General de las Comunidades Autónomas, con el fin de recabar información y debatir sobre la repercusión de cinco normas aprobadas el pasado 23 de junio por el Consejo de Ministros que, a juicio del Gobierno andaluz, pueden producir invasiones en el ámbito competencial de las Comunidades Autónomas y distorsiones en el ejercicio de otras competencias compartidas.
En concreto, estas normas son el Real Decreto-Ley 3/2000, por el que se aprueban medidas fiscales urgentes de estímulo al ahorro familiar y a la pequeña y mediana empresa; el Real Decreto-Ley 4/2000, de medidas urgentes de liberalización en el sector inmobiliario y transportes; el Real Decreto-Ley 5/2000, de medidas urgentes de contención del gasto farmacéutico público y de racionalización del uso de medicamentos; el Real Decreto-Ley 6/2000, de medidas urgentes de intensificación de la competencia en mercados de bienes y servicios, y el Real Decreto-Ley 7/2000 de medidas urgentes en el sector de las telecomunicaciones.
La solicitud del Consejo de Gobierno se justifica, asimismo, por la incidencia de estas normas sobre la pequeña y mediana empresa, la economía doméstica y sectores de gran relevancia socioeconómica para Andalucía, como el inmobiliario o el del comercio minorista. En algunos casos, las medidas aprobadas pueden suponer también cargas adicionales de trabajo para las Comunidades Autónomas, que tendrían que ser cuantificadas. En este sentido, el Gobierno andaluz considera que la convocatoria de la Comisión General de las Comunidades Autónomas debe servir también para estudiar mecanismos de cooperación y colaboración entre las distintas Administraciones públicas implicadas en estas materias.
En opinión del Consejo de Gobierno, la adopción de las citadas medidas en forma de Decretos-Leyes ha impedido la participación de las Comunidades Autónomas en la elaboración de dichas normas, por lo que se hace necesario subsanar esta carencia a través de un debate en la Comisión General de las Comunidades Autónomas.
De acuerdo con el reglamento del Senado, este órgano tiene entre sus funciones las de iniciar trámites informativos, de estudio o de seguimiento sobre materias de naturaleza autonómica, así como favorecer la colaboración entre las Administraciones. Las reuniones de la Comisión pueden ser convocadas a iniciativa de la presidenta del Senado o a instancia de algunos de los Consejos de Gobierno de las Comunidades Autónomas.