Andalucía, 11 de junio de 2002

 

 

REFERENCIA DEL CONSEJO DE GOBIERNO

 

En el Palacio de San Telmo ha tenido lugar la habitual reunión del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía. El Consejo, que ha tenido carácter decisorio, ha adoptado, entre otros, los siguientes acuerdos:

 


 

EL CONSEJO APRUEBA EL DECRETO REGULADOR DE LAS EMISORAS DE FM EN ANDALUCÍA

 

La nueva norma agiliza el procedimiento de concesión y crea un nuevo tipo de radios culturales para centros educativos y organizaciones sociales

 

El Consejo de Gobierno ha aprobado hoy el decreto que regula el régimen de concesión de las emisoras de frecuencia modulada en Andalucía y la prestación del servicio por parte de los concesionarios. Esta norma, que integra en un único texto las distintas regulaciones hasta ahora vigentes sobre la materia en la comunidad autónoma, se adecua a la legislación estatal desarrollada durante los últimos años. Como principales novedades, incorpora un procedimiento de concesión más ágil y objetivo, amplía las obligaciones que deben cumplir los concesionarios y prevé la creación de un nuevo tipo de emisoras de carácter cultural y sin publicidad para atender demandas específicas de centros educativos y organizaciones sociales.

En cuanto al procedimiento, el decreto simplifica la tramitación reduciendo a una las dos fases actuales (adjudicación provisional y concesión definitiva). Asimismo, refuerza las garantías de objetividad, libre concurrencia, transparencia y publicidad, al fijar en los concursos públicos unos criterios de adjudicación claros y concretos que serán aplicados por mesas de contratación de carácter técnico.

Entre estos criterios figuran el interés cultural, social y educativo del proyecto; su viabilidad económica; la creación de empleo; la contribución a la pluralidad de la oferta radiofónica, y el porcentaje de programación propia en el tiempo total de emisión obligatoria, que en el caso de las emisoras comerciales deberá alcanzar al menos el 25%. Tanto para este tipo de radios como para las municipales y las culturales, el texto subraya la vocación local que deben tener y su papel de servicio público en la defensa de los valores y de los intereses de los municipios a los que den cobertura.

Respecto a las obligaciones del concesionario, se exige el respeto a las características técnicas de la concesión; el mantenimiento de los parámetros de calidad técnica fijados por la Unión Internacional de Telecomunicaciones, y la garantía de continuidad en el funcionamiento de la emisora, además de la adecuación a una serie de principios generales relacionados con el rigor informativo, el pluralismo ideológico y social, la protección de la infancia, la no discriminación por razón de sexo, el fomento de la identidad andaluza, la defensa de la cultura y de los intereses locales, el medio ambiente y el respeto a los derechos y libertades recogidos en la Constitución Española.

La norma incorpora como novedad destacada la formalización del compromiso expreso del cumplimiento de estos requisitos en un contrato administrativo, tanto en el caso de la concesión de la licencia como en el de su renovación. Asimismo introduce la obligatoriedad de que el titular de la emisora se haga cargo de su gestión al menos durante dos años ininterrumpidamente antes de una posible transferencia a terceros. Con esta medida se pretende asegurar la estabilidad del proyecto y reducir el número de traspasos de concesiones.

Emisoras culturales

En relación con las emisoras culturales de carácter no lucrativo, cuya creación constituye una de las principales aportaciones de la nueva norma, su objetivo se dirige a atender las demandas singulares que puedan plantear los centros educativos y las asociaciones vecinales y juveniles u otro tipo de organizaciones sociales.

Estas emisoras ofrecerán una programación compuesta esencialmente por contenidos de carácter divulgativo, cultural, educativo y solidario. Su ámbito de cobertura se limitará al propio recinto de emisión o a su entorno más próximo.

Las radios culturales de frecuencia modulada no podrán emitir en cadena ni incluir publicidad comercial, si bien se prevé la posibilidad de que estén patrocinadas para cubrir sus costes de funcionamiento, siempre que estos patrocinios no desvirtúen los objetivos sociales ni contengan mensajes publicitarios.

Por otro lado, para las radios municipales la norma incluye exigencias específicas como la promoción y difusión de los valores del municipio solicitante y la garantía de participación de sus grupos sociales, culturales y políticos más significativos.

El decreto aprobado hoy por el Consejo de Gobierno ha contado con la opinión y las aportaciones de entidades titulares de emisoras de FM, ayuntamientos, organizaciones empresariales y sindicales, universidades, asociaciones de consumidores, asociaciones de publicidad y otros colectivos relacionados con el sector.

Frecuencias disponibles

En Andalucía funcionan hoy día 354 emisoras radiofónicas de frecuencia modulada susceptibles de prestar el servicio público regulado por la nueva norma. De ellas, 135 son emisoras comerciales y 219 municipales.

Actualmente están disponibles un total de 26 frecuencias para ser adjudicadas por concurso público y completar así el dial de la FM en la comunidad autónoma. De ellas, dos se localizan en la provincia de Almería (Huércal-Overa y Ohanes), tres en Cádiz (Alcalá de los Gazules, Tarifa y Ubrique), cuatro en Córdoba (Baena, Fernán Núñez, Montoro y Pozoblanco), dos en Granada (Alhama de Granada y Lanjarón), tres en Huelva (Nerva, La Palma del Condado y Rosal de la Frontera), cuatro en Jaén (La Carolina, Huelma, Porcuna y Santisteban del Puerto), tres en Málaga (Archidona, Campillos y Nerja) y cinco en Sevilla (Almadén de la Plata, Constantina, Écija, Lebrija y Morón de la Frontera).

 

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LA JUNTA AUMENTA LAS FACILIDADES PARA EL ACCESO A LA PROPIEDAD DE LAS VIVIENDAS PÚBLICAS DE ALQUILER

 

El Consejo de Gobierno ha aprobado hoy un decreto que aumenta las facilidades para el acceso a la propiedad de los adjudicatarios de viviendas de promoción pública de alquiler en Andalucía.

Esta norma, que inicialmente afectará a unos 18.000 inmuebles, modifica las condiciones vigentes hasta ahora y rebaja de ocho a cinco años el periodo mínimo de ocupación ininterrumpida exigido a los posibles compradores. Asimismo, otorga a las entidades públicas titulares o gestoras la facultad de vender a los inquilinos las viviendas de más diez años, frente a la antigüedad mínima de doce años que se fijaba antes. Finalmente, amplía de 12.020 a 12.741 euros el tope de ingresos anuales para que el solicitante pueda acceder a la propiedad.

Los precios de venta se calcularán tomando como referencia las nuevas tarifas vigentes desde enero de este año para las viviendas de protección oficial según el ámbito donde se ubiquen (ciudades y aglomeraciones urbanas por un lado y resto de las poblaciones por otro). Sobre estos valores se aplicarán unas reducciones que van desde el 10% para la viviendas de diez años de antigüedad hasta el 32% para las que superen los 20 años.

No obstante, el decreto aprobado hoy mantendrá, hasta el próximo 31 de diciembre, los precios fijados en su momento por la Empresa Pública de Suelo de Andalucía para aquellos inmuebles ofertados antes de enero de 2002, fecha en la que entró en vigor la nueva regulación tarifaria de las viviendas protegidas.

 

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EL CONSEJO SOLICITA LA MODIFICACIÓN DEL REAL DECRETO DE AYUDA AL ALGODÓN POR INVASIÓN DE COMPETENCIAS

 

El Consejo de Gobierno ha acordado requerir al Gobierno central la modificación del Real Decreto 330/2002, de 5 de abril, que regula diversos aspectos de la normativa europea de ayuda a la producción de algodón. A juicio del Gobierno andaluz, este texto vulnera competencias exclusivas de Comunidad Autónoma al otorgar en exclusiva al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación la posibilidad de limitar la superficie con derecho a ayuda a partir de la próxima campaña 2003/2004.

El Consejo ha acordado también autorizar al Gabinete Jurídico de la Junta para plantear el correspondiente conflicto positivo de competencias ante el Tribunal Constitucional en el caso de que el requerimiento no sea atendido en el plazo de un mes o se atienda de manera insuficiente.

La nueva normativa comunitaria de ayuda a la producción de algodón, aprobada el pasado año, establece 249.000 toneladas de cuota española con derecho a subvención y un sistema añadido de penalización más fuerte cuando se superen las 362.000 toneladas (equivalentes a 100.000 hectáreas). Asimismo, permite limitar las superficies en función, entre otros criterios, de las particularidades de las economías agrarias de las regiones. Al desarrollar este último aspecto, el Real Decreto 330/2002 atribuye enteramente dicha facultad a la Administración central, impidiendo que la Junta pueda hacer uso de ella, pese a que Andalucía concentra el 95% de la producción nacional de algodón.

Conflicto

Además de la invasión de competencias, motivo por el que la Junta plantea su modificación, esta norma estatal supone también el último eslabón del conflicto que enfrenta desde hace meses al Gobierno central con los algodoneros andaluces, quienes consideran que no se atienden sus peticiones de limitar y ordenar el cultivo con criterios racionales.

El pasado 17 de enero, y desoyendo las propuestas del sector y de la Junta de Andalucía, el Ministerio aprobó unilateralmente una orden reguladora para la actual campaña 2002/2003 en la que se fijaba como único criterio limitativo la rotación obligatoria una de cada tres campañas. Esta norma permitía incrementar la superficie de siembra, con el consiguiente riesgo de que se produjeran penalizaciones muy altas, además de facilitar la entrada en el cultivo de agricultores no tradicionales.

Por su parte, la Consejería de Agricultura, ejerciendo las competencias autonómicas, aprobó el 11 de febrero una orden complementaria que mantenía dicha rotación pero además establecía, con carácter extraordinario para 2002/2003, la limitación adicional de no sembrar algodón en aquellas parcelas en las que no se hubiera optado por este cultivo en al menos una de las tres últimas campañas. La orden fue avalada por la Comisión Europea.

Posteriormente, el Ministerio y los algodoneros firmaron el 21 de febrero un acuerdo que permitía modificar la orden estatal para que los afectados por la rotación pudieran sembrar al menos el 50% de la superficie que cultivaron el año pasado. A su vez, se pedía a la Junta que flexibilizara su orden complementaria en casos que estuvieran justificados. Ambas órdenes fueron revisadas y están vigentes en la actual campaña.

En el acuerdo de febrero también se incluía negociar el contenido de algunos aspectos del marco regulador de la ayuda que regirá a partir de la próxima campaña. Sin embargo, esta norma –el Real Decreto cuya impugnación inicia ahora la Junta por invasión de competencias– fue aprobada unilateralmente el 5 de abril, desatendiendo nuevamente las peticiones de los algodoneros andaluces.

La Comunidad Autónoma de Andalucía concentra el 95% de la producción de algodón en España, con más de 10.000 explotaciones, en su mayor parte de pequeño y mediano tamaño. En la actual campaña 2002/2003, la aplicación de la orden estatal modificada y de la norma complementaria autonómica, así como la contención de la siembra por parte de los agricultores, ha dado como resultado una superficie cultivada de 83.709 hectáreas, cifra que permitirá alcanzar unos márgenes de rentabilidad razonables.

 

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APROBADA UNA INVERSIÓN DE 10 MILLONES DE EUROS PARA PROGRAMAS DE ASISTENCIA A LAS PERSONAS MAYORES EN 2002

 

El Consejo de Gobierno ha aprobado hoy un gasto de 10 millones de euros para desarrollar durante 2002 las prestaciones de la tarjeta Andalucía Junta Sesentaycinco y del servicio de teleasistencia para las personas mayores. Esta inversión será gestionada por la Fundación Andaluza de Servicios Sociales, organismo dependiente de la Consejería de Asuntos Sociales que se constituyó en 2000 para llevar a cabo proyectos de integración social de colectivos desfavorecidos.

Del gasto total autorizado, 5,1 millones de euros se destinarán a financiar las bonificaciones en transporte interurbano, actividades culturales y adquisición de productos ópticos y audífonos a las que tienen derecho los 1,2 millones de beneficiarios de la tarjeta Andalucía Junta Setentaycinco (todos los mayores de 65 años residentes en la comunidad).

Por su parte, el sistema de teleasistencia contará con una inversión de 601.013 euros para su desarrollo. Este servicio de atención personalizada, dirigido a facilitar la autonomía y la permanencia de las personas mayores en el domicilio propio mediante el uso de nuevas tecnologías, es totalmente gratuito para aquellos poseedores de la tarjeta Andalucía Junta Sesentaycinco Oro (con ingresos inferiores al 75% del Salario Mínimo interprofesional) que vivan solos o acompañados por otro beneficiario de esta modalidad. Los demás poseedores de la tarjeta oro tienen una bonificación del 80%, mientras que a los de la tarjeta normal se les descuenta el 40%.

Las otras partidas aprobadas hoy por el Consejo de Gobierno, que ascienden a 4,3 millones de euros, se reparten entre la implantación de sistemas de telemedicina en centros de atención a las personas mayores, el desarrollo de un programa de cooperación internacional para atención de discapacitados en Ecuador y diversos gastos de funcionamiento de la Fundación Andaluza de Servicios Sociales, encargada de gestionar estas iniciativas.

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