En la mañana de hoy ha tenido lugar en el Palacio de San
Telmo la habitual reunión del Consejo de Gobierno de la
Junta de Andalucía, bajo la presidencia de su titular,
Manuel Chaves González.
El Consejo, que ha tenido carácter decisorio, ha adoptado,
entre otros, los siguientes acuerdos:
El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía ha aprobado
hoy, a propuesta de la Consejería de Economía y
Hacienda, la interposición de un recurso de inconstitucionalidad
contra el Real Decreto-Ley que asigna los porcentajes de participación
de las comunidades autónomas en los ingresos del Estado
para el quinquenio 1997-2001.
La Junta de Andalucía, que ya interpuso el pasado mes de
marzo tres recursos contra el nuevo modelo de financiación
de las comunidades autónomas, recurre ahora el artículo
4 del Real Decreto-Ley 7/1997, basándose en la eventual
inconstitucionalidad de dos aspectos de dicho Decreto: de un lado,
por considerar que vulnera principios constitucionales como los
de legalidad, seguridad jurídica y publicidad; de otro,
porque el Decreto-Ley desconoce las previsiones contenidas en
los artículos 56.3, 58 y la Disposición Transitoria
Sexta del Estatuto de Andalucía, así como los artículos
2 y 13 de la Ley Orgánica de Financiación de las
Comunidades Autónomas (LOFCA), sobre la necesaria negociación
previa de la Participación en los Ingresos del Estado (PIE)
entre las Administraciones Central y Autonómica.
El Gobierno Central aprobó el pasado 14 de abril un decreto
por el que se establecen los porcentajes de participación
de las Comunidades Autónomas en los ingresos del Estado
para el quinquenio 1997-2001, ya que en la Ley de Presupuestos
Generales del Estado para 1997 no se reflejó de forma individualizada
para cada comunidad autónoma el resultado financiero derivado
de la aplicación del modelo. Dicho decreto establecía,
igualmente, las transferencias de crédito para financiar
las entregas a cuenta de la PIE a las Comunidades Autónomas
que no han adoptado el nuevo sistema de financiación autonómica.
El Decreto-Ley recurrido se limita a establecer las cantidades
correspondientes a las transferencias de créditos a efectuar
a la Comunidad Autonóma de Andalucía, pero no establece
el porcentaje de participación en los ingresos impositivos
del Estado.
El recurso de inconstitucionalidad de la Junta de Andalucía
argumenta que se ha producido una vulneración de los principios
de legalidad, seguridad jurídica y publicidad en la medida
que dicho Decreto-Ley se remite a unos acuerdos del Consejo de
Política Fiscal y Financiera (CPFF) que, según la
Junta de Andalucía, "carecen de efecto normativo alguno,
por lo que la remisión a ellos no puede dotarles de la
fuerza vinculante propia de la norma".
El Consejo de Política Fiscal y Financiera es un órgano
consultivo y de deliberación, por lo que el Gobierno andaluz
también considera vulnerado el principio constitucional
de publicidad, recogido en el artículo 9.3 de la Constitución
Española, así como el principio de seguridad jurídica,
al carecer el acuerdo del Consejo de Política Fiscal de
naturaleza normativa y, en consecuencia, no haber seguido los
procedimientos constitucionales establecidos para la elaboración
y aprobación de las normas jurídicas.
El recurso de la Junta ante el Tribunal Constitucional también
se atiene a una eventual vulneración de las previsiones
que establece la LOFCA y el Estatuto de Autonomía de Andalucía,
"pues supone un acto unilateral del Estado, sin atender a
la precisa previsión de dicho artículo 13, sobre
la necesaria negociación previa del porcentaje, y no actualizar
los valores de la variable de población a la hora de determinar"
la participación de Andalucía en los ingresos del
Estado.
Así, la vulneración de la LOFCA por parte del Gobierno
Central podría centrarse en dos aspectos: de un lado, el
mencionado Real Decreto-Ley supone un establecimiento unilateral
de ese sistema por parte de la Administración Central,
desconociendo los más elementales principios que han de
regir las relaciones entre Administraciones; por otro, el Decreto
no se ajusta a los criterios señalados por la LOFCA y el
Estatuto andaluz para fijar el porcentaje de participación,
especialmente de los valores de la variable población,
lo que provoca una manifiesta insuficiencia financiera.
El Consejo de Gobierno ha aprobado un Decreto que modifica otro
de 1995 por el que se establecen ayudas para favorecer el ahorro
de agua mediante la modernización y mejora de los regadíos
en Andalucía. Dicha modificación obedece, entre
otras razones, al cambio de circunstancias sobrevenidas en los
dos años transcurridos desde su aprobación, especialmente
la regularización de los recursos hídricos.
Con esta modificación se pretende, entre otras cosas, concentrar
las disponibilidades presupuestarias en las ayudas a la mejora
de las redes colectivas de riego, cuya titularidad recae en las
Comunidades de Regantes. Además, se contempla como inversiones
prioritarias, a efectos de las ayudas, las que van destinadas
a consolidar regadíos que emplean recursos como la depuración
de aguas residuales y la desalación de aguas salinas.
Asimismo, se introducen criterios de prioridad hacia las orientaciones
productivas compatibles con la PAC (Política Agrícola
Común) y en favor de las de mayor rentabilidad económica
y social.
El Decreto aprobado por el Consejo de Gobierno establece que las
obras y actuaciones para las que se soliciten ayudas incluirán
la instalación de instrumentos que permitan medir y controlar
el volumen de agua consumida durante el riego. Por otra parte,
no podrán beneficiarse de las ayudas previstas en este
Decreto las actuaciones que produzcan aumento de la superficie
regada.
La cuantía de estas ayudas, que serán incompatibles
con cualquier otra subvención pública de similares
fines, oscilará entre el 75% y el 40% del importe de la
inversión.
El Consejo de Gobierno ha aprobado un Acuerdo que autoriza la
contratación de una operación de financiación
a largo plazo con el Fondo de Desarrollo Social del Consejo de
Europa por un importe máximo de 5.000 millones de pesetas.
Los recursos procedentes de esta operación de crédito
van destinados a complementar las actuaciones llevadas a cabo
por el Gobierno andaluz para paliar los daños causados
por los pasados temporales de lluvia, fundamentalmente en obras
públicas y carreteras, centros docentes, infraestructuras
agrarias y red viaria forestal de los montes públicos de
la Comunidad Autónoma.
El plazo de amortización de este préstamo es de
15 años, con cinco de carencia, y con unas óptimas
condiciones financieras.
Esta operación con el Fondo de Desarrollo Social está
acogida al crédito extraordinario que autoriza suscribir
operaciones de endeudamiento por importe máximo de 10.000
millones de pesetas, aprobado por la Ley 2/1997, de 18 de junio.
Dicho crédito servirá para atender los gastos de
las reparaciones de daños causados por los temporales.
El Fondo de Desarrollo Social es un banco multilateral de desarrollo
sometido a la autoridad del Consejo de Europa. Su actividad se
centra en la financiación de proyectos y programas en sus
25 Estados miembros en los ámbitos de la salud, la educación,
el medio ambiente, la creación de empleo, las catástrofes
naturales y ecológicas y los problemas de los refugiados
políticos y emigrantes.
El Consejo de Gobierno ha aprobado, a propuesta del Consejero
de Turismo y Deportes, José Núñez, la concesión
de una subvención de 1.000 millones de pesetas al Ayuntamiento
de Málaga para la construcción del Palacio Municipal
de Deportes.
Esta nueva instalación representará una mejora en
la red de equipamientos deportivos públicos de Andalucía
y contribuirá de manera decisiva a fomentar la práctica
de la actividad deportiva en la capital malagueña y en
su área de influencia.
Por otra parte, el Consejo ha expresado su apoyo a la candidatura
olímpica de Sevilla para los Juegos del 2008.
El Consejo de Gobierno ha ratificado la medida cautelar de cierre
inmediato de la Residencia de la Tercera Edad "Jesús
Nazareno", situada en el municipio gaditano de Chiclana de
la Frontera, ubicada en un inmueble de la calle Caoba, 4 y 6 y
gestionada por la entidad Leomi, S.L.
El Consejero de Asuntos Sociales, Isaías Pérez Saldaña,
ordenó el pasado mes de mayo dicha medida tras haberse
comprobado la denuncia del Ayuntamiento de Chiclana de numerosas
deficiencias materiales y funcionales en el centro que ponían
en grave riesgo la salud, seguridad y protección de los
derechos de los usuarios.
Este centro asistencial carecía de las autorizaciones administrativas
de funcionamiento que establece el Decreto 87/1996, de 20 de febrero,
que regula la autorización, registro, acreditación
e inspección de los Servicios Sociales en Andalucía.
Tampoco tiene constancia la Administración andaluza de
que dichas autorizaciones hayan sido solicitadas; también
carece de licencia municipal.
La Delegación de la Consejería de Asuntos Sociales
en Cádiz gestionó la reubicación de los residentes
en otros centros asistenciales.
El Consejo de Gobierno ha nombrado hoy a Luis Parras Guijosa Rector
Magnífico de la Universidad de Jaén.
Luis Parras (Los Villares, Jaén, 1951) es licenciado en
Ciencias Matemáticas y catedrático de Bioestadística.
Ocupó una cátedra en la Universidad de Málaga,
de la que fue también vicerrector de Investigación.
Igualmente, fue Director General de Construcción y Equipamientos
Escolares de la Consejería de Educación y Ciencia
de la Junta de Andalucía.
El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía ha nombrado
hoy a María del Rosario Valpuesta Fernández como
presidenta de la Comisión Gestora de la Universidad Pablo
de Olavide, de Sevilla.
María del Rosario Valpuesta (Sevilla, 1953) ha ocupado
cátedras de Derecho Civil en las Universidades de Huelva
y Sevilla y ha desempeñado la Vicepresidencia del Consejo
Escolar de Andalucía. Igualmente, ha sido miembro del Consejo
Consultivo de Andalucía.