El Consejo de Gobierno, a propuesta del consejero de Medio Ambiente, ha acordado requerir al Gobierno central la derogación de varios artículos del decreto 1760/98, de 31 de julio, por el que se determina la composición y funcionamiento del Consejo de la Red de Parques Nacionales, la gestión de los mismos y sus Patronatos. Dicho requerimiento se debe a la vulneración, por parte de la citada norma, de competencias que son exclusivas de la Comunidad Autónoma de Andalucía en materia de medio ambiente y espacios naturales protegidos.
El Consejo de Gobierno ha acordado, asimismo, en el supuesto de que el Gobierno central no atienda a este requerimiento, autorizar al Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía a plantear el correspondiente conflicto positivo de competencia ante el Tribunal Constitucional. El decreto, cuya derogación se solicita ahora, desarrolla la ley estatal 41/97 --recurrida por la Junta de Andalucía-- que modificaba determinados preceptos de la ley 4/89, de Conservación de Espacios Protegidos, Flora y Fauna Silvestres.
El acuerdo del Consejo de Gobierno señala que la disposición adicional segunda de la ley 41/97 sólo habilita al Gobierno central a modificar la composición de los Patronatos y órganos gestores de los Parques Nacionales para adaptarlos a las prescripciones de la citada ley. Sin embargo, examinando los artículos 3 y 4 del referido decreto se puede comprobar que sí se ha procedido a una regulación de los mencionados órganos con carácter general.
Según el acuerdo aprobado por el Consejo de Gobierno, dicho artículo 3, que regula la Comisión Mixta de Gestión de los Parques Nacionales como órgano encargado de la gestión conjunta de tales espacios, debe ser declarado inconstitucional por ignorar las competencias exclusivas de la Comunidad Autónoma de Andalucía en materia de espacios naturales protegidos y de organización y estructura de sus instituciones de autogobierno.
Por motivos similares, el Gobierno andaluz solicita también la derogación del artículo 4 del decreto estatal, sobre la dependencia de los Patronatos de los Parques Nacionales a la Administración del Estado, por desconocer las competencias de la Comunidad Autónoma Andaluza, especialmente en lo que se refiere a sus facultades de autoorganización, y suponer asimismo la infracción de varios artículos del Estatuto de Autonomía y la Constitución.
En resumen, el acuerdo de Consejo de Gobierno requiere al Gobierno Central para que derogue los artículos 1 (completo), seis apartados del artículo 3, ocho apartados del artículo 4, las disposiciones adicionales primera, segunda, cuarta, quinta, sexta y séptima, así como la derogación parcial de los anexos I y II del decreto 1760/1998. Todo ello por no respetar el orden competencial establecido en la Constitución Española y en el Estatuto de Autonomía para Andalucía.