Al celebrar hoy el Cincuentenario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, los pueblos, las naciones y los gobiernos constatan los avances registrados en el reconocimiento y en el respeto a la dignidad humana, pero manifiestan al mismo tiempo su preocupación por la persistencia de situaciones de injusticia, desigualdad y explotación y por las distintas formas de opresión e intolerancia.
Desde hace cincuenta años, esta bienintencionada Declaración ha procurado ser una norma jurídica y una referencia ética que, por desgracia, no siempre se ha tenido en cuenta a la hora de gobernar, de compartir la riqueza, los bienes de la cultura, de la educación o de la salud.
A pesar de todo, no ha sido un gesto inútil, ni una toma de postura estéril. Ha servido al menos para poner en evidencia a los transgresores y elevar, ante la consideración del mundo, la posición de los injustamente tratados y desposeídos.
Cada vez que se ha torturado y exiliado, cada vez que se ha silenciado una voz o se ha secuestrado una opinión crítica, cada vez que se ha abusado de un niño, maltratado al más débil o se ha rechazado a alguien sin motivo; cada vez, en fin, que se daba un paso atrás, surgía un clamor de protesta y un impulso renovador en otras partes del mundo.
El Acta Única Europea ha recogido recientemente entre sus principios animadores la voluntad de promover conjuntamente la democracia, basándose en los derechos fundamentales reconocidos en la Constituciones y leyes de los Estados miembros; en el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales y en la Carta Social Europea.
Consciente de la relevancia que la Declaración Universal tiene para la interpretación de la propia Constitución Española, única Carta Magna que se obliga a dicha interpretación incorporándola a sus artículos, el Gobierno Andaluz ha constituido un Comité Andaluz para la conmemoración del Cincuentenario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, con la misión de difundir su conocimiento y promover actuaciones conjuntas de las administraciones, las instituciones y las organizaciones sociales andaluzas.
Andalucía se caracteriza por el sentido abierto y solidario de sus ciudadanos y ciudadanas, por el compromiso con el derecho y la justicia, por esa dimensión profunda y universal que nos convierte en un lugar de acogida y no de exclusión, en un espacio de convivencia, de diálogo y de creatividad.
Actualizar estos principios y valores significa, en concreto, seguir trabajando para prevenir la creación de bolsas de pobreza y marginación; respetar y convivir pacíficamente con las minorías étnicas que comparten desde hace siglos un mismo territorio; ofrecer nuestro respeto y comprensión a las personas que llegan a Andalucía buscando un horizonte de bienestar y, sobre todo, formas eficaces de integración socio-laboral y ayudar, a través del voluntariado social o con los medios a nuestro alcance, a aquellos países que atraviesan por trágicas y devastadoras circunstancias, como les ocurre a las naciones hermanas de Centroamérica en estos momentos.
Los Derechos Humanos no son una teoría o una hermosa Declaración de intenciones. Son un reto y un compromiso, una garantía para el ejercicio de las libertades públicas e individuales, para hacer efectivo el respeto a las personas y a los grupos en los que se integran sin ningún tipo de discriminación, y para conseguir un orden social y un sistema de relaciones internacionales basado en la justicia y en la solidaridad.
Hay que seguir clamando y reivindicando desde los distintos foros políticos, sociales, económicos y culturales por la urgente superación de situaciones que sostienen las diferencias entre el Norte y el Sur, entre el mundo del bienestar y el Tercer Mundo, entre unas razas y otras y cuantas otras coartadas discriminan a las personas o las enfrentan por cualquier tipo de fundamentalismo. Hay que acabar con la persistencia de situaciones de violación de los derechos humanos en países con regímenes opresores; en las cárceles; en empresas que permiten el trabajo infantil o niegan los derechos laborales; en lugares en los que la prostitución infantil es una forma más de menosprecio de la dignidad humana; o en zonas en las que todavía el hambre sigue concentrando todas las preocupaciones.
Los derechos colectivos no podrán hacerse efectivos sin una base real de respeto y reconocimiento de los derechos individuales; hemos de ganar la batalla por las libertades individuales y, consecuentemente, los derechos de las minorías porque "la prueba más concluyente con la que juzgamos si un país es libre es la seguridad de que gozan las minorías" (Lord Acton, 1877).
En este día, el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía reitera la responsabilidad y el compromiso con la causa de la justicia allá donde los Derechos Humanos son todavía conculcados o violados y, por ello, alentar cuantas iniciativas y acciones se emprendan con esta noble finalidad.