El Archivo Histórico Provincial es una institución cultural y administrativa abierta a la sociedad, como servicio público.
El Archivo recoge, conserva y pone a disposición de los ciudadanos los documentos producidos por la Administración pública en el ámbito dela provincia. Ellos suponen el testimonio de nuestra historia y de la sociedad, y sobre ellos descansa en buena medida nuestra identidad cultural. Por ello, el Archivo es el responsable de la conservación del Patrimonio Documental, que todos los ciudadanos tienen derecho a conocer y disfrutar.
El Archivo Histórico Provincial es una institución de la titularidad estatal y gestión autonómica, desde que ésta fuera transferida a la Junta de Andalucía. Por ello, forma parte tanto del Sistema de Archivos del Estado como del Sistema Andaluz de Archivos. Orgánicamente depende de la Consejería de Cultura, Dirección General de Instituciones del Patrimonio Histórico, y de su correspondiente Delegación Provincial.
El Archivo ofrece diversos servicios con el objetivo de poner a disposición de los ciudadanos y de sus necesidades el Patrimonio Documental de la provincia. En él existe una información de primera mano, necesaria para la investigación, el estudio, la cultura y la propia actividad de las personas en su relación con la Administración y con los demás ciudadanos.
En el Archivo se puede encontrar la documentación histórica, así como la administrativa con más de diez o quince años de antigüedad, producida por los órganos delegados y periféricos de la Administración del Estado y de la Comunidad Autónoma. Igualmente, se conservan en el Archivo los documentos emanados de otras instituciones públicas de la provincia -judiciales, notariales, educativas, sanitarias, etc.- y de aquellas privadas que por una causa u otra hayan llegado a depositarse en el mismo.
Con carácter general el acceso a la documentación es libre, aunque quedan excluidos de la consulta pública aquellos documentos que contengan datos cuyo acceso esté restringido por Ley.
Todo ciudadano puede acceder a los servicios del Archivo por cualquiera de las razones citadas, en uso de sus legítimos derechos.
La consulta de los documentos es pública y gratuita, según los pincipios democráticos del derecho de acceso a la cultura y de la trasparencia administrativa, consagrados en la Constitución española.