APROBADO EL PROYECTO DE LEY DE DECLARACIÓN DE LA ISLA DE ALBORÁN COMO PARAJE NATURAL

La Junta otorgará régimen legal de protección a una de las áreas marítimo-terrestres de mayor riqueza ecológica del Mediterráneo

 

El Consejo de Gobierno ha aprobado hoy el proyecto de Ley de Declaración del Paraje Natural de Alborán, norma que otorgará un régimen jurídico de protección oficial a este enclave marítimo-terrestre de excepcionales valores ecológicos. El texto, que será remitido al Parlamento de Andalucía para su aprobación definitiva, supondrá ampliar a 128 el número de enclaves y territorios reconocidos como espacios naturales protegidos en la comunidad autónoma.

Adscrito administrativamente al municipio de Almería, el futuro paraje natural comprenderá el territorio de la isla de Alborán, el islote de la Nube y las aguas y fondos marinos circundantes, con una superficie aproximada de 264 kilómetros cuadrados. A medio camino entre las costas española y africana, se trata de una de las áreas de mayor diversidad biológica del Mediterráneo. Sus fondos, bien conservados y favorecidos por la confluencia de masas de agua mediterráneas y atlánticas, albergan valiosas formaciones de coral rojo y coral naranja, así como densos bosquetes de algas laminarias. Entre la fauna sobresale la presencia del delfín mular, mientras que en las zonas terrestre e intermareal destacan especies como la lapa ferrugínea y el jaramago de Alborán.

Recientemente declarada Zona Especialmente Protegida de Importancia para el Mediterráneo y propuesta para su inclusión en la Red Natura 2000 como Lugar de Interés Comunitario, el área de Alborán es también punto importante de paso de las migraciones de grandes cetáceos. La isla, de origen volcánico, alberga el principal núcleo andaluz de nidificación de la gaviota de Audouin, además de servir como dormidero y zona de alimentación para gran cantidad de aves migratorias.

El proyecto de ley aprobado por el Consejo establece como principales objetivos promover la conservación de los hábitats marinos y terrestres y recuperar las especies de flora y fauna vulnerables y en peligro de extinción, así como preservar sus formaciones singulares, en particular los acantilados, las playas, las plataformas de arrecifes y las cuevas submarinas.

La norma también se propone asegurar el aprovechamiento sostenible de los recursos de la zona, desarrollando de una forma ordenada los usos tradicionales regulados por la normativa vigente para hacerlos compatibles con la conservación de los valores ecológicos protegidos. Entre estos usos destacan la pesca marítima en los caladeros adyacentes, las labores de vigilancia vinculadas a la defensa nacional, el servicio de ayuda a la navegación y el transporte de mercancías.

Protección de recursos

Para evitar impactos ambientales sobre los recursos naturales, el proyecto de ley incluye, entre otras prohibiciones, las relativas a obras de infraestructuras y actividades extractivas de minerales, rocas y otros elementos geológicos singulares, tanto en los fondos marinos como en el medio terrestre. Tampoco se permitirá la recolección de plantas endémicas; la introducción de especies marinas o terrestres de flora y fauna no autóctonas; la caza de aves, tortugas y mamíferos marinos, y el marisqueo y la pesca en aguas interiores, cualquiera que sea el modo o arte empleada.

De acuerdo con la futura ley, los accesos a la isla se autorizarán durante determinados períodos y en aquellos lugares que no alteren el equilibrio y la integridad de los ecosistemas, prohibiéndose tanto el fondeo de embarcaciones fuera de los puntos estipulados como la práctica de deportes a motor en el entorno. Para las actividades de pesca submarina y para el uso de modalidades de pesca marítima distintas a las tradicionales, se requerirán informes de la Consejería de Medio Ambiente. En cuanto a las repoblaciones de especies autóctonas del medio terrestre o intermareal, sólo se permitirán las realizadas por la Consejería de Medio Ambiente, organismo que, en todo caso, velará por evitar la eliminación o alteración de las condiciones de los hábitats de flora y fauna.

El proyecto de ley aprobado hoy subraya que la gestión y administración del paraje natural corresponderá a la Junta de Andalucía, sin perjuicio de las competencias exclusivas del Estado en materia de defensa nacional y de pesca marítima en aguas exteriores. En este sentido, se recoge la posibilidad que las distintas administraciones establezcan mecanismos de cooperación para compatibilizar el ejercicio de sus respectivas competencias.

Espacios naturales

Con la declaración del Paraje Natural de Alborán, este territorio pasará a formar parte de la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía, la más extensa de la Península Ibérica, que actualmente cuenta con 127 enclaves y territorios bajo régimen de protección legal.

Los espacios naturales andaluces suman en su conjunto más de 1,6 millones de hectáreas, lo que representa un 19% del territorio de la comunidad. Atendiendo a las distintas figuras de protección, se distribuyen entre dos parques nacionales (Doñana y Sierra Nevada), 23 parques naturales, 28 reservas naturales, 31 parajes naturales, tres reservas naturales concertadas, 17 parques periurbanos y 23 monumentos naturales.

La Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía cubre un amplio abanico de diversidad ecológica y paisajística, desde las zonas áridas de Tabernas y el Cabo de Gata en Almería hasta las grandes extensiones forestales de monte mediterráneo y dehesa características de los parques naturales de Sierra Morena.