El Consejo de Gobierno ha autorizado hoy el inicio de los trámites de aprobación del proyecto de la Ley Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo. Esta norma, cuyo borrador será remitido a los distintos agentes sociales y económicos para su consulta, determinará los criterios y las bases de la política de la Junta de Andalucía en esta materia, con el objetivo último de ayudar a la erradicación de la pobreza mediante la promoción de un desarrollo sostenible.
El texto, que señala como áreas geográficas prioritarias los países de Iberoamérica, Norte de África, Oriente Medio y África Subsahariana, establece la figura del Plan Andaluz de Cooperación para el Desarrollo. Este instrumento básico de planificación, de carácter cuatrienal, se complementará con una serie de programas operativos específicos destinados a los principales países receptores de la cooperación andaluza, como Marruecos, Cuba o los países centroamericanos.
Además de la cooperación bilateral, el anteproyecto prevé también una modalidad multilateral mediante la aportación de fondos a los organismos internacionales. Como instrumentos básicos de actuación, se señalan la cooperación técnica (que incluye formación de recursos humanos, transferencia de tecnología y asesoramiento técnico), la cooperación económica en condiciones no reembolsables, los programas de formación especializada e investigación y los programas de educación para el desarrollo y de sensibilización de la opinión pública andaluza. Asimismo, se añade una línea de ayuda humanitaria destinada a las poblaciones más desfavorecidas y a afrontar situaciones de emergencia.
Para evaluar la efectividad de cada proyecto, el texto legal establece como criterios básicos los referidos al impacto económico y social, la viabilidad técnica y financiera, la eficacia de ejecución, el reforzamiento de la capacidad institucional y de gestión de los países destinatarios y la atención otorgada a la equidad de género y al respeto por el medio ambiente. Estos requisitos son los definidos por el Comité de Ayuda al Desarrollo de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). En términos generales, se considera al individuo como protagonista y destinatario último de la cooperación y se antepone el principio de igualdad sin distinción de sexo, raza, cultura o religión.
Finalmente, el anteproyecto de ley prevé la participación de agentes distintos a la propia Administración pública en la política andaluza de cooperación. Entre ellos figuran las organizaciones no gubernamentales, las universidades y las organizaciones empresariales y sindicales.