| Andalucía, 16 de febrero de 1999 |
REFERENCIA DEL
CONSEJO DE GOBIERNO
En la mañana de hoy ha tenido lugar en el
Palacio de San Telmo la habitual reunión del Consejo de Gobierno
de la Junta de Andalucía, bajo la presidencia de su titular,
Manuel Chaves González.
El Consejo, que ha tenido carácter decisorio, ha adoptado, entre
otros, los siguientes acuerdos:
El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía ha aprobado el II Plan Andaluz de Salud (1999-2002), elaborado por la Consejería de Salud con los objetivos de consolidar los logros obtenidos en política sanitaria durante los últimos años, reforzar la equidad y promover una mayor implicación de los distintos sectores sociales.
Respecto al plan anterior, vigente entre 1993 y 1997, este nuevo documento establece como principales novedades la incorporación de la población inmigrante a los programas preventivos de salud y la creación de programas específicos para jóvenes, entre los que destacan los referidos a la sexualidad y a la prevención de accidentes de tráficos.
Asimismo, se refuerzan los programas destinados a otros colectivos que requieren especial atención, como los niños (vacunas, educación para la salud) y los ancianos (prevención de la hipertensión, enfermedades cardiovasculares, etc).
En cuanto a la asistencia sanitaria a los inmigrantes, la Consejería de Salud ha solicitado la colaboración de las principales ONGs dedicadas a este colectivo en Andalucía, con las que estudia la posibilidad de negociar convenios marco.
Entre otras estrategias recogidas en el II Plan Andaluz de Salud, destacan también las referidas a la prevención de la mortalidad prematura por causas evitables, como accidentes de tráfico o SIDA, y a la reducción de los problemas generados por enfermedades infecciosas y crónicas.
En terrenos como la salud laboral, la higiene alimenticia o el medio ambiente, el nuevo plan señala la mejora de la seguridad y la introducción de la calidad en los procesos productivos como dos prioridades para completar la acción inspectora.
Mejora de indicadores
El documento aprobado hoy por el Consejo de Gobierno parte los resultados obtenidos tras la evaluación del anterior Plan Andaluz de Salud (1993-1997). El alto grado de cumplimiento de los objetivos fijados en este primer plan (más del 90%) ha supuesto una mejora tanto de los indicadores de salud como de la asistencia sanitaria y de la prevención de enfermedades, además de hacer posible la planificación de los programas de promoción de la salud y el desarrollo de nuevos recursos asistenciales.
La mejora de los indicadores de salud se refleja en datos como la reducción de las tasas de mortalidad en un 13,46% entre 1991 y 1997 o la tendencia decreciente de las enfermedades infecciosas. Así, el número de casos de sarampión descendió de 85 casos por 1.000 habitantes en 1991 a los 15 de 1996, además de no existir ningún caso de poliomelitis desde 1988 ni de difteria desde 1981.
Por el contrario, durante los últimos años se ha producido un aumento en la prevalencia de las enfermedades crónicas e invalidantes, como consecuencia del envejecimiento de la población.
El II Plan Andaluz de Salud, en cuyo trabajo previo a la redacción ha participado técnicos de los diferentes departamentos de la Junta, representa un instrumento para que las administraciones públicas, los servicios sanitarios y los ciudadanos consoliden la mejora lograda en los indicadores de salud y asistencia sanitaria, partiendo de un concepto integrador de la protección de la salud.
El Consejo de Gobierno ha decretado hoy la declaración del yacimiento arqueológico de El Chuche, situado en Benahadux (Almería), como bien de interés cultural con categoría de zona arqueológica. El área incluida en la declaración comprende el cerro de El Paredón, el de Las Agüicas y el tramo intermedio entre ambos, sectores todos ellos de gran valor por los hallazgos realizados, que se remontan a la Edad del Cobre.
El cerro de El Paredón albergó en su día un importante asentamiento romano, a juzgar por sus dimensiones y por su estratégica situación de dominio sobre la vega del río Andarax. Este asentamiento se identifica con la ciudad iberorromana de Urci, citada en las fuentes clásicas. Hasta allí llegaba una conducción hidráulica de varios kilómetros de la que aún se conservan varios tramos, alguno de los cuales ha sido objeto de protección específica.
Tanto este cerro como las otras dos áreas que integran la zona arqueológica presentan una ocupación que va desde la Edad del Cobre hasta el período tardorromano. Fruto de esta constante presencia prehistórica e histórica, el lugar presenta una gran variedad y riqueza de estructuras y materiales. A pesar de las excavaciones ya realizadas, así como el desmonte y las obras del ferrocarril, el terreno se encuentra casi intacto y ofrece todas las posibilidades para la investigación.
El Chuche, identificado con la ceca ibérica de Urkesken y con la citada ciudad de Urci, es también uno de los pocos yacimientos de época ibérica plena que se conocen en las zonas próximas a la costa de Almería.
El Consejo de Gobierno ha autorizado, a propuesta de la consejera de Economía y Hacienda, la formalización de un préstamo con el Fondo de Desarrollo Social del Consejo de Europa por importe de hasta 8.000 millones de pesetas. Esta cantidad, equivalente a 48.080.968,35 euros, se destina a financiar proyectos para paliar los daños producidos por el vertido minero de Aznalcóllar (Sevilla).
La operación de financiación se llevará a cabo en pesetas, con un tipo de interés fijo o variable y en un plazo de 15 años con cinco de carencia. Su formalización viene avalada por la Ley 3/1998, de 3 de julio, de concesión de crédito extraordinario para financiar las actuaciones derivadas de la rotura de la balsa minera de Aznalcóllar. En su artículo 2, esta norma aprobada por el Parlamento de Andalucía autoriza al Consejo de Gobierno a establecer, previa propuesta del titular de la Consejería de Economía y Hacienda, operaciones de endeudamiento por un importe máximo de 8.000 millones de pesetas. Este préstamo con el Fondo de Desarrollo Social fue también autorizado por el Consejo de Ministros en su reunión del pasado 23 de diciembre.
El Consejo de Gobierno ha acordado imponer una sanción de 80 millones de pesetas a la Empresa Municipal de Aguas de Córdoba, S.A. (EMACSA), por infracción administrativa de carácter muy grave, al haber incumplido las disposiciones vigentes sobre precios en su facturación a los abonados de Córdoba y Cardeña.
De esta forma se resuelve el expediente sancionador iniciado por la Delegación Provincial de Trabajo e Industria, tras la denuncia presentada por la Unión de Consumidores de España en Andalucía ante la Dirección General de Comercio, Consumo y Cooperación Económica.
En los hechos probados se constata que, en el periodo comprendido entre el 1 de enero de 1998 y el 30 de abril del mismo año, EMACSA aplicó incorrectamente las tarifas correspondientes a la cuota de consumo. Estas tarifas fueron aprobadas por una orden del 29 de diciembre de 1997 de la Consejería de Economía y Hacienda.
El Consejo de Gobierno ha acordado el cierre definitivo de la residencia de mayores "San Bernardo", de Sevilla, y de un centro-vivienda tutelada de mayores en Mairena del Aljarafe (Sevilla).
Respecto a la residencia "San Bernardo", el Consejo de Gobierno ha acordado declarar a su titular, Fátima Ortega González, responsable de las infracciones, por lo que se la inhabilita definitivamente para el ejercicio de sus funciones. Además se le impone una multa de 415.620 pesetas por obstrucción a la acción de la inspección pública y otra de 831.240 por la falta de requisitos materiales y funcionales mínimos exigidos por la normativa vigente.
El expediente contra esta residencia se inició en 1998 cuando el inspector de Servicios Sociales recibió una llamada de fiscalía informándole de una actuación judicial en la misma. Una inspección realizada por Asuntos Sociales el 3 de julio de ese año determinó graves incumplimientos de la normativa, además de deficiencias como falta de control de los medicamentos y falta de personal sanitario acreditado. Todo ello motivó el cierre cautelar decretado por el Consejo de Gobierno el pasado 22 de septiembre.
En cuanto al centro-vivienda tutelada de Mairena del Aljarafe, además de decretar el cierre de la misma, el Consejo de Gobierno ha impuesto a su titular, María Luz Guerrero Díaz, una multa de 210.119 pesetas por obstrucción a los servicios de inspección y otra de 417.929 por falta de los requisitos materiales y funcionales mínimos.
El expediente contra este centro se inició el 20 de agosto de 1998 a raíz de una visita de inspección para comprobar si se había producido el cierre acordado con la propietaria en una anterior visita, realizada ante la deficiente situación que presentaba. Al inspector de Servicios Sociales le fue denegado el acceso a la primera planta, donde luego se comprobó que había dos ancianos residiendo. Posteriormente, el 24 de agosto el inspector confirmó en un informe las deficientes condiciones higiénicas y sanitarias del centro, así como el incumplimiento de la normativa. Finalmente, el consejero de Asuntos Sociales decretó su cierre cautelar, ratificado el pasado 10 de noviembre por el Consejo de Gobierno.