LA JUNTA SOLICITA LA DEROGACIÓN DE DOS CONVOCATORIAS ESTATALES DE AYUDAS EN LA RED DE PARQUES NACIONALES

 

El Consejo de Gobierno, a propuesta de la consejera de Medio Ambiente, ha acordado requerir al Gobierno central la derogación de dos órdenes del Ministerio de Medio Ambiente, de 14 de septiembre de 2001, por las que se convocan subvenciones para el desarrollo de actividades relacionadas con la Red de Parques Nacionales.

A juicio del Gobierno andaluz, ambas convocatorias, destinadas a corporaciones locales y entidades sin ánimo de lucro, vulneran las competencias exclusivas de la Comunidad Autónoma de Andalucía en materia de medio ambiente, además de atentar contra su autonomía financiera.

El Consejo ha acordado también autorizar al Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía a plantear el correspondiente conflicto positivo de competencias ante el Tribunal Constitucional, en el supuesto de que el Gobierno central no atienda a este requerimiento.

El Gobierno andaluz entiende que las dos órdenes del Ministerio de Medio Ambiente se contradicen con la doctrina del Tribunal Constitucional relativa a subvenciones, ya que en gran número de sentencias, entre las que destacan las 13/1992, 16/1996, 148/1998, 128/1999 y 98/2001, el alto tribunal ha perfilado con claridad que el Estado no dispone de un poder general de gasto en esta materia al margen del orden competencial establecido.

El mismo tribunal, en la sentencia 102/1995, considera la gestión de los parques nacionales como una competencia normal o habitual de las comunidades autónomas, en la que el Estado puede participar sólo residualmente en ciertos supuestos límites. Dicha sentencia precisa además que la consignación de fondos estatales no puede privar a las comunidades autónomas del margen necesario para desarrollar políticas propias orientadas a los sectores subvencionados. En este sentido, el Consejo de Gobierno subraya que las dos resoluciones cuestionadas sustraen a la comunidad autónoma de toda capacidad de gestión en las áreas citadas.

El Gobierno andaluz también considera que se está incumpliendo lo establecido en la ley estatal sobre conservación de espacios protegidos y en el vigente plan director de la Red de Parques Nacionales, normas de las que emanan las órdenes cuya derogación se solicita y en las que se recoge un modelo de gestión compartida de estos espacios naturales.

En definitiva, según el Consejo de Gobierno, las dos resoluciones del Ministerio de Medio Ambiente no respetan el orden competencial establecido en los artículos 149.1.18, 149.1.23, 150.2 y 156 de la Constitución Española; el artículo 1.2 y concordantes de la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas, y en los artículos 13 (apartados 1, 4 y 7), 15.1.7 y 56 y disposiciones transitorias segunda y sexta del Estatuto de Autonomía para Andalucía.