El Consejo de Gobierno ha aprobado hoy el proyecto de la Ley de Cámaras Oficiales de Comercio, Industria y Navegación de Andalucía, norma que tiene como objetivo principal ajustar el régimen jurídico y las funciones y prioridades de estos organismos para mejorar los servicios que prestan a las empresas y a las administraciones. El nuevo texto legal, que ya fue remitido al Parlamento de Andalucía en 1999 pero no pudo ser aprobado al agotarse la legislatura, apuesta por intensificar la coordinación entre las distintas Cámaras andaluzas y por agilizar sus órganos de gobierno para colocar a estas instituciones en la vanguardia de la modernización de la cultura empresarial en Andalucía.
El proyecto, consensuado con los principales agentes económicos y sociales de la comunidad autónoma, consagra la doble vertiente pública y privada de las Cámaras de Comercio, al combinar la potestad de autoorganización del colectivo empresarial con las funciones de asesoramiento a las administraciones públicas. En este sentido, subraya como prioritarios los cometidos de formación empresarial; búsqueda de nuevos mercados (apoyo al Plan de Internacionalización de la Empresa Andaluza); prestación de servicios a las pequeñas y medianas empresas (arbitraje mercantil, asesoramiento de mercados, información de coyuntura económica, etc.), y gestión de servicios públicos (instalaciones feriales, oficinas de organización de eventos, etc.).
Como principal novedad, el borrador aprobado hoy establece la creación del Consejo Andaluz de Cámaras de Comercio. Este órgano, con sede propia, englobará a todas las Cámaras de la comunidad autónoma con el objetivo de mejorar la coordinación, realizar tareas de asesoramiento al Gobierno andaluz y prestar a las empresas servicios de mayor nivel que los que pueden ofrecerse en el ámbito territorial de cada institución. Entre otras funciones concretas, el Consejo hará propuestas de reformas legislativas y dirimirá en las discrepancias que se planteen entre las distintas Cámaras.
El proyecto también plantea una reforma organizativa para incrementar la democratización y profesionalización de las Cámaras a través, entre otras medidas, de la creación de la figura del Gerente, la profesionalización de las tareas de contaduría y la reducción del número de miembros de los órganos de gobierno.
La regulación del régimen jurídico y económico de las Cámaras y del Consejo, recogida en los dos últimos capítulos del texto legal, respeta plenamente la autonomía de estas instituciones, si bien mantiene el derecho de tutela sobre las mismas por parte del Gobierno andaluz.
Por último, la norma incluye también una regulación del ámbito territorial de las Cámaras y del régimen de fusiones, integraciones, segregaciones y desconcentración de funciones. La principal aportación en este terreno es la obligatoriedad del proceso de fusión para aquellas entidades que registren un déficit superior al 20% de sus ingresos durante cuatro ejercicios consecutivos.