REFERENCIA DEL CONSEJO DE
GOBIERNO
En la mañana de hoy ha tenido lugar en el Palacio de San
Telmo la habitual reunión del Consejo de Gobierno de la Junta de
Andalucía, bajo la presidencia de su titular, Manuel Chaves
González.
El Consejo, que ha tenido carácter decisorio, ha adoptado, entre
otros, los siguientes acuerdos:
El Consejo de Gobierno ha aprobado un decreto que articula el marco legal de las actuaciones encaminadas a reparar los efectos producidos por la rotura de la balsa de decantación de la mina propiedad de Boliden Apirsa, en Aznalcóllar (Sevilla).
El Consejo de Gobierno ha aprobado también las bases del Plan de Actuación que materializará todas las iniciativas conducentes a neutralizar las consecuencias directas de este accidente, garantizar la seguridad de las personas y la protección del medio ambiente, así como impulsar las labores de limpieza y la regeneración de la zona afectada. Este Plan de Actuación incluye once programas específicos.
El decreto, que resalta la necesidad de la coordinación entre las distintas Administraciones para garantizar la protección de las personas y los bienes, concreta las actuaciones que desarrollarán las distintas Consejerías de la Junta de Andalucía y el instrumento jurídico que permite a las Administraciones el acceso a la propiedad privada por el interés general para la rápida eliminación de los lodos de residuos mineros.
El ámbito territorial de aplicación de este decreto comprende el área concesional de la explotación minera y el territorio andaluz afectado por los vertidos. Cinco Consejerías participarán en las tareas: Gobernación y Justicia, Trabajo e Industria, Agricultura y Pesca, Salud y Medio Ambiente, sin perjuicio de las competencias específicas de la Administración central y local.
El decreto aprobado establece la adopción de un amplio abanico de medidas para paliar los efectos de esta inundación que afectan al control y abastecimiento del agua a la población; control de los alimentos; tránsito de personas y vehículos; caza y pesca fluvial y marítima; laboreo agrícola; riego para cultivos; pastoreo y abrevadero de ganado; acuicultura; seguridad e higiene en el trabajo; recuperación de las actividades productivas; protección de la fauna y flora silvestre; control de calidad de las aguas y, finalmente, información a los habitantes de las zonas afectadas.
Entre las actuaciones específicas previstas en el texto aprobado por el Consejo de Gobierno, la Consejería de Trabajo e Industria, con el objetivo de mantener los puestos de trabajo de la empresa Boliden y recuperar la actividad industrial de la misma, realizará un plan para el seguimiento de las obras necesarias que garanticen la estabilidad de los residuos mineros de la balsa. Además, el Centro de Seguridad e Higiene en el Trabajo de Sevilla, dependiente de dicho departamento, elaborará con carácter urgente un programa para evaluar y prevenir los posibles riesgos higiénicos de los trabajadores que participan en los trabajos de retirada de los residuos mineros.
Por su parte, la Consejería de Agricultura y Pesca efectuará el estudio y evaluación del estado de los suelos de uso agrícola afectados y se declara la urgente ocupación de los terrenos. Este departamento podrá acordar limitaciones sobre las actividades agrícolas, ganaderas y de comercialización de productos agrícolas. Las Consejerías de Agricultura y de Medio Ambiente velarán por el control del estado de las aguas y la limitación o prohibición de las actividades pesquera, marisquera y acuícola.
El decreto establece, además, que la Consejería de Salud adoptará las medidas necesarias para garantizar la calidad sanitaria de las aguas de consumo y de los alimentos en la zona y potenciará su sistema de alerta en salud pública.
En lo que respecta a la Consejería de Medio Ambiente paralizará la concesión de autorizaciones para la recolección de especies vegetales en terrenos forestales de propiedad privada.
Por último la Consejería de Gobernación y Justicia realizará la coordinación con las entidades locales implicadas.
Otras de las medidas previstas en este decreto se refieren a la emergencia de los trabajos de reparación de infraestructuras y equipamientos, cuyas obras a partir de ahora serán consideradas de urgente tramitación, previstas en la ley de contratos de las Administraciones Públicas.
El Consejo de Gobierno ha aprobado un decreto que establece la puesta en marcha del Plan de Transformación de la zona regable de Villamartín (Cádiz), por un importe total de 2.491 millones de pesetas, que serán financiados por la Administración (1.053 millones) y los particulares (1.438 millones de pesetas). Estas obras beneficiarán a una superficie total de 3.054 hectáreas de regadío, de las cuales 3.027 Has. pertenecen al municipio de Villamartín y las 27 restantes a Arcos de la Frontera.
El decreto establece que cada agricultor podrá tener un máximo de 48 Has. en riego, y el resto podría adquirirlo el Instituto Andaluz de Reforma Agraria (IARA). Para ello, se fijan unos precios mínimos y máximos, según sea la calidad de la tierra.
Se distinguen cinco clases de tierra teniendo en cuenta la productividad de la misma. El primer grupo lo constituyen las tierras negras, con buena retención de agua y óptima potencialidad productiva, con un precio que oscila entre 800.000 y 1.000.000 de pesetas. La segunda clase son tierras negras con buena potencialidad productiva, con unos precios entre 700.000 pesetas y 800.000 pesetas.
En tercer lugar, las tierras de color rojizo con una potencialidad productiva media (de 450.000 a 550.000 pesetas); en el grupo cuarto se engloban las tierras de escasa potencialidad productiva (de 300.000 a 450.000 pesetas); y, por último, las tierras de baja potencialidad productiva, con unos precios que van de 150.000 a 200.000 pesetas.
Las tierras que el IARA pueda adquirir o expropiar se destinarían al asentamiento de colonos en lotes de 16 hectáreas de superficie para los casos de explotaciones familiares, y hasta 128 Has. para las explotaciones de tipo comunitario.
Según establece el decreto, la orientación productiva de la zona tendrá como base fundamental el cultivo de plantas industriales (remolacha, algodón, etc), de acuerdo con las directrices de la UE, y se completará con hortícolas.
Respecto a las obras, que se realizarán a partir de las correspondientes órdenes aprobadas en el BOJA, se clasifican en obras de interés general, interés común e interés privado. Las de interés general (diques, red de caminos rurales, saneamiento y plantaciones forestales) tienen un presupuesto de 276 millones, que será ejecutado y financiado íntegramente por el IARA.
Las obras de interés común (redes de riego, estación de bombeo y líneas eléctricas) ascienden a 1.418 millones de pesetas, y serán financiadas por el IARA o por los agricultores asociados. La subvención en este caso será del 40% (567 millones) y el 60% restante lo aportarán los agricultores (850 millones).
Finalmente, las obras de interés privado (redes de riego y de saneamiento, edificaciones e infraestructuras de industrialización y comercialización), cuyo presupuesto total se eleva a 796,5 millones, serán ejecutadas y financiadas íntegramente por los particulares.
El Consejo de Gobierno ha aprobado dieciocho nuevos títulos de Artes Plásticas y Diseño, de los que nueve son de grado superior y los otros nueve de grado medio, que forman parte del nuevo catálogo de estas enseñanzas de Formación Profesional, integrada por 57 titulaciones pertenecientes a 13 familias profesionales.
Estos estudios, organizados en ciclos de grado medio y superior, proporcionan a los alumnos una formación artística de calidad y garantizan su cualificación como futuros profesionales del mundo de las artes. Para acceder a los títulos de grado medio es necesario haber concluido la enseñanza secundaria obligatoria y en el caso de las titulaciones de grado superior haber superado el bachillerato.
Los nuevo títulos aprobados son: Técnico Superior en Gráfica Publicitaria, en Ilustración y en Fotografía Artística; Técnico en Artefinal de Diseño Gráfico y en Autoedición. Todos ellos pertenecen a la familia de Diseño Gráfico.
También se han autorizado tres títulos de grado superior y uno de grado medio integrados en la especialidad de Diseño Industrial (Técnico Superior en Modelismo y Maquetismo, en Modelismo Industrial y en Mobiliario, y Técnico en Carpintería de Ribera).
Además, se han aprobado las titulaciones superiores en Bisutería Artística, en Joyería Artística, y en Orfebrería y Platería Artísticas, además de las de Grado Medio en Procedimientos de Orfebrería y Platería, en Procedimientos de Joyería Artística, en Moldeado y Fundición de Objetos de Orfebrería, Joyería y Bisutería Artísticas, en Grabado Artístico sobre Metal, en Engastado y de Técnico en Damasquinado, pertenecientes a la familia de Joyería de Arte.
El Consejo de Gobierno ha aprobado la elaboración del Plan Andaluz de Formación Profesional con el que se pretende mejorar la coordinación entre la Formación Profesional Reglada, la Ocupacional y la Continua y adaptarán la FP a las demandas reales de empleo.
El Plan, en cuya elaboración van a participar expertos de todas las Consejerías, pretende rentabilizar al máximo los recursos de los que actualmente disponen la Junta, los sindicatos y los empresarios. Para ello, se propondrá, entre otras medidas, la creación de centros integrados, en los que se impartan simultáneamente las tres modalidades de FP.
Además, se buscarán mecanismos de convalidación, hasta ahora inexistentes, entre la FP Reglada que se imparte en los centros educativos; la Ocupacional, destinada a los desempleados; y la Continua, orientada al reciclaje de los trabajadores en activo.
Con esta medida, el Gobierno andaluz establece las pautas para impulsar el nuevo modelo de FP, más dinámico y adaptado a las exigencias del marco europeo, con el objetivo principal de crear y mantener el empleo e incrementar la competitividad.
Una vez elaborado, el plan se debatirá en el seno del Consejo Andaluz de Formación Profesional, que este año preside el consejero de Educación y Ciencia, Manuel Pezzi.
El Consejo de Gobierno ha declarado bienes de interés cultural al Palacio de Villamanrique de la Condesa y el yacimiento malagueño del Cerro del Villar. Ambos inmuebles pasan a formar parte del Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz, lo que supone un mayor grado de protección y la aplicación de las medidas necesarias para su salvaguarda.
El Palacio de Villamanrique de la Condesa de París, ubicado en el término municipal de Villamanrique de la Condesa (Sevilla), también conocido como Palacio de Orleans, se declara en la categoría de monumento. Se consideran partes integrantes del mismo el edificio en sí como sus jardines, las construcciones auxiliares y todo el espacio abierto circundante.
Asimismo, se ha definido un entorno que quedará igualmente afectado por esta declaración, y que incluye zonas públicas y privadas hasta los límites acotados por las calles Sor María del Coro, Santa María Magdalena, Párroco Fernández Santiago, Cristobalina Béjar, Canónigo Bernal Zurita, Francisco Cabello, Concejo y Francisco Bedoya, y las plazas del Convento y de España.
El Palacio de Villamanrique es una de las muy abundantes muestras del impulso cultural dado por el mecenazgo de los duques de Montpensier, Antonio de Orleáns y María Luisa Fernanda de Borbón, en Sevilla y su provincia en la segunda mitad del siglo pasado. Este edificio, refugio de los duques para las temporadas de caza, destaca por sus valores artísticos y arquitectónicos, donde se mezclan elementos autóctonos y foráneos, con una concepción decorativa de influencia francesa.
Además, resaltan los valores paisajísticos de sus amplias zonas verdes, jardines tradicionales andaluces muy similares, por su estética romántica, a los de la residencia de esta misma familia en Sevilla: el Palacio de San Telmo. En ellos se encuentra un elemento arquitectónico destacado, el claustrillo de un antiguo convento franciscano, así como los restos de unos molinos del siglo XVI.
Cerro del Villar
Por lo que respecta a la declaración del yacimiento del Cerro del Villar, ésta se realiza con categoría de zona arqueológica. A través de las excavaciones realizadas en este paraje se ha podido demostrar que los restos encontrados en la desembocadura del río Guadalhorce, en Málaga, corresponden a una importante ciudad fenicia fundada en el siglo VIII antes de Cristo y abandonada a mediados del siglo VI a causa de las inundaciones.
Este yacimiento excede a los restantes centros fenicios de la Andalucía mediterránea, y presenta un trazado urbanístico complejo y desarrollado de importancia excepcional, hasta tal punto que puede constituirse, en el futuro, como la única ciudad fenicia visitable en toda su extensión en el extremo occidental del Mediterráneo.
El patrón urbanístico del conjunto se organiza mediante grandes viviendas separadas por patios y calles porticadas, donde se manifiesta la existencia de áreas de mercado, restos de posibles edificaciones portuarias, la probable presencia de una muralla y vestigios de un cinturón industrial rodeando el perímetro septentrional del asentamiento.
El Cerro del Villar servía de puerta de entrada hacia las tierras altas de Granada y la campiña cordobesa y sevillana, es decir, hacia Tartessos. Este asentamiento es uno de los accesos naturales más importantes de la costa malagueña hacia el interior, dominando el valle del Guadalhorce, principal arteria de comunicación entre la costa, la vega de Antequera y el Genil medio.
El Consejo de Gobierno ha aprobado la formulación de los Planes de Desarrollo Sostenible de los Parques Naturales Los Alcornocales (Cádiz-Málaga) y Sierra Mágina (Jaén), que tendrán la consideración de Planes de Desarrollo Integral según prevé la ley 2/89, de Inventario de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía.
Esta figura de planificación tiene como objetivo la dinamización de las estructuras socioeconómicas de las comarcas en la que se localizan los parques naturales, salvaguardando la estabilidad ecológica y medioambiental. La formulación de dichos planes es una iniciativa de las Consejerías de Trabajo e Industria, Agricultura y Pesca, y Medio Ambiente, y ha sido aprobada previamente por el Comité de Acciones Integradas para el Desarrollo Sostenible.
El Consejo de Gobierno otorga al citado Comité un plazo de nueve meses para la elaboración de estos planes, a través de una ponencia interdepartamental, que deberá adecuarse a lo establecido en la ley 1/94 de Ordenación del Territorio.
El contenido de dichos planes deberá establecer, además, un diagnóstico de la situación socioeconómica y medioambiental del territorio, la formulación de los objetivos generales y específicos y la definición del modelo de desarrollo sostenible para ambas comarcas.
El procedimiento establecido pretende asegurar la participación de todos los sectores y municipios implicados, así como la coordinación de todas las consejerías y otras Administraciones Públicas.