EL CONSEJO APRUEBA EL REGLAMENTO DE INSPECCIÓN Y PROCEDIMIENTO SANCIONADOR EN MATERIA DE COOPERATIVAS

 

El Consejo de Gobierno ha aprobado hoy el decreto que regula la inspección y el procedimiento sancionador en materia de cooperativas. La nueva norma desarrolla la ley andaluza reguladora de estas empresas de economía social, en la que se fijan sanciones de hasta 10 millones de pesetas y se prevé la descalificación de una cooperativa y su correspondiente disolución como sociedad.

En materia de garantías a las cooperativas inspeccionadas, el decreto introduce la figura de la advertencia o recomendación previa a la sanción en los casos en que no se haya producido una denuncia por parte de los sujetos perjudicados, no haya reincidencia en la infracción y se advierta disponibilidad para subsanar la falta.

Las funciones de inspección y control se atribuyen al personal dependiente de la Dirección General de Economía Social con título de grado medio o superior y al personal dependiente de las Delegaciones Provinciales de Empleo y Desarrollo Tecnológico que también esté adscrito a los Servicios de Economía Social y tenga la misma titulación. Estos funcionarios tendrán la consideración de agentes de la autoridad y estarán facultados para entrar en los locales de las sociedades cooperativas y examinar los documentos que consideren. La inspección se iniciará siempre de oficio y su tramitación se realizará por la delegaciones provinciales de Empleo y Desarrollo Tecnológico.

En cuanto a las sanciones, la competencia para resolver los procedimientos corresponde a los delegados provinciales de Empleo y Desarrollo Tecnológico cuando se trate de faltas leves (sancionadas con multas de entre 10.000 y 100.000 pesetas); al director general de Economía Social en las infracciones graves y muy graves (entre 100.000 pesetas y diez millones), y al consejero de Empleo y Desarrollo Tecnológico en los casos de descalificación y disolución efectiva de la cooperativa. Este último supuesto se producirá siempre que la sociedad afectada no haya iniciado un proceso de transformación en otra entidad en el plazo de dos meses.

Respecto a las prescripción de las infracciones, la nueva norma fija un plazo de tres años para las muy graves, de dos años para las graves y de seis meses para las leves.