El Consejo de Gobierno ha aprobado, a propuesta de los consejeros de Medio Ambiente y Agricultura y Pesca, un decreto que designa las zonas vulnerables a la contaminación por nitratos procedentes de fuentes agrarias en la Comunidad Autónoma de Andalucía.
Este texto da cumplimiento a la normativa europea y estatal que obliga a las comunidades autónomas a señalar como zonas vulnerables aquellas superficies cuyas escorrentías o filtraciones con aportaciones de nitratos de origen orgánico afecten o puedan afectar a las masas de agua. Previamente a la designación de áreas que se recoge en el decreto, el Ministerio de Medio Ambiente comunicó a la Junta las masas de agua que se encuentran afectadas en Andalucía, o en riesgo de estarlo, por este tipo de contaminación. El Ministerio incluyó en esta relación las aguas continentales de su competencia en las cuencas hidrográficas del Guadalquivir y del Sur. Por el contrario, no declaró como afectadas las aguas superficiales y subterráneas de la cuenca hidrográfica del Guadiana.
El decreto aprobado por el Consejo de Gobierno señala que las zonas andaluzas vulnerables a la contaminación por nitratos de origen agrario se agruparán en seis áreas, en las que se establecerá un programa de actuación específico para prevenir este problema y reducir su impacto. Estas áreas son las siguientes: Valle de Guadalquivir (provincia de Sevilla), Valle del Guadalquivir (provincias de Córdoba y Jaén), Zona Norte de Málaga, Vega de Granada, Litoral Atlántico y Litoral Mediterráneo.
En total se incluyen 92 términos municipales, 25 de los cuales corresponden al área del Valle del Guadalquivir en Sevilla, 22 a la Vega de Granada, otros 22 al Litoral Mediterráneo, 11 al Valle del Guadalquivir en Córdoba y Jaén, seis a la Zona Norte de Málaga y otros seis al Litoral Atlántico, respectivamente.
Programas de actuación
Los programas de actuación en las distintas zonas incluirán la realización de muestreos para conocer la calidad de las aguas continentales de los términos municipales designados, así como las medidas previstas en el Código de Buenas Prácticas Agrarias, redactado por la Consejería de Agricultura y Pesca. Estos trabajos serán elaborados de forma conjunta, en el plazo de seis meses a partir de la entrada en vigor del decreto, por las confederaciones hidrográficas y las consejerías de Medio Ambiente y Agricultura y Pesca.
El decreto aprobado por el Consejo de Gobierno crea una comisión de seguimiento, dependiente de la Consejería de Medio Ambiente. Este órgano, que estará integrado además por representantes de las consejerías de Agricultura y Pesca, Salud y Obras Públicas y Transportes, podrá proponer la modificación y/o ampliación de las zonas vulnerables designadas, además de participar en la elaboración de los programas de actuación.