EL GOBIERNO ANDALUZ INTERPONDRÁ UN RECURSO CONTRA LA LEY QUE MODIFICA LA NORMATIVA ESTATAL DE IMPACTO AMBIENTAL

 

El Consejo de Gobierno ha autorizado hoy la interposición de un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley 6/2001, de 8 de mayo, en la que se modifica la normativa estatal de evaluación de impacto ambiental, por vulneración de las competencias autonómicas en materia de medio ambiente.

El Gobierno Andaluz ya acordó recurrir el pasado 5 de diciembre un real decreto-ley de octubre de 2000 que también modificaba dicha normativa y que fue finalmente sustituido por la ley que ahora se pone en cuestión. Esta ley suprime algunos de los aspectos recurridos por la Junta de Andalucía en aquella ocasión pero mantiene otros que sobrepasan la competencia estatal e invaden la autonómica.

En concreto, se sigue atribuyendo al Ministerio de Medio Ambiente el carácter de órgano competente en relación con la evaluación de impacto ambiental de aquellos proyectos que deben ser autorizados por la Administración central pero que requieren la consulta preceptiva del órgano ambiental de la comunidad donde se lleven a cabo.

De igual modo, la ley de modificación atribuye a la Administración del Estado el seguimiento y control de la declaración de impacto ambiental, aspecto que es competencia de la comunidad autónoma.

Por todo ello, el Gobierno Andaluz considera que la citada Ley 6/2001, en su artículo único, vulnera el artículo 149.1.23 y otros concordantes de la Constitución Española, así como el artículo 15.1.7 y otros concordantes del Estatuto de Autonomía para Andalucía.

No obstante, respecto al anterior real decreto-ley de modificación de la normativa estatal de impacto ambiental, la Ley 6/2001 que lo sustituye corrige dos aspectos de cuya inconstitucionalidad ya advirtió en su día el Gobierno andaluz. En concreto, se ha suprimido la regulación de un procedimiento abreviado por parte del Estado para aquellos proyectos autorizados por el mismo y sujetos a evaluación de impacto ambiental por la normativa autonómica pero no por la estatal. Además, la nueva modificación se ha realizado por ley, desechando la fórmula inicial del real decreto-ley. En su recurso del pasado diciembre, el Gobierno andaluz ya subrayaba que no concurrían las razones de extraordinaria y urgente necesidad que justifican la utilización de esta fórmula.

De acuerdo con sus competencias, la Comunidad Autónoma de Andalucía cuenta desde 1994 con una ley propia de protección ambiental que, respecto a la normativa estatal, amplía y refuerza las garantías ambientales exigibles a los diversos proyectos y actividades socioeconómicas.