El Consejo de Gobierno ha aprobado hoy tres decretos que, en términos generales, actualizan el régimen legal de buena parte del parque de viviendas de promoción pública existente en Andalucía. El primero de ellos regula el acceso a la propiedad para los arrendatarios de viviendas de promoción pública. El segundo oferta la amortización anticipada del tramo final de sus préstamos hipotecarios para los titulares de viviendas públicas en régimen de venta con precio aplazado promovidas con anterioridad a 1978. El tercero da continuidad al proceso de regularización de aquellos inquilinos que habitan viviendas de promoción pública en régimen de arrendamiento o acceso diferido sin ser titulares de las mismas. En total se pueden ver beneficiadas por estas tres normas unas 35.000 familias andaluzas.
El "Decreto por el que se regula el acceso a la propiedad de las viviendas de promoción pública cuyo régimen de tenencia sea el arrendamiento" refunde dos textos anteriores para procurar una mayor claridad, a la vez que aborda nuevas cuestiones, como la regularidad del abono de las rentas o la homologación de las viviendas construidas por el Estado en la etapa preautonómica. Se actualizan además los requisitos que deben cumplir los arrendatarios de viviendas de promoción pública para acceder a la propiedad de las mismas. Más de 4.000 familias que viven de alquiler podrán acceder a la propiedad a través de esta norma.
Los dos decretos que se refunden son el 100/1995, que reguló en Andalucía el acceso a la propiedad de aquellos arrendatarios de viviendas públicas que aspiraban justificadamente a la consolidación de sus familias en estas casas, y el 210/1999, que adaptó estas condiciones de acceso a la propiedad al III Plan Andaluz de Vivienda y Suelo, sobre todo en materia de precios y evolución de los tipos de interés.
En segundo lugar, el Consejo de Gobierno ha aprobado el "Decreto por el que se dictan normas especiales para facilitar la amortización anticipada de los titulares de viviendas de promoción pública cedidas en régimen de venta con precio aplazado acogidas a regímenes anteriores al Real Decreto 3148/1978". Los titulares de viviendas públicas promovidas con anterioridad a 1978 se encuentran actualmente en la última fase del pago de sus préstamos hipotecarios. Por ello la Junta les oferta la amortización anticipada de las cantidades que tienen pendientes de pago, lo que popularmente se conoce como "levantar hipoteca".
Este decreto tiene como objetivo simplificar la situación patrimonial del sector público de viviendas, a la vez que facilitar a los adjudicatarios la obtención de su escritura de compraventa o bien la cancelación de la hipoteca. Para ello se incentiva la amortización anticipada con descuentos en los gastos de la escritura pública de compraventa y en los gastos de cancelación de la hipoteca, así como en el coste de sus respectivas inscripciones registrales. Esta deducción traerá consigo mayor celeridad y menor tramitación administrativa. Del orden de 20.000 viviendas se podrán acoger a este segundo decreto.
En tercer lugar, el Consejo de Gobierno ha aprobado el "Decreto por el que se regularizan las situaciones de aquellas viviendas de promoción pública a adjudicar en régimen de arrendamiento o acceso diferido a la propiedad que hayan sido habitadas sin título bastante". Su objetivo es subsanar situaciones sociales complejas, en las que los titulares legales de estas viviendas no las utilizan como domicilio habitual, sino que las ceden a otras familias que sí tienen unas necesidades objetivas de una casa digna. Por ello el actual decreto posibilita a los que residen de forma habitual en viviendas públicas de la Junta en régimen de arrendamiento o acceso diferido la regularización de su situación mediante el otorgamiento de un contrato de cesión, previo cumplimiento de una serie de requisitos. Unas 10.000 familias se podrán beneficiar de esta norma, que continúa la labor ya iniciada por los decretos 416/1990, que regulaba el régimen de arrendamiento para las viviendas de promoción pública, y 140/1997, que establecía un nuevo plazo para acogerse a los beneficios de dicha regularización.