APROBADO EL PROYECTO DE LEY QUE REGULA LAS CONSULTAS POPULARES LOCALES EN ANDALUCÍA

 

El Consejo de Gobierno ha aprobado hoy el proyecto de Ley de Regulación de las Consultas Populares Locales en Andalucía. Esta norma, que ya fue remitida al Parlamento el pasado año pero no pudo ser aprobada al agotarse la legislatura, tiene como principal objetivo establecer un sistema para que los ciudadanos puedan expresar su opinión sobre determinados asuntos de competencia municipal y carácter local.

El proyecto garantiza los principios de transparencia, publicidad, participación y pluralismo en este tipo de consultas, de las que se excluyen los asuntos relativos a la hacienda local. Se regulan así aspectos como las campañas de información, el voto anticipado de los electores, el desarrollo de la votación, el escrutinio, los requisitos de la convocatoria, la administración y el cuerpo electoral, además de prever la creación de un registro de consultas para facilitar el seguimiento y control administrativo de las mismas. De acuerdo con el texto legal, estas iniciativas no podrán menoscabar las facultades de decisión que corresponden a la Administración local y sus resultados no serán vinculantes para las entidades locales que las convoquen.

La norma aprobada hoy se ajusta a las previsiones de la Ley de Bases de Régimen Local, de 2 de abril de 1985, que establece la posibilidad de que los alcaldes, previo acuerdo por mayoría absoluta del pleno del Ayuntamiento y autorización del Gobierno de la nación, puedan someter a consulta popular aquellos asuntos de competencia municipal y de carácter local que sean de especial relevancia para los intereses de los vecinos. Esta posibilidad también está prevista en el Estatuto de Autonomía de Andalucía.

Según la futura ley andaluza, la iniciativa para organizar una consulta de este tipo deberá partir de la propia corporación local, mediante acuerdo por mayoría simple o previa solicitud de un grupo de vecinos, cuyo número mínimo dependerá la población del municipio. En poblaciones de hasta 5.000 habitantes serán necesarias las firmas del 10% del censo; en municipios de entre 5.001 y 100.000 se requerirán 1.000 firmas además de otra cantidad equivalente al 5% del número de habitantes que exceda de 5.000, mientras que las ciudades de más de 100.000 habitantes precisarán de 10.500 firmas y una cantidad equivalente al 3% del número de habitantes que sobrepase los 100.000. El cuerpo electoral estará formado por los residentes que gocen de sufragio activo en las elecciones municipales.

El proyecto también establece que las consultas populares locales no podrán coincidir con la convocatoria o celebración de ningún proceso electoral, tanto de carácter nacional como autonómico. Su procedimiento de organización y funcionamiento será similar al de otros comicios electorales generales.

Finalmente, la solicitud para la celebración de un consulta popular deberá ser tramitada por el alcalde, previo acuerdo favorable del Ayuntamiento en pleno, ante la Junta de Andalucía, que la trasladará al Gobierno de la nación, al que corresponde autorizar la iniciativa según la Ley de Bases de Régimen Local.