APROBADO EL NUEVO REGLAMENTO DE PREVENCIÓN Y LUCHA CONTRA LOS INCENDIOS FORESTALES

La nueva norma refuerza las medidas preventivas y las precauciones para quemas de rastrojos, circulación en los montes y acampadas

 

El Consejo de Gobierno ha aprobado hoy el Reglamento de Prevención y Lucha contra los Incendios Forestales en Andalucía. La nueva norma sustituye al reglamento vigente desde 1994 y desarrolla la ley de 1999 sobre esta materia, salvo en lo relativo a las épocas y zonas de riesgo, que serán delimitadas en un decreto posterior. Entre otros aspectos, se regulan los planes de prevención en terrenos forestales y de restauración de áreas incendiadas; las ayudas a particulares para estos trabajos; la participación social en las tareas de prevención y extinción, y las precauciones para encender fuegos y proteger instalaciones y urbanizaciones.

Respecto a los planes de prevención de incendios, cuya elaboración es de obligado cumplimiento para todos los titulares de terrenos forestales públicos y privados, estos documentos deberán recoger las características y distribución de la vegetación, los posibles riesgos y los proyectos de tratamientos selvícolas, cortafuegos y otras obras de apoyo relativas a creación de caminos y puntos de reservas de agua.

Para terrenos de más de 400 hectáreas, el reglamento exige que estos planes sean elaborados por técnicos competentes en materia forestal, mientras que las fincas de superficie inferior se atendrán a un plan tipo elaborado por la Consejería de Medio Ambiente. En ambos casos, su cumplimiento será imprescindible para solicitar cualquier autorización de usos y aprovechamientos forestales. El decreto establece un plazo de seis meses, a partir de su entrada en vigor, para la presentación de los planes de prevención, cuya validez se fija por un periodo de cinco años.

También de obligado cumplimiento serán los planes de restauración de áreas afectadas por incendios, que deberán determinar tanto los trabajos de regeneración de la cubierta vegetal como las limitaciones de usos y aprovechamientos. Dentro de este último apartado, la nueva norma establece que el uso de la madera quemada estará sujeto al visado de la Consejería de Medio Ambiente y a la exigencia de utilizar en tareas de restauración los fondos obtenidos de su venta.

Precauciones

En cuanto a los usos del monte, la principal novedad es la ampliación a los montes privados de la prohibición de circular con vehículos motorizados durante las épocas de mayor riesgo fuera de las vías habilitadas, así como la de acampar fuera de los espacios estipulados para ello en dichos periodos.

El reglamento también regula con mayor detalle las precauciones para todo tipo de quemas de rastrojos y de selvicultura preventiva, actividades que precisarán de autorización administrativa tanto en terrenos forestales como en zonas agrícolas contiguas situadas en un perímetro de 400 metros.

Entre otros requisitos, se exige la creación de cortafuegos perimetrales y la dotación de agua y maquinaria de auxilio. Igualmente, se refuerzan las medidas preventivas relativas a instalaciones como líneas eléctricas, infraestructuras viarias, urbanizaciones, industrias y vertederos. Estos últimos contarán con un plazo de seis meses desde la entrada en vigor del decreto para limpiar el perímetro hasta una franja de 30 metros, cercarlo con vallas de 2,5 metros de altura, compactar los residuos y cubrirlos con material inerte.

En lo relativo a participación social, y para garantizar una mayor coordinación entre el dispositivo del Infoca y todas las partes implicadas, el texto refuerza el protagonismo de las Agrupaciones de Defensa Forestal y de los Grupos Locales de Pronto Auxilio y organizaciones equivalentes de voluntarios, entidades de participación que vienen funcionando desde mediados de la década de los 90. Las primeras, cuya constitución deberá ser promovida por los ayuntamientos, colaborarán en el diseño de los planes locales de emergencia y en la ejecución de tareas preventivas, así como en la aportación de medios materiales para la extinción. Por su parte, los grupos de voluntarios centrarán su trabajo en las labores de vigilancia y apoyo y en la extinción de fuegos incipientes.

Bonificaciones y ayudas

El decreto aprobado hoy también regula la tasa de extinción de incendios por prestación de este servicio público a los particulares, creada por la ley de 1999 y aplicada en Andalucía desde agosto del pasado año. En este apartado, se fijan bonificaciones del 75% para los propietarios que cumplan las medidas del los planes de prevención y del 25% para los que se hallen integrados en las Agrupaciones de Defensa Forestal. Al ser bonificaciones acumulativas, quedan exentos de la tasa los titulares de terrenos forestales que cumplan los dos requisitos.

Finalmente, junto a estas bonificaciones, el texto legal detalla una serie de ayudas a particulares (subvenciones, créditos y anticipos) para iniciativas de prevención y restauración de áreas incendiadas, con carácter prioritario frente a otro tipo de subvenciones destinadas a la mejora de montes.

Andalucía cuenta con una superficie forestal superior a los 4,3 millones de hectáreas, lo que supone casi el 50% del territorio regional. De esta extensión, 2,6 millones de hectáreas corresponden a terrenos arbolados y el resto está cubierto por matorral, formaciones herbáceas y cultivos marginales. Dentro de la superficie arbolada, el encinar es el tipo de bosque más extendido, seguido de los pinares, los eucaliptales y los alcornocales.