Los debates y las reflexiones surgidas entre los representantes de los Sistemas Archivísticos del Estado y de siete Comunidades Autónomas –Andalucía, Asturias, Canarias, Castilla-La Mancha, Castilla-León, Cataluña y Madrid- reunidos en el marco de las I Jornadas Archivísticas Andaluzas, han arrojado una serie de ideas, planteamientos y aspiraciones de cara al futuro inmediato de los archivos en el ámbito de las Administraciones Públicas, futuro del que en buena medida va a depender la gestión de la información documental en la Sociedad del Conocimiento, bajo unos pretendidos criterios de calidad orientados al servicio público.
 
La diversidad de modelos organizativos en materia de archivos que presentan las distintas Comunidades Autónomas, como fruto de su experiencia a lo largo de estos años, responde a la diversidad de situaciones y características sociales, institucionales y políticas de cada territorio, aunque todos aparecen fundamentados sobre unas situaciones comunes, unas problemáticas compartidas y unas tendencias similares, que permiten y hacen necesaria una toma de posición profesional, en su conjunto, ante los retos que se nos abren de manera inmediata.
 
Así, la puesta en común de las distintas experiencias reflejadas en el ámbito de las Jornadas nos permite ofrecer una serie de consideraciones -a modo de conclusiones de las mismas- que muestran las necesidades de la profesión, y de los propios archivos, ante las exigencias de la Administración contemporánea, de la modernización de sus servicios, y de las demandas de la sociedad de la información.

En relación con los profesionales: 

• Es necesaria la dignificación del papel del archivero como profesional de la Administración Pública, y como gestor de la información administrativa y del Patrimonio Documental. Ello supone la debida consideración administrativa y laboral, con plazas acordes a su especialización profesional, y en igualdad de condiciones administrativas y retributivas a otros cuerpos especiales de la Administración.
• Es necesaria la creación de cuerpos de archiveros propios de las Administraciones Autonómicas, que confieran identidad profesional a sus miembros y coherencia laboral a su actividad pública.
• Es necesaria la adecuada dotación de plazas de archiveros en los archivos públicos, que puedan dar respuesta a las crecientes demandas de información -tanto de la ciudadanía como de los propios servicios administrativos- con eficacia y garantía, y en consonancia con el creciente nivel de especialización que marca la progresiva incorporación de las nuevas tecnologías de la información.
• Es necesaria la corresponsabilidad del archivero y del gestor administrativo en la gestión documental, desde la misma producción de los documentos, y en el propio diseño de los procedimientos que regulan su expedición.
• Es necesaria la comunicación entre los profesionales de las distintas Administraciones Públicas para el intercambio de información y de experiencias, que redunde en beneficio de la comunidad archivística y de la eficacia de los archivos. 

En relación con los archivos:

• Es necesaria la debida consideración institucional y administrativa del papel de los archivos, que los haga visibles en el ámbito de las Administraciones Públicas, y que les permita reclamar y asumir su protagonismo y competencias dentro de ellas.
• Es necesario que los archivos sigan prestando un servicio transversal a toda la Administración, en su conjunto, con independencia de su adscripción orgánica, para una gestión documental integral de los documentos de la Organización.
• Es necesario un cuestionamiento del emplazamiento orgánico de los archivos dentro de la Administración, buscando una dependencia que facilite su visibilización administrativa, su eficacia funcional y su adecuada dotación. Dentro de determinadas estructuras orgánicas, los archivos no tienen capacidad para poder competir en términos políticos, sociales o meramente cuantitativos con otras instituciones o entidades de mayor proyección pública o institucional encuadradas dentro de la misma estructura, lo que provoca que los archivos no gocen de la necesaria atención por parte de los cargos de dirección.
• Es necesaria la consideración del aumento del rango del órgano directivo del que dependen los archivos, que debe servir para aumentar la visibilidad institucional de los mismos y de su labor administrativa, así como para mejorar su posición en sus relaciones con los demás órganos de la Administración.   

 Sevilla, 30 de octubre de 2007