| Andalucía, 18 de septiembre de 2001 |
REFERENCIA DEL
CONSEJO DE GOBIERNO
Todos los andaluces que deban someterse a una operación quirúrgica tendrán garantizado un plazo máximo de 180 días para ser intervenidos en los hospitales públicos y concertados de la comunidad autónoma. En el caso de que se supere ese tiempo, los pacientes podrán escoger el centro privado al que deseen acudir con cargo a la sanidad pública andaluza. Así se establece en un decreto aprobado hoy por el Consejo de Gobierno, que convierte a la Consejería de Salud de la Junta en la primera administración sanitaria de carácter universal y gratuito que regula este derecho.
La nueva norma fija el máximo de seis meses para que un paciente reciba respuesta quirúrgica por parte del Sistema Sanitario Público Andaluz salvo en los casos de operaciones urgentes, que se practican de forma inmediata; intervenciones de extracción y trasplante de órganos, cuya realización depende de la disponibilidad de los mismos, y algunas intervenciones banales que no conllevan riesgos, discapacidad o dolor para el enfermo.
El único requisito para acceder a esta garantía es estar inscrito en un registro de demanda quirúrgica que será común para toda la comunidad autónoma, aunque su gestión se realizará de forma descentralizada en cada uno de los hospitales públicos y concertados.
El plazo de 180 días se contará a partir de la fecha de solicitud de inscripción en el registro, que deberá ir acompañada de la firma del facultativo que indicó la intervención y de la aceptación escrita del paciente. Desde ese momento, la Consejería de Salud habilitará los medios y recursos necesarios para garantizar que el paciente sea operado en los hospitales públicos andaluces o en centros concertados antes de seis meses. Además, pondrá a disposición de los ciudadanos información sobre los tiempos de espera quirúrgicos en los distintos centros, servicios y patologías.
Si se supera este tiempo sin haber recibido respuesta a su problema, el paciente podrá solicitar tratamiento quirúrgico en un centro sanitario privado y la Junta asumirá el coste derivado de su intervención. También abonará los gastos de desplazamiento y dieta de un acompañante, pago que se realizará de acuerdo con las tarifas oficiales.
Elección de centro
Para facilitar la elección de centro, la Junta entregará una relación de las instalaciones sanitarias privadas en las que el enfermo puede obtener respuesta quirúrgica y un documento que lo acredite ante el hospital elegido.
En relación con ello, e independientemente de lo establecido en la legislación sobre incompatibilidades del personal al servicio de las administraciones públicas, el decreto aprobado hoy establece una serie de cautelas adicionales para los médicos del Sistema Sanitario Público Andaluz que compaginan su actividad con el sector privado.
La pérdida del derecho a la garantía de tiempos máximos de respuesta quirúrgica sólo se producirá si un paciente inscrito en el registro se niega a ser intervenido en el centro público o concertado ofertado por la administración sanitaria, si retrasa voluntariamente su operación o si no se presenta a la cita correspondiente.
En aquellos casos en los que, según criterio facultativo y por circunstancias derivadas de problemas de salud o de patología sobreañadida, no fuese conveniente realizar la intervención quirúrgica prevista, el paciente no pierde su derecho, sino que el cómputo de plazo queda en suspenso y se retoma una vez que se hayan resuelto las incidencias.
Finalmente, el decreto incorpora una disposición que va a permitir a la Consejería de Salud fijar plazos inferiores a seis meses para procesos graves no considerados urgentes pero cuya demora pueda entrañar riesgo o empeoramiento de la evolución del paciente u ocasionarle un dolor invalidante, graves discapacidades o limitaciones funcionales importantes. Estos plazos inferiores se acordarán con las distintas sociedades científicas.
La norma entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, si bien se establece un periodo de doce meses para que los centros sanitarios andaluces adecuen su estructura organizativa con el fin de garantizar el total cumplimiento del derecho regulado.
El Consejo de Gobierno ha aprobado de hoy la declaración como Bienes de Interés Cultural, con la categoría de monumentos, el Convento de Caños Santos, en Olvera (Cádiz); el puente sobre el río Genil a su paso por Benamejí (Córdoba); el puente romano sobre el arroyo Pedroches y la Casa de las Campanas, en la ciudad de Córdoba, y las Casas Capitulares de Lora del Río (Sevilla).
Convento de Caños Santos
El Convento de Caños Santos se sitúa en el término municipal de Olvera, aunque su titularidad corresponde al Ayuntamiento de Alcalá del Valle. Construido en el siglo XVI, con intervenciones posteriores hasta el XVIII, el edificio consta de una iglesia y un claustro en torno a los cuales se organizan las restantes dependencias. Entre sus elementos de interés destaca la torre de la iglesia, de planta cuadrada en sus tres primeros cuerpos y octogonal en el campanario. Este cuerpo superior presenta una decoración de pilastras angulares y una combinación de vanos de medio punto y hornacinas que repite los esquemas de la fachada del edificio. El convento es un lugar de culto tradicional para las poblaciones de la zona de Olvera. En su entorno se encuentran los caños que le dieron nombre y la cueva donde, según la creencia popular, se apareció la Virgen.
Puente de Benamejí
El puente sobre el río Genil en Benamejí, obra del arquitecto Hernán Ruiz II, responde ejemplarmente a los cánones renacentistas de geometría, composición, proporciones y desnudez ornamental. Constituye además un testimonio del proceso de estructuración del territorio y establecimiento de nuevas vías de comunicación característico del siglo XVI en el sur de la Península Ibérica. A sus valores arquitectónicos e históricos se suma una localización de gran interés paisajístico.
Puente romano
El puente romano sobre el arroyo Pedroches está ubicado en el camino de la Casilla de los Ciegos al Marrubial, en el término municipal de Córdoba. Testimonio de la amplia red de comunicaciones del Imperio Romano y vinculado al cruce de una importante vía que probablemente comunicó las ciudades de Córdoba y Mérida, se trata de uno de los ocho puentes romanos con garantías de autenticidad que se hallan en el sur de España y, de entre éstos, uno de los que presentan un mejor estado de conservación.
Casa de las Campanas
La Casa de las Campanas de Córdoba, también conocida como Casa de las Siete Revueltas, es uno de los pocos ejemplos de vivienda mudéjar de estilo granadino que se conservan en esta ciudad. Construida probablemente en el siglo XIV, lo que actualmente se conserva de ella es una de las cabeceras de un palacio mudéjar de influencia nazarí, concretamente el cuerpo oriental, que debió ocupar toda la parcela hasta la calle. Consta de una planta baja, abierta al patio en un pórtico de tres arcos peraltados sobre columnas de piedra, y de una planta alta cegada. Su interior conserva la techumbre original.
Casas Capitulares
Las casas capitulares de Lora del Río constituyen un destacado exponente de los edificios barrocos de ese tipo construidos en el antiguo reino de Sevilla durante el florecimiento de la arquitectura civil en el reinado de Carlos III. El monumento se conserva en la actualidad prácticamente sin alteraciones, con su mismo uso y con el mismo papel relevante en el urbanismo de la localidad, como pieza básica de su plaza principal. Se compone de dos cuerpos básicos articulados en forma de ‘L’ y concentra su mayor interés en la fachada principal y en la portada, formada por un arco de medio punto flanqueado por columnas toscanas y contrapilastras.
El Consejo de Gobierno ha aprobado hoy una oferta de empleo público para ampliar el personal de la Consejería de Agricultura y Pesca destinado al control de la sanidad animal y al Plan Andaluz Coordinado contra la Encefalopatía Espongiforme Bovina (EEB).
En total, se convocarán 144 puestos de trabajo, de los que 64 corresponden a veterinarios, ingenieros agrónomos y otros titulados superiores y 80 a técnicos informáticos. Este personal se unirá al equipo que viene trabajando desde el pasado mes de enero en el desarrollo y seguimiento del plan, integrado, entre otros profesionales, por veterinarios de los servicios oficiales, técnicos de las oficinas comarcales agrarias, inspectores de calidad, técnicos de laboratorio y administrativos, además del personal de campo.
El Plan Andaluz Coordinado contra la EEB, en el que participan las consejerías de Agricultura y Pesca, Salud, Medio Ambiente y Gobernación, tiene como principales objetivos garantizar la máxima seguridad alimentaria de los consumidores, incrementar la calidad y fomentar la adecuada alimentación del ganado vacuno. Durante sus seis primeros meses de vigencia contó con un presupuesto de 3.160 millones de pesetas, de los que casi la mitad fueron aportados por la Junta de Andalucía y el resto cofinanciado por el Ministerio de Agricultura y la Unión Europea.
Para el segundo semestre de 2001 está prevista una inversión de 5.800 millones, financiada por la Junta en más del 75% (4.400 millones). Durante este periodo se reforzará el programa de vigilancia y control con el fin de extender los análisis a todas las reses mayores de 30 meses, duplicar la capacidad del Laboratorio de Córdoba y diseñar un servicio permanente de recogida y destrucción de cadáveres en el que participen los ganaderos y las instituciones locales.
El Consejo de Gobierno ha acordado hoy agilizar las obras de mejora de la seguridad vial en la travesía de Gerena (Sevilla). Para ello ha declarado la urgente ocupación de los bienes y derechos afectados por este proyecto, en el que la Consejería de Obras Públicas y Transportes invertirá 11 millones de pesetas.
Las obras previstas, incluidas en el Plan de Conservación y Seguridad Vial, consisten en la construcción de una glorieta para regular el tráfico en la intersección de las carreteras Gerena–Aznalcóllar y Gerena–N-630. También se habilitarán varios tramos de acera y pasos de peatones.
El Consejo de Gobierno ha acordado imponer una sanción de 15 millones de pesetas a la empresa Tableros del Sur S.A., ubicada en la provincia de Sevilla, por falta de ocupación efectiva de su plantilla debido al cese total de actividades, infracción tipificada como muy grave en el Estatuto de los Trabajadores.
Una inspección realizada el pasado mes de marzo constató que la totalidad de la plantilla, formada por 104 trabajadores, estaba parada y sin ocupación alguna, incluso después de que la Delegación Provincial de Empleo y Desarrollo Tecnológico en Sevilla hubiera denegado el expediente de regulación de empleo presentado por la empresa.