El referéndum popular que aprobó en 1981, hace hoy 17 años, el Estatuto de Autonomía para Andalucía ratificó el firme compromiso de los andaluces, manifestado ya el 28 de Febrero de 1980, con una autonomía que otorgara a esta comunidad el máximo nivel de autogobierno y la capacidad, por tanto, de decidir y protagonizar su futuro.
Hoy se halla muy extendida entre los andaluces la percepción colectiva de que el Estatuto de Autonomía es una norma válida y útil, aplicada al servicio de los ciudadanos, que ha propiciado un notable desarrollo socioeconómico, cultural y vital de Andalucía y consolidado el mayor nivel de autogobierno.
El Consejo de Gobierno reivindica la memoria de la iniciativa y el impulso político que asumieron hace dos décadas, en plena transición democrática de España, los ciudadanos andaluces y sus legítimos representantes para ganarse a pulso su autonomía y el poder político de la Comunidad dentro del Estado español.
Entre 1977 y 1981, con el Pacto Autonómico de Antequera (del que pronto se cumplen 20 años) y la aprobación del Estatuto de Autonomía como hitos, los andaluces escribimos algunas de las páginas más brillantes de nuestra historia como pueblo asentado sobre siglos de convivencia, cultura y destino compartido. Esos años alumbraron nuevos y trascendentes capítulos de la obra que cimentara, en las primeras décadas del siglo actual, Blas Infante.
El Consejo de Gobierno de la Junta asume hoy estas aportaciones y refuerza su compromiso con Andalucía que conquistara, mediante la implicación decisiva de sus ciudadanos, la capacidad de autogobierno, una profunda aspiración de los andaluces.
Nadie puede negar hoy que Andalucía ha avanzado mucho, que el bienestar de los andaluces se ha elevado considerablemente y que, en definitiva, Andalucía es hoy una comunidad más fuerte y con más posibilidades. Pero Andalucía no ha satisfecho aún plenamente sus aspiraciones de autogobierno. Por un lado, la Junta de Andalucía aspira a perfeccionar el ejercicio de sus competencias, recibiendo del Estado transferencias aún pendientes, que continúen desarrollando nuestro Estatuto de Autonomía.
Por otro lado, el Consejo de Gobierno seguirá empleando todos sus recursos políticos, técnicos y humanos para que Andalucía reciba un justo trato del Estado que garantice su autonomía financiera, menoscabada por el sistema de financiación autonómica aprobado por el Gobierno central.
Decisiones políticas como la citada, que ignora el censo real de la población andaluza a la hora de establecer la cobertura financiera de los servicios públicos básicos (sanidad, educación y servicios sociales) son hoy, a los 17 años de la aprobación del referéndum estatutario, el paradigma más claro de cómo se puede despreciar una autonomía y rebajar su contenido, de cómo se puede devaluar, por la vía de los hechos consumados, un Estatuto cuya letra y cuyo espíritu siguen atesorando hoy los instrumentos jurídicos y respuestas políticas para satisfacer las aspiraciones de todos los andaluces.
En la víspera del nuevo milenio, hemos de abogar por la cohesión y la solidaridad, rechazando cualesquiera privilegios que abonen la desigualdad entre los españoles y debiliten a España y Andalucía ante los grandes retos que se alzan a la vista.